Impedir tratamiento médico al defensor Walter Aduviri pone en riesgo su vida ante posible contagio de Covid-19

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO - EL OBSERVATORIO / CNDDHH

Ginebra-París-Lima,4 de junio de 2020 - El Observatorio para la Protección de losDefensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y la CNDDHH alertan sobre eldeterioro del estado de salud del Sr. Walter Aduviri Calisaya y la denegaciónsistemática del acceso a un tratamiento médico adecuado en plena crisis de laCOVID-19 como forma de hostigamiento por sus actividades en defensa de losderechos humanos.

El 30 de mayo de2020, la Sala Penal de Apelaciones de Puno rechazó la solicitud presentada porel Sr. Walter Aduviri Calisaya para poder salir del centro penitenciariopara acudir a una cita médica en el EsSalud, el Seguro Social de Salud delPerú. Anteriormente, la solicitud presentada por vía administrativa alInstituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), había sido igualmentedenegada. El Sr. Aduviri. líder indígena aymara y defensor de la tierra yterritorio se encuentra detenido arbitrariamente desde agosto de 2019 en elpenal de Yanamayo, Puno.

El Observatorio y laCNDDHH recuerdan los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] y de la Alta Comisionadade las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2] a tomar de manera urgentemedidas alternativas a la pena privativa de libertad para aquellas personasdetenidas sin motivos jurídicos suficientes y para los presos enfermos, con elfin de proteger su salud, la salud pública y evitar brotes de Covid-19 en lascárceles. A este respecto, el Sr. Aduviri cumple con todos los requisitos paraser excarcelado de manera inmediata, y es precisamente por este motivo que hasido incluido en la campaña global de la OMCT para la liberación de personasdefensoras detenidas arbitrariamente alrededor del mundo, lanzada el 8 de mayode 2020[3]. Los Estados tienen laobligación de proveer atención médica a las personas privadas de la libertad.

El 28 de mayo de 2020, la Sala Penal deApelaciones de Puno, alegando motivos técnicos, suspendió la audiencia en laque se tenía que revisar en segunda instancia el pedido de habeas corpuspresentado a favor del Sr. Aduviri, declarado improcedente el 8 de mayo por elSegundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de Puno. En él, sesolicitaba la excarcelación del Sr. Aduviri para que éste pasara en sucomunidad el período de aislamiento social establecido como medida deprevención en el actual contexto de Covid-19, dada la falta de garantíassanitarias en el penal de Yanamayo.

El Sr. Aduviripadece de hipertensión arterial y de obesidad tipo I, unas dolencias que se hanagudizado de forma grave en las últimas semanas debido a la falta de una dietay un tratamiento médico adecuados en el penal de Yanamayo. Preocupan especialmente,además, las condiciones de hacinamiento que presenta el centro, ya que no sólolimitan la capacidad de atención médica a los reclusos por parte del únicomédico general que trabaja en el penal, sino que imposibilitan la toma demedidas preventivas adecuadas para prevenir el contagio de la Covid-19. En susituación, contagiarse de la Covid-19 pone en grave riesgo su vida.

El Sr. Aduviri seencuentra detenido arbitrariamente en el penal de Yanamayo desde agosto de 2019tras haber sido condenado injustamente a seis años de cárcel por la CorteSuperior de Justicia de Puno, al ser hallado “coautor no ejecutivo por eldelito contra la tranquilidad pública” durante las protestas conocidas como“Aymarazo”[4]. En este sentido, elObservatorio y la CNDDHH rechazan el creciente uso indebido en el Perú defiguras penales con una definición excesivamente amplia, como en el caso de la“coautoría no ejecutiva”, que son utilizadas para criminalizar la organizacióny planificación de protestas pacíficas, así como para estigmatizar la labor delas personas defensoras de derechos humanos.

Por todo loanterior, el Observatorio y la CNDDHH rechazan contundentemente la denegaciónsistemática a un tratamiento médico adecuado a la que está siendo sometido elSr. Walter Aduviri, así como su detención arbitraria y la criminalización de sutrabajo en defensa de los derechos del pueblo indígena aymara. Nuestrasorganizaciones instan a las autoridades del Perú a liberar de forma urgente alSr. Walter Aduviri por razones humanitarias en base a su situación médica y alcontexto de crisis sanitaria, así como a poner fin a todo acto de hostigamientoen su contra, incluido a nivel judicial. Finalmente, hacemos un llamado por elcese del uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras dederechos humanos en Perú.

Para más información, por favor, contacten con:

· OMCT: IolandaJaquemet: +41 79 539 41 06

· FIDH: JoséCarlos Thissen: + 51 95 41 31 650

· CNDDHH: MarPérez: +51 1 419 11 11

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El Observatorio para la Protección delos Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene porobjetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represióncontra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH sonambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de laUnión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedadcivil internacional.

La Coordinadora Nacional deDerechos Humanos (CNDDHH) es una coalición de 82 organismos de la sociedadcivil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanosen el Perú. Desde su establecimiento en 1985, la CNDDHH se constituye como laprimera institución de referencia en América Latina que reúne a un colectivo deorganismos de derechos humanos de un país. La CNDDHH es una organizaciónmiembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

[1] Ver Par.45, en CIDH,Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Resolución 1/2020, disponible aquí.

[2] Ver llamado emitido porla Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MichelleBachelet, el 25 de marzo de 2020, disponible aquí.

[3] Para obtener másinformación sobre la campaña #FacesOfHope de la OMCT, vean la descripcióndisponible aquí. El perfil del Sr.Walter Aduviri Calisaya se encuentra disponible aquí.

[4] En mayo de 2011, lapoblación indígena aymara inició una serie de protestas pacíficas en contra delas concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Bear Creek, envulneración al derecho a consulta previa de los pueblos indígenas afectados.Además, las actividades extractivas suponían un grave riesgo de contaminaciónpara las aguas de la zona e implicaban la destrucción de la montaña sagrada ApuKaphia. En junio de 2011, el gobierno del Perú derogó el decreto que concedíalos derechos de explotación a la empresa.