Colombia/Honduras: Organizaciones instan a los gobiernos a proteger a los y las activistas y a las comunidades amenazadas por grupos armados durante la pandemia de COVID-19
La situación de vulnerabilidad de defensores,defensoras y comunidades aumentó en el contexto de la pandemia, al encontrarque los ataques por parte de grupos armados no respetan las medidas deaislamiento social obligatorio y, por el contrario, han aprovechado lasituación para movilizarse ilegalmente por los territorios y atacar a las y losdefensores. Es por ese motivo que 116 organizaciones de Honduras firmaron lacarta dirigida a su gobierno, mientras que 101 organizaciones colombianas sesumaron haciendo el mismo llamado a sus líderes.
“La pandemia de COVID-19 está intensificando lascrisis de derechos humanos en Honduras y Colombia”, dijo el director ejecutivode EarthRights, Ka Hsaw Wa. “Estos gobiernos están protegiendo sabiamente alpúblico con órdenes de aislamiento social. Pero estas mismas medidas hanintroducido nuevos riesgos para los defensores de derechos humanos que ahorason particularmente vulnerables a los grupos armados que intentan silenciarlos.Instamos a los gobiernos de Honduras y Colombia a defender los derechos humanosde estos defensores y defensoras durante esta crisis de salud pública”.
Colombia y Honduras son considerados como dos de lospaíses más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, elmedio ambiente y los derechos a la tierra. Si bien la Comisión Interamericanaotorgó medidas cautelares a los agricultores en el Bajo Aguan en 2014, el gobierno hondureño nolas ha cumplido adecuadamente. Más de 140 líderes campesinos en Honduras hansido asesinados desde el 2010.
Desde que se implementaron las normas aislamientosocial, 12 defensores y defensoras han sido asesinados en Colombia, y muchosotros han sido amenazados, hostigados o heridos por grupos armados ilegales enHonduras, especialmente por las fuerzas paramilitares asociadas con empresasextractivas. Unos 84 defensores y líderes sociales han sidoasesinados en Colombia desde el 1 de enero de este año.
Si bien las amenazas contra los defensores,defensoras, líderes y lideresas sociales se han denunciado a las autoridades deambos países, las medidas de protección no han garantizado su seguridad.
En Colombia, el gobierno no ha podido proporcionarvehículos blindados para los defensores, que son requeridos por las medidas deprotección, lo que les dificulta la movilización en caso de ataque. Así mismo,los líderes y lideresas afrodescendientes también informan que el proceso deimplementación de medidas de protección colectivas se ha estancado, exponiendoa las comunidades a una violencia severa.
El 28 de marzo, el Procurador General de la Nación deColombia instó a la Unidad de Protección Nacional del país a adoptar medidaspara garantizar la vida de los líderes sociales a medida que aumentaba lapandemia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estadosdeben continuar manteniendo los estándares internacionales de proteccióndurante la pandemia, considerando las nuevas formas en que el COVID-19 estáintensificando las amenazas hacia grupos vulnerables, como son las mujeres, lospueblos indígenas, las personas LGBTI, personas de ascendencia africana,defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
En Honduras, el Consejo de Ministros aprobó un DecretoEjecutivo el 11 de abril, que establece “medidas para garantizar la soberanía yseguridad alimentaria”. Al día siguiente, el presidente Juan Orlando Hernándezpresentó un plan para garantizar la seguridad alimentaria del país, pero elplan prioriza las operaciones de agronegocios, dejando poco apoyo para pequeñosproductores independientes o defensores de los derechos a la tierra, y tampocotoma en cuenta los mayores riesgos de seguridad impuestos por la pandemia.
Los defensores de la tierra y el agua de Guapinol enHonduras, que ya estaban en grave riesgo antes de la pandemia, informan unmayor riesgo de contagio de COVID-19 por estar detenidos en prisión a la esperade juicio por denunciar las operaciones mineras en sus comunidades. Alrespecto, integrantes del Parlamento Europeo denunciaron recientemente que estadetención preventiva “no tiene una justificación legal sólida” y constituye“hostigamiento judicial de los defensores en ausencia de pruebasincriminatorias claras contra ellos”.
En la misma línea, la Alta Comisionada de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el 25 de marzo de2020: “Ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas laspersonas detenidas sin una base legal suficiente, incluidos los presospolíticos y otros detenidos simplemente por expresar opiniones críticas odisidentes”.
La Comisión Interamericana ha recordado a los Estadosque las medidas de emergencia deben “adherirse a la observancia incondicionalde las normas interamericanas e internacionales sobre derechos humanos, que sonuniversales, interdependientes, indivisibles y transversales”.Específicamente,los Estados no pueden suspender los derechos “irrevocables” y deben “adoptar unenfoque intersectorial de derechos humanos en todas sus estrategias, políticasy medidas gubernamentales para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y susconsecuencias”.
La Comisión Interamericana también enfatiza que losestados deben considerar las formas diferenciales en que la pandemia impactaráa “grupos particularmente vulnerables”, entre ellos “defensores y defensoras dederechos humanos [y] líderes sociales”.
A la luz de las amenazas planteadas a los defensorespor el COVID-19, los grupos abajo firmantes piden a los gobiernos de Honduras yColombia que:
- Clasifiquen el trabajo de los mecanismos de protección doméstica como esenciales y aseguren que continúen funcionando a pesar de las medidas de aislamiento social.
- Aseguren que se cumpla con los esquemas de protección de acuerdo con las evaluaciones de riesgo oportunas y que se brinden todo el apoyo material necesario para garantizar la seguridad de los y las defensores, así como los pagos a los guardaespaldas asignados, los vehículos blindados y la gasolina.
- Reevalúen los esquemas de protección actuales para dar cuenta de los cambios en el panorama de riesgos provocados por medidas obligatorias de aislamiento social.
- Autoricen protocolos que permitan a los y las defensores continuar su trabajo esencial en el contexto de la pandemia, de acuerdo con la guía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Proporcionen a los beneficiarios, a sus guardaespaldas y a las guardias indígenas y cimarronas (cuando corresponda) equipos esenciales de protección personal (EPP), que incluyan máscaras, guantes, desinfectantes para manos y termómetros.
- Monitoreen la provisión de asistencia humanitaria y garanticen que a las personas y comunidades protegidas no se les niegue la ayuda alimentaria, el EPP y/o la atención médica debido a la estigmatización y la discriminación.
Para más información, lea las cartas al Sistemade Protección Nacional de Honduras y a la Unidadde Protección Nacional de Colombia.