ECU 200109.2_ECU 200109.2.DESC_Preocupación por situación judicial de detenidos
Caso ECU 200109.2/ ECU 200109.2.DESC
CAMPAÑAS URGENTES/ DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES
Seguimiento de los Casos ECU 200109/ ECU 200109.DESC y ECU 200109.1/ ECU 200109.1.DESC
Preocupación por integridad personal / Respeto a las garantías del debido derecho
Ginebra, 4 de febrero de 2009
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Ecuador.
Nuevas informaciones
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido nuevas informaciones de fuentes fidedignas, entre ellas Antenna Internacional, organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la preocupación existente frente a la situación jurídica de las Sras. Georgina Gutama, Ana Paucar, Virginia Chuñir, Etelvina Misacango, Yolanda Gutama y de los Sres. Vicente Zhunio Samaniego, Germán Naikiai, Ángel Ollaguari, Klever Oswaldo Lalbay, Carlos Rumipuglla, Miguel Angel de la Cruz, Miguel Criollo, Orlando Criollo, Manuel Pacheco, José Gutama, Luis Alvear, Hernando Rueda, Lenin Rosero, Wílmer Montenegro, Hernando Pereira, Luis Alberto Yamberla, José Esteban Cascota, Alfredo Cabascango, Juan Castillo P., Galvino Cabascango, Francisco Farinango y Cristobal Misacango, quienes aún se encuentran detenidas, según las denuncias de manera arbitraria, a raíz de los eventos ocurridos durante las movilizaciones contra la aprobación de la Ley de Minería [1].
De acuerdo con las nuevas informaciones, la situación de algunas de las personas detenidas anteriormente y de nuevos detenidos es la siguiente:
a) En la cárcel de Macas, Provincia de Morona Santiago, permanecen detenidos los Sres. Germán Naikiai, Ángel Ollaguari, Klever Oswaldo Lalbay y Carlos Rumipuglla;
b) En la cárcel de Cuenca, Provincia del Azuay, permanecen detenidos, enfrentando cargos por terrorismo organizado [2], los Sres. Miguel Angel de la Cruz, Miguel Criollo y Orlando Criollo, hijo de Miguel Criollo y quien se encuentra en libertad porque pagó una fianza;
c) En la cárcel de Macas, Provincia de Morona Santiago, permanece detenido el Sr. Vicente Zhunio Samaniego quien está enjuiciado por delitos tipificados en el capítulo de los delitos de terrorismo y sabotaje.
Además, en la jurisdicción del Azuay existen órdenes de captura contra las Sras. Georgina Gutama y Ana Paucar, así como contra el Sr. Manuel Pacheco. Allí también se había dictado una orden de captura contra el Sr. José Gutama, pero esta orden fue revocada aunque se sigue un juicio en su contra.
De otra parte se ha informado que varias personas que fueron detenidas el 20 de enero y que salieron en libertad el 21 de enero luego de la audiencia de formulación de cargos, enfrentan actualmente una instrucción fiscal por los delitos de sabotaje y terrorismo en dos fiscalías. Estas personas son:
a) Ante la Fiscalía de Otavalo, Provincia de Imbabura, los Sres. Luis Alvear, Hernando Rueda, Lenin Rosero, Wílmer Montenegro, Hernando Pereira y, Luis Alberto Yamberla;
b) Ante la Fiscalía de Cayambe, Provincia de Pichincha, los Sres. José Esteban Cascota, Alfredo Cabascango, Juan Castillo P., Galvino Cabascango y, Francisco Farinango.
Finalmente se ha informado que en Molleturo, Provincia del Azuay, las Sras. Virginia Chuñir,
Etelvina Misacango y Yolanda Gutama y el Sr. Cristobal Misacango quienes habían sido detenidos el 5 de enero y puestos en libertad posteriormente, enfrentan ahora instrucción fiscal por obstaculización de vías.
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a señalar su preocupación tanto por la seguridad como por la salud e integridad física y psicológica de las personas que aún permanecen detenidas y en general de todos los miembros de las comunidades arriba mencionadas y solicita al gobierno ecuatoriano que tome de inmediato las medidas más urgentes y apropiadas para garantizar las mismas.
La OMCT solicita vehementemente a las autoridades ecuatorianas que a todas las personas detenidas les sean respetados y se les garanticen todos sus derechos procesales en todo momento.
La OMCT también desea subrayar que en este caso, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, reclamados tanto por ellos como por los demás miembros de las comunidades afectadas, son las causas profundas de la presunta violencia y de la detención arbitraria perpetrada contra las Sras. Georgina Gutama, Ana Paucar, Virginia Chuñir, Etelvina Misacango, Yolanda Gutama, y los Sres. Vicente Zhunio Samaniego, Germán Naikiai, Ángel Ollaguari, Klever Oswaldo Lalbay, Carlos Rumipuglla, Miguel Angel de la Cruz, Miguel Criollo, Orlando Criollo, Manuel Pacheco, José Gutama, Luis Alvear, Hernando Rueda, Lenin Rosero, Wílmer Montenegro, Hernando Pereira, Luis Alberto Yamberla, José Esteban Cascota, Alfredo Cabascango, Juan Castillo P., Galvino Cabascango, Francisco Farinango y Cristobal Misacango.
En efecto, la OMCT señala de nuevo que a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el gobierno ecuatoriano debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo « …el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (…) ».
La OMCT recuerda también que, que entre las sugerencias y recomendaciones hechas ya por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a Ecuador: “El Comité exhorta encarecidamente al Estado Parte a que garantice la participación de la población indígena en las decisiones que afecten a su vida. Pide, en particular, al Estado Parte que consulte a la población indígena interesada y obtenga su consentimiento antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales y acerca de las políticas públicas que le afecten (…)”.
Antecedentes de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT había sido informado sobre la detención arbitraria y los malos tratos infligidos durante los arrestos y detenciones, ocurridos entre los días 5 y 7 de enero de 2009, de los Sres. Vicente Zhunio Samaniego, Cristobal Misacango, Carlos Criollo y el padre de este, y de las Sras. Virginia Chuñir, Etelvina Misacango y Yolanda Gutama. Los hechos denunciados ocurrieron en el marco de las diferentes manifestaciones relacionadas con el denominado Paro Minero, tanto en la Provincia de Morona Santiago como en la Provincia del Azuay (Ver Llamado Urgente ECU 200109/ECU 200109.DESC).
Posteriormente, la OMCT denunció nuevas detenciones ocurridas en varias provincias, en ese caso de los Sres. Luis Alvear, Hernando Rueda, Lenin Rosero, Wílmer Montenegro, Hernando Pereira, Luis Alberto Yamberla, José Cascota, Alfredo Cavascango, Galvino Cavascango, y Franciso Farinango, detenciones también relacionadas con diferentes manifestaciones ciudadanas en el marco del denominado Paro Minero (Ver Llamado Urgente ECU 200109.1 /ECU 200109.1.DESC, seguimiento emitido el 23 de enero de 2009).
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades del Ecuador para urgirlas a:
- tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las Sras. Georgina Gutama, Ana Paucar, Virginia Chuñir, Etelvina Misacango, Yolanda Gutama, y de los Sres. Vicente Zhunio Samaniego, Germán Naikiai, Ángel Ollaguari, Klever Oswaldo Lalbay, Carlos Rumipuglla, Miguel Angel de la Cruz, Miguel Criollo, Orlando Criollo, Manuel Pacheco, José Gutama, Luis Alvear, Hernando Rueda, Lenin Rosero, Wílmer Montenegro, Hernando Pereira, Luis Alberto Yamberla, José Esteban Cascota, Alfredo Cabascango, Juan Castillo P., Galvino Cabascango, Francisco Farinango y Cristobal Misacango, incluyendo la atención médica adecuada y gratuita que sus estados requieran, así como la seguridad y la integridad personal de todos los miembros de sus respectivas familias;
- ordenar la libertad inmediata de las personas que aún se encuentren detenidas en el marco de los hechos arriba mencionados, en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales válidos o, en caso de que estos cargos existan, llevarlas ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
- llevar a cabo una investigación independiente, completa, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo, e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
- garantizar una reparación adecuada a las víctimas;
- garantizar que toda nueva norma, como es el caso de la Ley de Minería, esté acorde con las normas internacionales de derechos humanos;
- garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y también las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones
- Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. 145, Rue de Lausanne, 1202 Ginebra. E-mail: onuginebra@mmrree.gov.ec Tel.: + 41 22 732 49 55;
- FAX: + 41 22 732 48 34
- Dr. Rafael Correa Delgado, Presidencia de la República del Ecuador, Palacio de Gobierno, García Moreno y Chile 1043, Quito, Ecuador. E-mail: despresi@presidencia.ec-gov.net
- Fax: + 593 2 258 07 35; + 593 2 258 07 79; + 593 2 258 0761
- Doctor Fernando Bustamante, Ministerio de Gobierno y Policía, Espejo y Benalcázar, Quito, Ecuador. E-mail: informacion@mingobierno.goc.ec, Tel: +593 2 295 56 66 /+ 593 2 295 86 77
- Sr. Javier Ponce Cevallos, Ministerio de Defensa Nacional, Av. Maldonado parque la Recoleta, E-mail: midenasocial@org Tel.: + 593 2 295 20 43, Fax: + 593 2 258 04 31
- Sr. Gustavo Larrea Cabrera, Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa.
- Dr. Fander Falconí Benítez, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Carrión y Av. 10 de Agosto E-mail: gabminis@mmrree.gov.ec Tel.: + 593 2 299 32 79 + 593 2 250 31 59
- Dra. María Fernanda Espinosa, Representante Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas, en Nueva York. 866 UN Plaza, Oficina 516. New York, N.Y. 10017 Tel.: + 001212 935 16 80, + 001212 935 16 81 Fax: + 001212 935 18 35 E-mail: missionecuador@nyct.net
- Comandante General de la Policía Nacional, Ramírez Dávalos 612 y Av. 10 de Agosto, Quito, Ecuador. Fax: + 593 2 250 60 66
- Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, La Exposición 208, (La Recoleta), Quito, Ecuador. Fax: + 593 2 225 83394
- Dr. Jorge Germán Ramírez, Ministro Fiscal General del Estado. Calle Eloy Alfaro N-32-250 y República. Edificio Tocuyo, Quito. E-mail: chiriboga@limpec.gov.ec Fax: + 593 2 255 94 47. Tel.: + 593 2 255 85 61, + 593 2 255 85 61
- Dr. Washington Pesantez, Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha, Calle Roca y Juan León Mera, Quito. Tel.: + 593 2 290 50 53 Fax: + 593 2 290 46 76
- Dra. Daniella Camacho Herold, Fiscal de Pichincha, Calle Roca y Juan León Mera, Quito. Tel.: + 593 2 290 50 53; + 593 2 290 40 76. Fax: + 593 2 290 50 50
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Ecuador en sus respectivos países.
Ginebra, 4 de febrero de 2009
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
[1] La Ley de Minería, aprobada el 13 de enero de 2009 por la Asamblea Nacional, según las denuncias permitiría entre otros, una minería a cielo abierto la cual contamina las fuentes de agua y destruye el medio ambiente, además de excluir a las comunidades afectadas y de incrementar el poder de las transnacionales de la región. Ver Llamados Urgentes ECU 200109/ ECU 200109.DESC, emitido el 20 de enero de 2009 y su seguimiento ECU 200109.1/ ECU 200109.1.DESC, emitido el 23 de enero de 2009. Ver también los antecedentes de la situación.
[2] Las personas que son detenidas y acusadas por delitos tipificados en el artículo 158 del Código Penal en el capítulo de los delitos de terrorismo y sabotaje. Las personas enjuiciadas por estos delitos corren el riesgo de ser condenadas a penas de reclusión de ocho a doce años de cárcel, penas previstas para el cargo de terrorismo organizado.