Guatemala - comunicado: los defensores en peligro: agresiones masivas, recurrentes e impunes

COMUNICADO

Guatemala: los defensores en peligro: agresiones masivas, recurrentes e impunes

París, Ginebra, 25 de marzo de 2002

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Desde el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera por antiguos miembros del Estado Mayor Presidencial, el 26 de abril de 1998 - dos días después de la presentación del informe del programa de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) - la situación de los defensores de derechos Humanos no ha cesado de empeorar.

El Observatorio organizó una misión internacional en Guatemala en mayo de 2001 con objeto de investigar sobre esta preocupante situación. El informe de esta misión "Guatemala, los defensores en peligro: agresiones masivas, recurrentes e impunes” se hace público en español el día de hoy.

La misión destaca un aumento significativo del número de agresiones en contra de los defensores y en particular, en contra aquellos que denuncian la corrupción, la impunidad y las graves violaciones de los derechos económicos y sociales.

Como ejemplo, entre febrero de 2000 y mayo de 2001, el centro CEIBAS sufrió 15 agresiones (intrusiones en los locales y robos, robos con efracción en los domicilios de los miembros, atentados y tentativas de secuestro). Esta oleada de violencia se encuentra manifiestamente vinculada al papel juzgado por CEIBAS en la denuncia de falsificación efectuada por algunos parlamentarios del Frente Republicano Guatemalteco -partido en el poder- durante la publicación de la ley sobre las disposiciones fiscales de las bebidas alcohólicas.

La organización Familias de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), sufrió dos agresiones entre septiembre de 2000 y mayo de 2001. Estos hechos se produjeron tras las exhumaciones de cementerios y los procedimientos judiciales iniciados contra los autores de crímenes cometidos durante la guerra contra-insurgente.

Además, los operadores de justicia (jueces, fiscales y abogados) que tratan asuntos que implican a responsables de las fuerzas armadas o vinculados a intereses económicos y políticos se encuentran especialmente expuestos. Así pues, varias personas encargadas de la investigación del asesinato de Monseñor Gerardi, se han visto obligadas a partir en exilio. Del mismo modo, el linchamiento de protagonistas judiciales en medio rural parece planeado y dirigido por una parte de las autoridades locales. El linchamiento, en marzo de 2001, del juez Álvaro Hugo Martínez Pérez es una siniestra ilustración de esta práctica.

La persecución de los sindicalistas se inscribe en un contexto generalizado de violación de los derechos de los trabajadores. Las empresas recurren a hombres armados y a otros métodos represivos con el fin de mantener condiciones de trabajo precarias. La situación es extrema en las plantaciones de café o también en empresas de industria ligera donde los despidos arbitrarios de representantes sindicales, la violencia y la destrucción de los alojamientos son medidas recurrentes.
El carácter sistemático de estas agresiones y de su desarrollo, así como la ausencia, en la mayoría de los casos, de móvil económico demuestran que estos actos no pueden atribuirse a la delincuencia de derecho común, contrariamente a las declaraciones de las autoridades.

Estos hechos se inscriben en el marco de la persistencia al más alto nivel del Estado, de los aparatos de inteligencia militar y de las distintas estructuras armadas paralelas creadas durante la guerra (PAC, "Comisarios militares", grupos de acción vinculados a la inteligencia militar…) La elección, en el año 2000, a la Presidencia del Congreso, del General Ríos Montt (que había ejercido el poder tras un golpe de Estado en los años más sanguinarios de la guerra) no hace más que reforzar esta situación.

La misión internacional de investigación constató la ausencia de medidas que tiendan a prevenir y sancionar esta violencia y a proteger a las víctimas tanto al nivel judicial como político. Ninguna de las agresiones denunciadas por los defensores ha sido esclarecida por las autoridades públicas..

En el 2002, nuevos actos de intimidación fueron contabilizados por el Observatorio: el 11 de febrero, el Sr. Dyonisio Camajá Sánchez, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo, recibió amenazas de muerte. El 7 de marzo de 2002, los locales de la sede de Casa Alianza, fueron de nuevo objeto de una intrusión en la cual se consultaron y se lanzaron al suelo algunos archivos sobre los niños de la calle.

La publicación de este informe se produce inmediatamente después de la publicación del informe anual 2001 del Observatorio que hace un balance alarmante de la situación de los defensores de derechos humanos en numerosos países y en particular, en América Latina (el informe se encuentra disponible en la página web de la FIDH (www.fidh.org) y de la OMCT (www.omct.org)).