Guapinol: urge revocar prisión preventiva de defensores del agua frente a riesgos por COVID-19

​Las Américas, 20 de marzo de 2019.- Organizaciones internacionales que monitoreamos la situación dederechos humanos en Honduras, pedimosnuevamente la revocación de la medida de prisión preventiva que enfrentan laspersonas defensoras de Guapinol y el sector San Pedro desde el 01 de septiembrede 2019, como represalia por su labor de defensa de los derechos alambiente sano y al agua. Garantizar la libertad de los defensores de Guapinolresulta particularmente urgente frente a los nuevos riesgos a la salud y la vida que enfrentan en el marco de laemergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, COVID-19.

El día de ayer losrepresentantes legales de los defensores presentaron una acción de habeas corpus al Presidente de la CorteSuprema de Justicia, para exigir que se otorgue a los defensores una medidasustitutiva a la prisión preventiva, argumentando la ilegalidad de sudetención. Esto con el fin de garantizar el derecho a la salud y a la vida delos defensores.

Este habeas corpus se presenta de maneraurgente, ya que varios recursos de apelación permanecen hasta la fechapendientes de resolución. En específico, desde el pasado 24 de febrero la Cortede Apelaciones recibió la apelación presentada en noviembre de 2019 ante lanegativa del Tribunal de revocar la medida cautelar de prisión preventiva.Asimismo, el pasado 11 de marzo se presentó una nueva solicitud de audienciapara revisar la medida. Sin embargo, estos no han sido resueltos a pesar dehaber pasado ya el tiempo contemplado en la ley hondureña para que lasrespectivas instancias respondieran.

Frente a estos hechos, las organizaciones firmantesseñalamos que la falta de resolución de estos recursos violenta los derechoshumanos de las personas defensoras y hacemos un llamado urgente a revocar demanera inmediata la privación de libertad, en tanto se constituye en una medidaarbitraria contraria a las garantías del debido proceso y a los estándaresinternacionales en materia de derechos humanos.

Recordamos que laCorte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que la prisiónpreventiva debe tener “un carácter excepcional, en virtud de que se encuentralimitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad yproporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática”. La regla debeser la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca de suresponsabilidad penal.

En virtud de loanterior, llamamos al Estado de Honduras a resolver los recursos presentados ala brevedad, en concordancia con el derecho a defender derechos humanos, elderecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Sumado a loanterior, señalamos que estas medidas cautelares de prisión preventiva formanparte de la estrategia de criminalización que enfrentan los defensores con elfin de atacar su labor de defensa de los bienes naturales, generar temores enquienes se manifiestan y amedrentar el ejercicio de sus derechos humanos.

Exhortamos alEstado para que, en concordancia con sus obligaciones internacionales, seabstenga de criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos alagua, al ambiente sano, la tierra y el territorio. Honduras tiene la obligaciónde tomar todas las medidas para garantizar que las personas defensoras puedenejercer su labor de manera segura y en libertad.

Ante la emergenciasanitaria que enfrentan Honduras y el mundo, garantizar la libertad de laspersonas defensoras de derechos humanos criminalizadas es fundamental parasalvaguardar su salud, vida e integridad. Las organizaciones firmantes reconocemosnuevamente el trascendental rol que juegan las personas defensoras del agua enHonduras, Centroamérica y alrededor del mundo. Todos los días, y aún más entiempos de emergencias de salud como la que enfrentamos, su trabajo debe serreconocido, no criminalizado.

Finalmente, como loha hecho ya la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas(OACNUDH), instamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidasnecesarias para mitigar el impacto del COVID-19 en poblaciones en mayorsituación de vulnerabilidad como son las personas privadas de libertad, laspersonas con discapacidad, las personas adultas mayores y las personas ensituación de pobreza.

Firman:

Centro por laJusticia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión deDerechos Humanos de Guatemala (GHRC/USA)

FederaciónInternacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatoriopara las Protección de los Defensores de Derechos Humanos

JASS

Latin America Working Group (LAWG)

OrganizaciónMundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para laProtección de los Defensores de Derechos Humanos

PlataformaInternacional contra la Impunidad

ProtectionInternational