Ejecución extrajudicial por parte de la policía del sobrino de la defensora Ruth Pérez

VEN 004 / 1119 / OBS 089

Ejecución extrajudicial / Allanamiento ilegal/

Actos de intimidación/ Amenazas/

Venezuela

7 de noviembre de 2019

El Observatorio para la Protección de losDefensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización MundialContra la Tortura (OMCT) y la FIDH, solicita su intervención urgente ante lasiguiente situación en Venezuela.

Descripción de la situación

El Observatorio ha recibido información delComité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989(COFAVIC) sobre los actos deintimidación contra la Sra. Ruth Noreika PérezChávez, lideresa social ycomunitaria y quien perteneció al Consejo Comunal[1]de la parroquia de Petare, ubicada enel Municipio Sucre del Estado Miranda, quien defiende derechos básicos como elderecho a la alimentación y el acceso al agua y a la luz. Igualmente, hadenunciado violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de la Policíaen su localidad.

Según la información recibida, el 1 de noviembre de 2019, aproximadamente a la 1 de la madrugada integrantes de las Fuerzas de AccionesEspeciales (FAES) adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)hicieron un allanamiento ilegal a la residencia de la Sra. Ruth Pérez y su familiaque se extendió durante varias horas. Durante el allanamiento los agentesamenazaron y golpearon a quienes se encontraban presentes y detuvieronarbitrariamente al joven Johander Javier Arai Pérez, sobrino de la Sra. RuthPérez. Luego de que los residentes escucharan varios disparos, el cuerpo del jovenJohander se encontró sin vida en la parte baja del edificio, lo que permitesuponer que se trataría de una ejecución extrajudicial a manos de los agentesde las FAES. Además, como consecuencia del operativo y de las amenazassufridas, la salud de la madre de la Sra. Ruth Pérez se vio seriamente afectadapor lo que tuvo que ser trasladada e ingresada en el hospital más cercano de lalocalidad.

Según la misma información, estos hechos hacenparte de un conjunto sistemático de agresiones y ataques, mediante frecuentesallanamientos ilegales, actos de intimidación yamenaza e incluso la ejecución extrajudicial de otros dos de sus familiares(ver antecedentes), situación que hamantenido a la Sra. Ruth Pérez y su familia en constante desplazamientointerno. Pese a las constantes denuncias realizadas ante el Ministerio Público,la Fiscalía General de la República y otras autoridades, ninguna de las instituciones ha tomado medidaalguna para garantizar su integridad física y psicológica.

El Observatorio recuerda que Venezuelaatraviesa una profunda crisis de seguridad, con dimensiones económicas,humanitarias y constitucionales en la que defensoras y defensores de derechoshumanos han sido objeto de detenciones arbitrarias, ataques y campañas deestigmatización y hostigamiento en su contra. El Observatorio recuerda asimismoque la práctica de ejecuciones extrajudiciales ha alcanzado niveles alarmantesen Venezuela y desde 2012 hasta el mes de junio de 2019 COFAVIC ha registradoun total de 9.960 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 3.684 han tenidolugar únicamente entre 2017 y 2018.

El Observatorio repudia enérgicamente lossistemáticos ataques en contra de la Sra. Ruth Pérez y, particularmente lareciente ejecución extrajudicial de su sobrino, y exige a las autoridadesvenezolanas que movilicen todos los medios necesarios para garantizar laintegridad física y psicológica de la Sra.Ruth Pérez y su familia, así como que pongan fin a todo tipo de hostigamiento en su contra.

Antecedentes

En fecha 11 de julio de 2018, fue asesinado el hermano de la Sra. RuthPérez, Sr. Jesse Gabriel Pérez Chávez, de 29 años de edad. Los hechosocurrieron luego de que una comisión de funcionarios de la PNB, algunos de elloscon identificación de las FAES, allanaran de manera violenta y sin ordenjudicial el edificio en donde reside la Sra. Ruth Pérez, Edificio “Juana LaAvanzadora”, ubicado en la Carretera Petare-Santa Lucía, Kilómetro 9, SectorZona Industrial-La Pista[2].

Eldía 3 de abril de 2019, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, un grupo de másde 30 funcionarios de la PNB, algunos de ellos identificados con las siglasFAES, encapuchados y con armas de alto calibre, allanaron nuevamente eledificio en donde reside la defensora, bajo el argumento de perseguir un delincuente.El grupo de funcionarios ingresaron al edificio y en su recorrido por los trespisos, rompieron cerraduras y puertas, e irrumpieron a los apartamentos sinorden judicial preguntando por la Sra. Ruth Pérez, señalándola de hacerdenuncias en su contra. A su paso golpearon a menores de edad, mujeres yadultos mayores, entre quienes se encontraban las hijas de la Sra. Ruth, suspadres, hermanos y sobrinos. La menor, Génesis Pérez Chávez, hija de la Sra.Ruth Pérez, fue obligada junto a otras mujeres a ingresar a una habitación endonde las hicieron desnudar y saltar repetidamente, manifestándoles que por ser“parejas de delincuentes”, tendríanentre sus zonas íntimas, elementos de carácter ilegal introducidos. Luegofueron encerradas en el mismo lugar, y 10 minutos más tarde, al permitirlessalir del lugar ya vestidas, las mujeres fueron fotografiadas[3].

El día 30 de mayo de 2019, aproximadamente a las 6 de la mañana, unacomisión de funcionarios de la PNB y las FAES, nuevamente allanaron el edificioen donde vive la Sra. Ruth, y en medio de amenazas y golpes a los residentes,se llevaron detenidos a tres jóvenes, dos de ellos sobrinos de la defensora yotro joven habitante del barrio. Las personas residentes en el edificio lecomunicaron a Sra. Ruth que durante el operativo preguntaron por ella yenseñaron un video de un medio de comunicación en el que la defensora habíadenunciado públicamente el asesinato de su hermano, ocurrido en julio de 2018.

Eldía 14 de agosto de 2019, aproximadamente a las 4 de la tarde, integrantes delas FAES, allanaron sin orden judicial el edificio en donde reside la Sra. RuthPérez, y detuvieron ilegalmente a su sobrino, el Sr. Jondry Pérez, de 18 añosde edad, quien posteriormente fue ejecutado extrajudicialmente en la parte externadel edificio. En este operativo ilegal, los hombres amenazaron nuevamente a ladefensora diciendo que: “vamos a matar atodos los miembros de tu familia y luego te vamos a matar a ti”. [4]

Acciónsolicitada:

Porfavor, escriban a las autoridades de Venezuela urgiéndolas a:

i. Adoptar de manerainmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física ypsicológica de la Sra. Ruth Pérez y su familia;

ii. Iniciar unainvestigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridoscontra la vida e integridad física y psicológica de la Sra. Ruth Pérez y su familia,con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competentee imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipode hostigamiento, en contra de la Sra. Ruth Pérez y su familia, y en general,en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela,así como tomar medidas efectivas para poner fin a la existencia de gruposciviles armados que actúan con la aquiescencia de las autoridades;

iv. Tomar medidas urgentes y contundentes para poner fin a lapráctica de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela;

v. Asegurar laaplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de losDerechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembrede 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;

v. Demanera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertadesfundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales dederechos humanos ratificadas por Venezuela.

Direcciones:

· Sr. Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela.Twitter: @NicolasMaduro.

· Sr. Tarek William Saab, Fiscal General de laRepública. E-mail: ministeriopublico@mp.gob.ve; Twitter:@tarekwilliamsaab

· Sr. Néstor Luis Reverol, Ministro del Interior, Justicia yPaz. E-mail: mijcudecon@gmail.com

· Dr. Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. E-mail: contacto@defensoria.gob.ve

· Sr. Jorge Valero, Embajador de la Misión Permanente deVenezuela ante la ONU en Ginebra. E-mail: mission.venezuela@ties.itu.int

· Sra. Claudia Salerno Caldera, Embajada de Venezuela enBruselas. E-mail: embve.bebrs@mppre.gob.ve

Por favor, escriban tambiéna las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 7 denoviembre de 2019

Agradecemos que nosinformen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamadoen su respuesta.

El Observatorio para laProtección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es unprograma creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) yla FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situacionesconcretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechoshumanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu,el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanosimplementado por sociedad civil internacional.

Para contactar alObservatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

● E-mail: Appeals@fidh-omct.org

● Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22809 49 29

● Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 4355 18 80

[1] Véase Artículo 2 dela Ley de los Consejos Comunales de la República Bolivariana de Venezuela: “Losconsejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa yprotagónica, son instancias de participación, articulación e integración entrelas diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos yciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestiónde las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidadesy aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidady justicia social”.

[2] La investigaciónsobre esta ejecución extrajudicial está a cargo de la Fiscalía CentésimoVigésimo Quinta con Competencia en Derechos Humanos.

[3] Este hecho fuedenunciado ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público y lainvestigación está a cargo de la Fiscalía Centésimo Vigésimo Séptima conCompetencia en Derechos Humanos.

[4] Estos hechos fuerondenunciados ante la Fiscalía General de la Republica, el 16 de agosto de 2019.