Colombia
21.06.06
Intervenciones urgentes
Colombia: desalojo violento, varios heridos inclusive niños
COL 210606.ESCR/ COL 210606.CC
Derechos Económicos Sociales y Culturales / Derechos del Niño
Excesivo uso de la fuerza policial /detenciones /varios heridos inclusive niños /muerte de un bebé
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
De acuerdo con las informaciones, el 16 de junio 2006, hacia las tres de la madrugada, se llevó a cabo el procedimiento de desalojo. La fuerza pública constituida por carabineros, policías motorizados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, rodeó sorpresivamente a la comunidad representada por cerca de 1.200 familias, quienes se encontraban durmiendo en un asentamiento en donde viven desde hace cuatro meses, en el sector conocido como Siete Palos y Brisas del Bosque, cerca al Hospital “Isaías Duarte Cancino”, de la Comuna 15, en el Distrito de Aguablanca.
Según las informaciones, los habitantes del mencionado asentamiento fueron agredidos brutalmente y sacados a golpes de bolillos y puntapiés. Luego, la fuerza pública procedió a incendiar los ranchos, destrozando los escasos bienes de la comunidad arriba mencionada como: estufas, ropa, colchones, televisores, entre otras pertenencias, y se apropió además de los cilindros de combustibles utilizados para encender las estufas, entre otras pertenencias, por lo cual los habitantes han denunciado que durante el operativo policial perdieron todos sus ahorros y pertenencias.
Los miembros de la fuerza pública utilizaron tanquetas y maquinaria pesada para derribar las improvisadas viviendas y lanzaron gases lacrimógenos indiscriminadamente. Además, trataron a la población con palabras soeces y no respetaron ni a los niños ni a las mujeres en estado de embarazo. Aparte de eso, a la comunidad le arrebataron a los niños, según las denuncias, por la fuerza y, como afirman algunos padres de familia, sin su autorización y a través de engaños, se los llevaron para las oficinas de Bienestar Familiar. Hasta el momento no se han comunicado mayores informaciones sobre la situación de estos niños.
Por otra parte, se ha informado que el mismo día del desalojo, fueron llevados a urgencias médicas varios niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, el bebé, de seis meses de edad, de nombre Luis Ángel Riascos Cuero, falleció por efecto de los gases lacrimógenos, y, según denuncias sin confirmar hasta el momento, no se ha aclarado el hecho de si recibió la atención médica oportuna y adecuada, y/o, si la madre, en medio del desespero, regresó al asentamiento sin que el niño estuviera completamente recuperado. Por su parte, su hermanita de 2 años de edad, de nombre Karen Yanely Riascos Cuero, se encuentra hospitalizada con vómito y diarrea, a consecuencia de los gases lacrimógenos inhalados.
De acuerdo con las informaciones, otras de las personas que debieron recibir asistencia médica como consecuencia de las heridas recibidas por la violencia del desalojo fueron:
Como estos, son numerosos los casos de denuncias por los golpes y malos tratos propinados por la fuerza pública, como por ejemplo, los niños: Iduar Saldaño de 13 años, John Javier Estancio de 14 años, Jennifer Estancio de 12 años, Harold Gómez de 16 años, quienes fueron golpeados, maltratados e insultados, luego de que estos mismos niños, sus padres, abuelos, etc., presenciaran cómo los funcionarios de la Secretaría de Gobierno quemaban sus pertenencias, con la disculpa de "recuperar" un terreno que está predestinado a ser un parque ambiental.
Según las informaciones, la zona fue acordonada y se impidió el ingreso posterior de la comunidad, por lo cual esta se vio obligada a permanecer a la intemperie durante todo el día. Por esta misma razón, uno de los habitantes de la comunidad, el Sr. Norberto Amaya, permaneció varias horas dentro de un aljibe en donde se cayó al tratar de protegerse de la fuerza pública.
De acuerdo con las informaciones, a los medios de comunicación, las radios RCN y CARACOL, se les impidió cumplir su labor periodística al igual que a los defensores de derechos humanos que no pudieron ir a verificar la situación de varias personas que fueron detenidas, entre ellas los Sres. Francisco Asprilla, Carlos Narváez, Ernesto Perlaza y Cristino Rentería. Por otra parte, al joven Alberto Valencia, quien se encontraba filmando el desalojo y los atropellos, le quemaron la cámara. Entre otras lesiones personales y violación a la integridad física que los habitantes sufrieron, entre ellos un número sin determinar de niños, niñas, mujeres en embarazo y adultos mayores, fue la asfixia, así como contusiones en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo con las informaciones, una entidad conocida como Projunta de Vivienda ha gestionado acerca de la problemática de vivienda ante las instancias competentes y ha denuncia que sus peticiones nunca reciben respuestas. Un directivo de la Projunta (cuyo nombre no ha sido informado hasta el momento) fue detenido y su carpeta dónde había toda la documentación fue decomisada. También fueron dañados implementos de la labor comunitaria, un megáfono y la bandera nacional luciendo en una carretilla como símbolo de Paz.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que, hacia las 7 de la noche, cuando pudieron ingresar al lugar del desalojo miembros de la FCSPP y de la Asociación de Jóvenes “Asolibertad” se encontraron con un grupo de hombres que en nombre de la Secretaría de Gobierno Municipal estaban terminando de incinerar los "cambuches" (viviendas rudimentarias), muchos de ellos aún con pertenencias personales de las familias adentro. Estos “funcionarios”, respondieron a los reclamos de las ONG con palabras altisonantes como “ustedes no saben con quien se metieron”. Además según las denuncias, al parecer, el Secretario de Gobierno Municipal, el Sr. Miguel Yusti Márquez, se habría referido a la comunidad en los siguientes términos: “Maten todos esos hijueputas que nosotros compramos los ataúdes”.
La OMCT recuerda que el gobierno colombiano tiene el deber garantizar que toda operación policial, en particular los procedimientos de desalojo, respete las normas internacionales de derechos humanos especialmente los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y también expresa su preocupación en cuanto al hecho de que estas violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores sin sanción alguna.
i. tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad destechada arriba mencionada, en particular de las personas detenidas y/o heridas durante los hechos arriba denunciados, incluyendo una atención médica urgente, adecuada y gratuita para aquellos que lo requieran;
ii. llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los procedimientos desmedidos y el abuso de poder por parte de la fuerza pública, de los cuales han sido víctimas los miembros de la comunidad destechada arriba mencionada con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. ordenar la libertad inmediata de todas las personas detenidas en los hechos arriba denunciados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal justo, competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iv. dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 21 de junio de 2006
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
Derechos Económicos Sociales y Culturales / Derechos del Niño
Excesivo uso de la fuerza policial /detenciones /varios heridos inclusive niños /muerte de un bebé
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) del Valle del Cauca, sobre el excesivo uso de la fuerza policial utilizado durante el desalojo de una comunidad destechada de un asentamiento en el Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali (Departamento del Valle del Cauca).De acuerdo con las informaciones, el 16 de junio 2006, hacia las tres de la madrugada, se llevó a cabo el procedimiento de desalojo. La fuerza pública constituida por carabineros, policías motorizados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, rodeó sorpresivamente a la comunidad representada por cerca de 1.200 familias, quienes se encontraban durmiendo en un asentamiento en donde viven desde hace cuatro meses, en el sector conocido como Siete Palos y Brisas del Bosque, cerca al Hospital “Isaías Duarte Cancino”, de la Comuna 15, en el Distrito de Aguablanca.
Según las informaciones, los habitantes del mencionado asentamiento fueron agredidos brutalmente y sacados a golpes de bolillos y puntapiés. Luego, la fuerza pública procedió a incendiar los ranchos, destrozando los escasos bienes de la comunidad arriba mencionada como: estufas, ropa, colchones, televisores, entre otras pertenencias, y se apropió además de los cilindros de combustibles utilizados para encender las estufas, entre otras pertenencias, por lo cual los habitantes han denunciado que durante el operativo policial perdieron todos sus ahorros y pertenencias.
Los miembros de la fuerza pública utilizaron tanquetas y maquinaria pesada para derribar las improvisadas viviendas y lanzaron gases lacrimógenos indiscriminadamente. Además, trataron a la población con palabras soeces y no respetaron ni a los niños ni a las mujeres en estado de embarazo. Aparte de eso, a la comunidad le arrebataron a los niños, según las denuncias, por la fuerza y, como afirman algunos padres de familia, sin su autorización y a través de engaños, se los llevaron para las oficinas de Bienestar Familiar. Hasta el momento no se han comunicado mayores informaciones sobre la situación de estos niños.
Por otra parte, se ha informado que el mismo día del desalojo, fueron llevados a urgencias médicas varios niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, el bebé, de seis meses de edad, de nombre Luis Ángel Riascos Cuero, falleció por efecto de los gases lacrimógenos, y, según denuncias sin confirmar hasta el momento, no se ha aclarado el hecho de si recibió la atención médica oportuna y adecuada, y/o, si la madre, en medio del desespero, regresó al asentamiento sin que el niño estuviera completamente recuperado. Por su parte, su hermanita de 2 años de edad, de nombre Karen Yanely Riascos Cuero, se encuentra hospitalizada con vómito y diarrea, a consecuencia de los gases lacrimógenos inhalados.
De acuerdo con las informaciones, otras de las personas que debieron recibir asistencia médica como consecuencia de las heridas recibidas por la violencia del desalojo fueron:
- La Sra. Diana Calvo Quintero, de 25 años de edad, fue golpeada por los policías y , según las denuncias, fue lanzada al caño de aguas negras que recibe los desechos de la ciudad de Cali junto con su bebé, de 7 meses de edad, José Miguel Burbano Calvo. La Sra. Diana Calvo Quintero se encuentra en mal estado de salud y su bebé esta hospitalizado debido a una infección gastrointestinal, que coincidencialmente comenzó inmediatamente después de salir del caño de aguas negras.
- La niña Evelin Jael Rivas Rosales, de un año y medio de edad, recibió un severo golpe en su frente, cuando un agente del ESMAD intentó golpear violentamente a su madre quien llevaba a la niña cargada, siendo entonces la niña quien recibió el golpe quedando mal herida. La niña debió ser hospitalizada.
- La niña Deisy Johana Bonilla Escobar, de 16 años de edad, fue brutalmente golpeada por los miembros del ESMAD, sus manos quedaron despellejadas, la espalda y las piernas golpeadas. Por efectos de los golpes la niña perdió el conocimiento y los policías la lanzaron desmayada hacia la calle. Cuando su hermano Wilson Bonilla Escobar trató de defenderla, varios miembros del ESMAD, lo rodearon y lo golpearon dejándolo lastimado en los brazos y las piernas.
- Las niñas Luz Amparo Collazos, bebé de 3 meses de edad y Sarita Quiñónez, desde tempranas horas fueron llevadas por sus madres a recibir atención médica, debido a las consecuencias de los gases lacrimógenos. En medio de la confusión, hasta las 10 de la noche del día viernes 16 de junio no se sabía nada de ellas ni de sus madres.
Como estos, son numerosos los casos de denuncias por los golpes y malos tratos propinados por la fuerza pública, como por ejemplo, los niños: Iduar Saldaño de 13 años, John Javier Estancio de 14 años, Jennifer Estancio de 12 años, Harold Gómez de 16 años, quienes fueron golpeados, maltratados e insultados, luego de que estos mismos niños, sus padres, abuelos, etc., presenciaran cómo los funcionarios de la Secretaría de Gobierno quemaban sus pertenencias, con la disculpa de "recuperar" un terreno que está predestinado a ser un parque ambiental.
Según las informaciones, la zona fue acordonada y se impidió el ingreso posterior de la comunidad, por lo cual esta se vio obligada a permanecer a la intemperie durante todo el día. Por esta misma razón, uno de los habitantes de la comunidad, el Sr. Norberto Amaya, permaneció varias horas dentro de un aljibe en donde se cayó al tratar de protegerse de la fuerza pública.
De acuerdo con las informaciones, a los medios de comunicación, las radios RCN y CARACOL, se les impidió cumplir su labor periodística al igual que a los defensores de derechos humanos que no pudieron ir a verificar la situación de varias personas que fueron detenidas, entre ellas los Sres. Francisco Asprilla, Carlos Narváez, Ernesto Perlaza y Cristino Rentería. Por otra parte, al joven Alberto Valencia, quien se encontraba filmando el desalojo y los atropellos, le quemaron la cámara. Entre otras lesiones personales y violación a la integridad física que los habitantes sufrieron, entre ellos un número sin determinar de niños, niñas, mujeres en embarazo y adultos mayores, fue la asfixia, así como contusiones en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo con las informaciones, una entidad conocida como Projunta de Vivienda ha gestionado acerca de la problemática de vivienda ante las instancias competentes y ha denuncia que sus peticiones nunca reciben respuestas. Un directivo de la Projunta (cuyo nombre no ha sido informado hasta el momento) fue detenido y su carpeta dónde había toda la documentación fue decomisada. También fueron dañados implementos de la labor comunitaria, un megáfono y la bandera nacional luciendo en una carretilla como símbolo de Paz.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que, hacia las 7 de la noche, cuando pudieron ingresar al lugar del desalojo miembros de la FCSPP y de la Asociación de Jóvenes “Asolibertad” se encontraron con un grupo de hombres que en nombre de la Secretaría de Gobierno Municipal estaban terminando de incinerar los "cambuches" (viviendas rudimentarias), muchos de ellos aún con pertenencias personales de las familias adentro. Estos “funcionarios”, respondieron a los reclamos de las ONG con palabras altisonantes como “ustedes no saben con quien se metieron”. Además según las denuncias, al parecer, el Secretario de Gobierno Municipal, el Sr. Miguel Yusti Márquez, se habría referido a la comunidad en los siguientes términos: “Maten todos esos hijueputas que nosotros compramos los ataúdes”.
Contexto y antecedentes de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT señala con preocupación que no es la primera vez que se denuncia el excesivo uso de la fuerza por parte de miembros de la policía, en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD): ver Llamados Urgentes OMCT: COL 140306, muerto estudiante Oscar Salas; COL 060505/COL 060505.CC, muerto estudiante Nicolás Neira Alvarez; COL 290905, muerto estudiante Jhony Silva Aranguren; COL 111005, muerte de indígena Marcos Soto; COL 151105, muerte de indígena guambiano Belisario Camayo Guetoto.La OMCT recuerda que el gobierno colombiano tiene el deber garantizar que toda operación policial, en particular los procedimientos de desalojo, respete las normas internacionales de derechos humanos especialmente los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y también expresa su preocupación en cuanto al hecho de que estas violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores sin sanción alguna.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:i. tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad destechada arriba mencionada, en particular de las personas detenidas y/o heridas durante los hechos arriba denunciados, incluyendo una atención médica urgente, adecuada y gratuita para aquellos que lo requieran;
ii. llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los procedimientos desmedidos y el abuso de poder por parte de la fuerza pública, de los cuales han sido víctimas los miembros de la comunidad destechada arriba mencionada con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. ordenar la libertad inmediata de todas las personas detenidas en los hechos arriba denunciados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal justo, competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iv. dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier, 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 : auribe@presidencia.gov.co
- Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
- Francisco Santos, Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
- Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co
- Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
- Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co ; reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Camilo Ospina Bernal, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11 Fax : +57.1.337.46.67 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 21 de junio de 2006
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.