Masacre de mineros artesanales_Seria preocupación por seguridad de comunidades de Suárez_Cauca

Estimado Señor Presidente Uribe Vélez,

De manera muy atenta nos dirigimos a Usted desde la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la cual coordina la red SOS-Tortura, la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, con el fin de manifestarle nuestra seria preocupación por la masacre de ocho mineros artesanales, los Sres. José Yiber Ocoró Balanta, José Arnobio Mosquera, Wilfer Fernando Mosquera, Pablo Eleazar Ibarguen Mosquera, Macedonio Ibarguen Mosquera, Henry Ibarguen Mosquera, Peter Gómez Sánchez y Jeison Antonio Ibarguen Ramírez, y las graves heridas causadas a otra persona de nombre Deiver Mosquera, en hechos ocurridos el 7 de abril de 2010, en un lugar conocido como “Alto de Ovejas” del Corregimiento de La Toma, en el municipio de Suárez, Departamento del Cauca.

Por medio de la presente le solicitamos a Usted muy atentamente que ordene las instrucciones necesarias para que se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente, competente, exhaustiva e imparcial con el fin de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de estos graves hechos, que los resultados de la misma se hagan públicos y que les sean aplicadas a los culpables las sanciones previstas por la ley, con el fin de que estos graves hechos no queden en la impunidad y que se les garantice a las familias de las víctimas su derecho a una debida reparación.

La OMCT ha conocido denuncias en el sentido de que el ejército se habría llevado rápidamente los cadáveres del lugar de los hechos sin que el levantamiento legal de los mismos se hiciera en presencia de los organismos de control del estado, es decir sin cumplir con el procedimiento exhaustivo de que se requiere en un crimen de tal magnitud. Se ha informado que el ejército se habría llevado los cadáveres en helicópteros hacia la ciudad de Santander de Quilichao, Cauca.

Es importante señalar que según las mismas denuncias las empresas multinacionales Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Smurfit Kappa - Cartón de Colombia y Cosigo Resources tienen fuertes intereses económicos en la región en donde ocurrió la masacre por ser una zona rica en minerales preciosos y por ser un área estratégica para inversiones del sector energético[1].

En efecto, debido a su importancia para el capital extranjero, la zona en que ocurrió la masacre se encuentra custodiada por dos batallones de alta montaña del ejército regular colombiano y por un grupo de contraguerrilla de la Policía Nacional. Sin embargo, ninguno de estos grupos actuó para detener a los autores de la misma.

De acuerdo con las informaciones recibidas, las autoridades han declarado, por una parte, que la masacre fue el resultado de una pugna entre mineros artesanales, por otra parte, que el hecho fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, los pobladores del municipio de Suárez afirman que estas hipótesis únicamente tienen por objetivo desviar la investigación de los verdaderos culpables de los hechos y de los intereses que existen detrás.

Estimado Señor Presidente, desde la OMCT le manifestamos nuestra seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal de los mineros artesanales del municipio de Suárez[2], en particular de la persona que sobrevivió a la masacre y de las familias de todas las víctimas de la mismas, así como en general de todos los miembros de las poblaciones que pueden verse afectadas por los intereses económicos que tienen en la zona las grandes empresas, y por ello le solicita atentamente que sean tomadas de manera urgente las medidas de protección más adecuadas para garantizar las mismas.

Señor Presidente, confiando en su compromiso con los derechos humanos, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,

Eric SOTTAS
Secretario General
Organización Mundial Contra la Tortura
OMCT

Copias:

• Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. 17-19, Chemin du Champ d’Anier, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41 22 791 0787 E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Tel.: + 571 334 4507, + 573772 0130 E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co; ppdh@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 571 314 7300 + 571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co
• Sr. Guillermo Mendoza Diago (encargado), Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: + 571 570 2000 + 571 414 9000 Extensión 1113 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co
• Sr. Gabriel Silva Luján, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: + 571 222 1874 E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
• Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 # 15-80, Bogotá. Fax: + 571 342 97 23 + 571 284 7949. E-mail: cap@procuraduria.gov.co ; quejas@procuraduria.gov.co ; webmaster@procuraduria.gov.co
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: + 571 336 0311 FAX: + 571 337 4667 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
• Misión Diplomática en Bruselas, E-mail: rsalazar@emcolbru.org ; E-mail: colombia@emcolbru.org ; FAX: +322 646 5491

[1] Existe un proyecto de construcción de un túnel que permitiría el trasvase del río Ovejas hacía el embalse de La Salvajina, operado por la empresa EPSA SA ESP, recientemente adquirida por la empresa colombiana Colinversiones, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA.

[2] Según las informaciones, en el marco del Proceso Nacional de Garantías que adelantan diferentes sectores sociales con el gobierno nacional, el 5 de agosto de 2009 durante una Audiencia de Garantías en la que estuvieron presentes algunos delegados del Gobierno Nacional, entre ellos el Sr. Rafael Bustamante Pérez, del Proyecto de Prevención a Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos manifestaron su preocupación por la situación de los mineros de Suárez ante lo cual los delegados del gobierno habrían manifestado que tomarían nota del asunto.