Colombia
29.04.05
Intervenciones urgentes
Colombia: Ejecución extrajudicial de 12 jóvenes y desaparición forzada de otros 12 en Buenaventura
Caso COL 290405.COL 290405.CC
DERECHOS DEL NIÑO
Tortura/ Ejecución extrajudicial / Desaparición forzada /Amenazas/ Detenciones arbitrarias
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre la ejecución extrajudicial de 12 jóvenes, entre ellos 4 menores de edad, la desaparición forzada de otros 12 jóvenes y otras graves de violaciones de derechos humanos infligidas a los habitantes del municipio de Buenaventura, y de la Región del Bajo Calima en el Departamento de Valle del Cauca entre las que se destacan amenazas, detenciones arbitrarias, y malos tratos.
De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el 19 de abril de 2005 hacia las 2h00 de la tarde, un hombre que se transportaba en una motocicleta recorrió los Barrios Punta del Este, Santa Cruz y Palo Seco, pertenecientes a la conocida como Comuna 5, de Buenaventura, y reunió a 24 jóvenes de estos barrios, supuestamente para ir a jugar un partido de fútbol en Puerto Dagua por el cual les iban a pagar 200 mil pesos (aproximadamente 92 dólares) al equipo que ganara. Según las informaciones, las edades de los jóvenes reunidos oscilan entre los 15 y 22 años, y en su mayoría trabajaban como “coteros” (personas que cargan bultos, generalmente en las bodegas) mientras que, en los ratos libres, jugaban al fútbol.
De acuerdo con las informaciones, dos días después, el 21 de abril, fueron encontrados los cuerpos de 12 de estos jóvenes, quienes habían sido violentamente masacrados. Según las informaciones, los cuerpos presentaban claras huellas de tortura, estaban amordazados, algunos fueron rociados con ácido, a algunos les sacaron los ojos y les dieron un tiro de gracia. Según las informaciones los cadáveres fueron encontrados en la Comuna 12, Barrio el Triunfo, Vereda las Vegas, que está localizada a 5 kilómetros del aeropuerto de Buenaventura, el cual permanece vigilado por miembros de la Infantería de Marina del Ejército Nacional. Según las denuncias los otros 12 jóvenes que fueron reunidos y llevados supuestamente para jugar al fútbol, permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.
De acuerdo con las informaciones, anteriormente, el 5 de abril de 2005 se había realizado una marcha de los pobladores de estos barrios, para pedir la construcción de un puente peatonal. Según las informaciones, en esa ocasión los manifestantes fueron golpeados por miembros de la policía antimotines, quienes además tomaron fotos y filmaron a la comunidad. Las informaciones destacan que varios de los jóvenes que ahora aparecieron asesinados, habían participado en la mencionada marcha. Los nombres de los jóvenes asesinados son: Javier Borja, de 15 años de edad; Concepción Rentería Valencia, de 16 años de edad; Carlos Arbey Valencia, de 17 años de edad; Pedro Paulo Valencia Aramburo, de 17 años de edad; Rubén Darío Valencia Aramburo, de 18 años; Pedro Luis Aramburo Cangá, de 18 años; Alberto Valencia, de 18 años; Mario Valencia, de 19 años; Víctor Alfonso Angulo, de 20 años; Leonardo Salcedo García, de 20 años; Iver Valencia, de 21 años, y, Jhon Jairo Rodallegas (cuya edad no se conoce hasta el momento).
Las informaciones señalan con preocupación que cuatro de los jóvenes asesinados forman parte de la familia Aramburo-García, sobrinos del Sr. Jorge Isaac Aramburo García, líder del Consejo Comunitario del río Yurumanguí, cuya familia ha venido siendo víctima de asesinatos y hostigada de manera sistemática, por lo cual recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando protección, ante la aparente falta de protección por parte del Estado colombiano. Estos hechos de exterminio familiar han venido presentándose desde el año 2000 cuando fueron asesinados 5 personas en el Barrio las Palmas, casco urbano de Buenaventura. Desde ese tiempo para acá han sido asesinadas nueve (9) personas, una (1) fue desaparecida (ver Llamado Urgente Observatorio COL 008 /0504 /OBS 038, enviado el 25 de mayo de 2004), y otra (1) fue encarcelada.
Además, de acuerdo con las informaciones, en otro hecho que ha conmocionado a la comunidad afrocolombiana, el 16 de abril de 2005, hacia las 4 de la tarde, llegaron a pie a la Vereda de San Isidro, ubicada en la región conocida como Calima (por el nombre del río), en el departamento del Valle, miembros de las fuerzas militares y de policía, de la infantería de marina del ejército, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la fiscalía, acompañados de tres personas encapuchadas que hacían las veces de informantes, y procedieron a convocar a los habitantes al polideportivo. Según las informaciones, cuando la comunidad ya estaba en el sitio, llegó un helicóptero que traía más miembros del ejército. Según las informaciones, durante el operativo interrogaron a la población sobre el paradero de la insurgencia (guerrilla) y según las denuncias, la misma fuerza pública amenazó a los niños, diciéndoles “que si no daban información del paradero de la insurgencia les cortaban las manos”. Sin embargo, debido a la solicitud de la comunidad dejaron ir a los niños y a las mujeres.
Según las informaciones, en esa ocasión fueron detenidas las siguientes personas, algunas de las cuales ya fueron dejadas en libertad: Eliécer Moreno, de 17 años de edad (liberado después); Patricio Ballesteros de 17 años (liberado después); Harold Rivas de 21 años; Diógenes Gonzáles de 24 años; Berlín Gonzáles de 28 años; Benigno Velasco de 45 años (de profesión maderero y tendero); Jesús Lizalda de 48 años y, Ramiro Valencia (cuya edad no se conoce hasta el momento).
Contexto de la situación:
De acuerdo con las informaciones, en lo que ha transcurrido del año 2005, en Buenaventura, han sucedido varios hechos graves de violación de los derechos humanos, entre los cuales se han denunciado los siguientes (Los nombres de las víctimas no han sido proporcionados):
a. En el mes de febrero fueron ejecutadas 5 personas en la autopista Simón Bolívar en la entrada al Barrio el Cristal. Estas personas fueron acribilladas a tiros por sujetos que se movilizaban en motocicletas. Se destaca que a solo una cuadra del lugar de los hechos se encuentra un Comando de la Policía.
b. Ese mismo mes fueron ejecutadas por desconocidos, 4 personas en el barrio el Lleras (Comuna 4).
c. En marzo fueron ejecutadas 3 personas y 4 resultaron heridas por desconocidos que se movilizaron en lancha y que portaban armas de largo alcance.
d. En el mes de marzo, a pocos días de la anterior masacre, en el Barrio “La Playita” asesinaron a 2 personas, una de las cuales falleció en el hospital.
e. El 22 de abril hacia la 1h00 de la tarde, en la zona baja del Barrio El Firme, en la calle Piedras Cantan, estalló un petardo que causó la muerte de un niño de 5 años de edad e hirió a 6 adultos y a otros 7 niños.
De acuerdo con las denuncias, muchos habitantes de Buenaventura han visto reunidos a miembros de la Fuerza Pública con reconocidos Paramilitares, situación que preocupa mucho a la comunidad, ya que además, los grupos armados legales e ilegales, que operan en el municipio, han incrementado su accionar deteniendo indiscriminadamente a personas decentes y respetables de la misma.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de este nuevo hecho de extrema violencia, y recuerda que, en las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre Colombia. 16/10/2000. (CRC/C/15/Add.137): “El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga tomando medidas eficaces para proteger a los niños contra los efectos negativos del conflicto armado.” y que además, Colombia firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.» y bajo el Artículo 38, Párrafo 4), que: « De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.»
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la vida y la integridad física y psicológica de los habitantes de Buenaventura y de los territorios afrocolombianos e indígenas, lo que es una muestra de la etnización de la guerra, por la afectación desproporcionada a los grupos minoritarios, que requerirían medidas especiales de protección por parte del Estado. En el caso particular de Buenaventura uno de los sectores poblacionales que está siendo abiertamente agredido son los jóvenes afrodescendientes, víctimas de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, amenazas y limpieza social, entre otras violaciones.
La OMCT manifiesta que estos crímenes atroces contradicen totalmente los compromisos firmados por el gobierno como son el respeto de la población civil, evitando su exterminio, el cual se realiza, entre otros, a través de amenazas, bloqueos, torturas, malos tratos, combates y bombardeos indiscriminados, en una clara violación del principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para encontrar el paradero de las personas desaparecidas en los hechos arriba mencionados y garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, así como la de todos los miembros de las familias de las víctimas arriba mencionadas;
ii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de personal civil, en torno los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar de manera imparcial a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. tomar las medidas necesarias para que se cumplan las obligaciones relacionadas con la protección y respeto de los líderes de las Comunidades de Afrocolombianos que el país ha adquirido internacionalmente en especial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual otorgó medidas cautelares a favor del Sr. Jorge Isaac Aramburo García, solicitándole al Gobierno de Colombia que adoptara medidas para proteger la vida y la integridad física del líder comunitario y de su familia;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones:
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 29 de abril de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
DERECHOS DEL NIÑO
Tortura/ Ejecución extrajudicial / Desaparición forzada /Amenazas/ Detenciones arbitrarias
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre la ejecución extrajudicial de 12 jóvenes, entre ellos 4 menores de edad, la desaparición forzada de otros 12 jóvenes y otras graves de violaciones de derechos humanos infligidas a los habitantes del municipio de Buenaventura, y de la Región del Bajo Calima en el Departamento de Valle del Cauca entre las que se destacan amenazas, detenciones arbitrarias, y malos tratos.
De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el 19 de abril de 2005 hacia las 2h00 de la tarde, un hombre que se transportaba en una motocicleta recorrió los Barrios Punta del Este, Santa Cruz y Palo Seco, pertenecientes a la conocida como Comuna 5, de Buenaventura, y reunió a 24 jóvenes de estos barrios, supuestamente para ir a jugar un partido de fútbol en Puerto Dagua por el cual les iban a pagar 200 mil pesos (aproximadamente 92 dólares) al equipo que ganara. Según las informaciones, las edades de los jóvenes reunidos oscilan entre los 15 y 22 años, y en su mayoría trabajaban como “coteros” (personas que cargan bultos, generalmente en las bodegas) mientras que, en los ratos libres, jugaban al fútbol.
De acuerdo con las informaciones, dos días después, el 21 de abril, fueron encontrados los cuerpos de 12 de estos jóvenes, quienes habían sido violentamente masacrados. Según las informaciones, los cuerpos presentaban claras huellas de tortura, estaban amordazados, algunos fueron rociados con ácido, a algunos les sacaron los ojos y les dieron un tiro de gracia. Según las informaciones los cadáveres fueron encontrados en la Comuna 12, Barrio el Triunfo, Vereda las Vegas, que está localizada a 5 kilómetros del aeropuerto de Buenaventura, el cual permanece vigilado por miembros de la Infantería de Marina del Ejército Nacional. Según las denuncias los otros 12 jóvenes que fueron reunidos y llevados supuestamente para jugar al fútbol, permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.
De acuerdo con las informaciones, anteriormente, el 5 de abril de 2005 se había realizado una marcha de los pobladores de estos barrios, para pedir la construcción de un puente peatonal. Según las informaciones, en esa ocasión los manifestantes fueron golpeados por miembros de la policía antimotines, quienes además tomaron fotos y filmaron a la comunidad. Las informaciones destacan que varios de los jóvenes que ahora aparecieron asesinados, habían participado en la mencionada marcha. Los nombres de los jóvenes asesinados son: Javier Borja, de 15 años de edad; Concepción Rentería Valencia, de 16 años de edad; Carlos Arbey Valencia, de 17 años de edad; Pedro Paulo Valencia Aramburo, de 17 años de edad; Rubén Darío Valencia Aramburo, de 18 años; Pedro Luis Aramburo Cangá, de 18 años; Alberto Valencia, de 18 años; Mario Valencia, de 19 años; Víctor Alfonso Angulo, de 20 años; Leonardo Salcedo García, de 20 años; Iver Valencia, de 21 años, y, Jhon Jairo Rodallegas (cuya edad no se conoce hasta el momento).
Las informaciones señalan con preocupación que cuatro de los jóvenes asesinados forman parte de la familia Aramburo-García, sobrinos del Sr. Jorge Isaac Aramburo García, líder del Consejo Comunitario del río Yurumanguí, cuya familia ha venido siendo víctima de asesinatos y hostigada de manera sistemática, por lo cual recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando protección, ante la aparente falta de protección por parte del Estado colombiano. Estos hechos de exterminio familiar han venido presentándose desde el año 2000 cuando fueron asesinados 5 personas en el Barrio las Palmas, casco urbano de Buenaventura. Desde ese tiempo para acá han sido asesinadas nueve (9) personas, una (1) fue desaparecida (ver Llamado Urgente Observatorio COL 008 /0504 /OBS 038, enviado el 25 de mayo de 2004), y otra (1) fue encarcelada.
Además, de acuerdo con las informaciones, en otro hecho que ha conmocionado a la comunidad afrocolombiana, el 16 de abril de 2005, hacia las 4 de la tarde, llegaron a pie a la Vereda de San Isidro, ubicada en la región conocida como Calima (por el nombre del río), en el departamento del Valle, miembros de las fuerzas militares y de policía, de la infantería de marina del ejército, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la fiscalía, acompañados de tres personas encapuchadas que hacían las veces de informantes, y procedieron a convocar a los habitantes al polideportivo. Según las informaciones, cuando la comunidad ya estaba en el sitio, llegó un helicóptero que traía más miembros del ejército. Según las informaciones, durante el operativo interrogaron a la población sobre el paradero de la insurgencia (guerrilla) y según las denuncias, la misma fuerza pública amenazó a los niños, diciéndoles “que si no daban información del paradero de la insurgencia les cortaban las manos”. Sin embargo, debido a la solicitud de la comunidad dejaron ir a los niños y a las mujeres.
Según las informaciones, en esa ocasión fueron detenidas las siguientes personas, algunas de las cuales ya fueron dejadas en libertad: Eliécer Moreno, de 17 años de edad (liberado después); Patricio Ballesteros de 17 años (liberado después); Harold Rivas de 21 años; Diógenes Gonzáles de 24 años; Berlín Gonzáles de 28 años; Benigno Velasco de 45 años (de profesión maderero y tendero); Jesús Lizalda de 48 años y, Ramiro Valencia (cuya edad no se conoce hasta el momento).
Contexto de la situación:
De acuerdo con las informaciones, en lo que ha transcurrido del año 2005, en Buenaventura, han sucedido varios hechos graves de violación de los derechos humanos, entre los cuales se han denunciado los siguientes (Los nombres de las víctimas no han sido proporcionados):
a. En el mes de febrero fueron ejecutadas 5 personas en la autopista Simón Bolívar en la entrada al Barrio el Cristal. Estas personas fueron acribilladas a tiros por sujetos que se movilizaban en motocicletas. Se destaca que a solo una cuadra del lugar de los hechos se encuentra un Comando de la Policía.
b. Ese mismo mes fueron ejecutadas por desconocidos, 4 personas en el barrio el Lleras (Comuna 4).
c. En marzo fueron ejecutadas 3 personas y 4 resultaron heridas por desconocidos que se movilizaron en lancha y que portaban armas de largo alcance.
d. En el mes de marzo, a pocos días de la anterior masacre, en el Barrio “La Playita” asesinaron a 2 personas, una de las cuales falleció en el hospital.
e. El 22 de abril hacia la 1h00 de la tarde, en la zona baja del Barrio El Firme, en la calle Piedras Cantan, estalló un petardo que causó la muerte de un niño de 5 años de edad e hirió a 6 adultos y a otros 7 niños.
De acuerdo con las denuncias, muchos habitantes de Buenaventura han visto reunidos a miembros de la Fuerza Pública con reconocidos Paramilitares, situación que preocupa mucho a la comunidad, ya que además, los grupos armados legales e ilegales, que operan en el municipio, han incrementado su accionar deteniendo indiscriminadamente a personas decentes y respetables de la misma.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de este nuevo hecho de extrema violencia, y recuerda que, en las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre Colombia. 16/10/2000. (CRC/C/15/Add.137): “El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga tomando medidas eficaces para proteger a los niños contra los efectos negativos del conflicto armado.” y que además, Colombia firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.» y bajo el Artículo 38, Párrafo 4), que: « De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.»
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la vida y la integridad física y psicológica de los habitantes de Buenaventura y de los territorios afrocolombianos e indígenas, lo que es una muestra de la etnización de la guerra, por la afectación desproporcionada a los grupos minoritarios, que requerirían medidas especiales de protección por parte del Estado. En el caso particular de Buenaventura uno de los sectores poblacionales que está siendo abiertamente agredido son los jóvenes afrodescendientes, víctimas de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, amenazas y limpieza social, entre otras violaciones.
La OMCT manifiesta que estos crímenes atroces contradicen totalmente los compromisos firmados por el gobierno como son el respeto de la población civil, evitando su exterminio, el cual se realiza, entre otros, a través de amenazas, bloqueos, torturas, malos tratos, combates y bombardeos indiscriminados, en una clara violación del principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para encontrar el paradero de las personas desaparecidas en los hechos arriba mencionados y garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, así como la de todos los miembros de las familias de las víctimas arriba mencionadas;
ii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de personal civil, en torno los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar de manera imparcial a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. tomar las medidas necesarias para que se cumplan las obligaciones relacionadas con la protección y respeto de los líderes de las Comunidades de Afrocolombianos que el país ha adquirido internacionalmente en especial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual otorgó medidas cautelares a favor del Sr. Jorge Isaac Aramburo García, solicitándole al Gobierno de Colombia que adoptara medidas para proteger la vida y la integridad física del líder comunitario y de su familia;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier, 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá.Fax:+57.1.566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co;Vicepresidente:E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
- Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11 Fax : +57.1.337.46.67 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 29 de abril de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.