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Colombia
09.03.21
Intervenciones urgentes

Colombia: Amenazas de muerte contra el abogado Sebastián Felipe Escobar Uribe

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

COL 001 / 0321 / OBS 030
Amenazas de muerte
Colombia
9 de marzo de 2021


        El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Colombia.

        Descripción de la situación:

        El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre las amenazas de muerte en contra de Sebastián Felipe Escobar Uribe, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y representante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de otros crímenes de Estado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[1].

        El 22 de febrero de 2021, a las 7:30 de la noche, Sebastián Felipe Escobar Uribe recibió en su teléfono celular una llamada de 33 segundos, en la cual un hombre desconocido le amenazó a él y a su representado Juan David Díaz Chamorro indicando: “dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo”.

        Juan David Díaz Chamorro es el hijo del que fue alcalde del municipio El Roble, departamento de Sucre, Eudaldo Díaz Salgado, desaparecido forzadamente y asesinado el 10 de abril de 2003. En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, y a su jefe político Álvaro García, a 40 años de prisión por el homicidio de Eudaldo Díaz Salgado. En diciembre de 2020, el Sr. Arana Sus presentó ante la JEP una propuesta de régimen de condicionalidad. En respuesta, el CAJAR presentó observaciones haciendo énfasis en que el compromiso claro, concreto y programado debe contribuir al esclarecimiento de la verdad en nivel superior a lo establecido en la justicia ordinaria, al tiempo que hizo un llamado para que fueran precisados los hechos que comprendía el reconocimiento, la identificación de los presuntos autores o partícipes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.

        El 11 de febrero de 2021, Juan David Díaz Chamorro fue aceptado como víctima por la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP, en respuesta a su solicitud en búsqueda de verdad y justicia.

        El Observatorio subraya que unos minutos antes de recibir las amenazas de muerte, Sebastián Felipe Escobar Uribe había sido notificado por correo electrónico de la resolución Nº 708 del 22 de febrero de 2021, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que entre otras determinaciones solicitaba la realización de ajustes al compareciente Salvador Arana Sus, respecto de su propuesta de régimen de condicionalidad, y ordenaba su comparecencia a una audiencia de contribución a la verdad a llevarse a cabo los días 11 y 12 de marzo de 2021. Anteriormente, los días 20 y 21 de febrero de 2021, Felipe Escobar Uribe había recibido llamadas perdidas desde el mismo número, lo que parecería evidenciar que las personas que profirieron las amenazas ya tenían conocimiento de la resolución judicial.

        El Observatorio recuerda que no es la primera vez que Sebastián Felipe Escobar Uribe es sometido a actos intimidatorios y amenazas por su trabajo como representante de víctimas ante la JEP. En mayo de 2020 a través de una publicación de la Revista Semana, se conoció que el Sr. Escobar Uribe, así como al menos otras 130 personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados y sindicalistas, fueron objeto de perfilamientos por parte de algunos batallones de las Fuerzas Militares colombianas, quienes habrían usado herramientas informáticas y software para recolectar de manera masiva información pública y privada sobre todos ellos.

        Ante estos hechos, el 28 de mayo de 2020, la JEP avocó el conocimiento de medidas cautelares en favor del Sr. Escobar Uribe y de varios representantes de víctimas, en tanto que “las presuntas actividades de vigilancia y seguimiento por parte de integrantes de la Fuerza Pública implican un riesgo grave y urgente en relación con la seguridad jurídica de las decisiones pendientes”[2] ante la JEP.

        Asimismo, el 15 de junio de 2020, un grupo de Relatorías Especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación por las presuntas actividades irregulares de inteligencia militar y solicitaron a las autoridades colombianas proporcionar información sobre estas alegaciones, así como sobre las medidas de prevención adoptadas[3].

        El Observatorio condena las amenazas de muerte en contra de Sebastián Felipe Escobar Uribe, y considera que están dirigidas a intimidarle y amedrentar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

        El Observatorio expresa grave preocupación ante la ausencia de garantías para las víctimas y representantes que participan en la JEP y hace un llamado a las autoridades de Colombia a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la participación segura de víctimas, representantes y organizaciones de derechos humanos.

        Asimismo, el Observatorio hace un llamado a la JEP a revisar sus protocolos de manejo de la información de los intervinientes y la notificación de sus decisiones.

        El Observatorio urge a las autoridades colombianas a asegurar la seguridad y la integridad física y psicológica de Sebastián Felipe Escobar Uribe, de su representado Juan David Díaz Chamorro, así como del conjunto de personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, y hace un llamado a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados.

        Acción solicitada:

        i. Garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Sebastián Felipe Escobar Uribe y de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia;

        ii.Solicitar a la Unidad de Protección (UNP) el fortalecimiento de las medidas de protección en favor de Sebastián Felipe Escobar Uribe, de los y las demás integrantes del CAJAR y de la víctima Juan Díaz Chamorro;

        iii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas en contra de Sebastián Felipe Escobar Uribe, para identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicar las sanciones penales y de otra naturaleza, previstas por la ley;

        iv. Garantizar a Sebastián Felipe Escobar Uribe y demás personas defensoras de derechos humanos, el acceso y participación en las actuaciones penales y disciplinarias que se adelantan por hechos de vigilancia y perfilamientos por parte del Ejército Nacional que se dieron a conocer en 2020.

        v. Poner fin a todo tipo de amenazas, atentados y actos de hostigamiento, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, incluido a Sebastián Felipe Escobar Uribe.

        Direcciones:

        Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

        ***

        Ginebra-Paris, 9 de marzo de 2021

        Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

        El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

        Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:


        [1] FIDH. (25 de febrero 2021). Colombia: La JEP, las víctimas y organizaciones deben contar con plenas garantías para la búsqueda de la verdad. Disponible en https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-la-jep-las-victimas-y-organizaciones-deben-contar-con-plenas

        [2] Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto que avoca conocimiento de las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, abogados en ejercicio y representantes de víctimas dentro de las cuales están: particularmente: Reinaldo Villalba Vargas, Soraya Gutiérrez Argüello, Sebastián Felipe Escobar Uribe, integrantes del CAJAR, 28 de mayo de 2020. Ver aquí el communicado de la JEP.

        [3] Respuesta del Estado colombiano al cuestionario conjunto de Relatores Especiales de las Naciones Unidas y de la CIDH, disponible aquí.

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