La Ministra Iris Varela prohíbe el acceso de las ONGs a las prisiones y acusa el Observatorio Venezolano de Prisiones de profesar una campaña difamatoria de ramificación internacional

VENEZUELA: La Ministra Iris Varela prohíbe el acceso de las ONGs a las prisiones y acusa el Observatorio Venezolano de Prisiones de profesar una campaña difamatoria de ramificación internacional

Ginebra-París, 26 de enero de 2012. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), expresa su grave preocupación ante las declaraciones de la Ministra del Servicio Penitenciario en las cuales afirma haber prohibido la entrada de las ONGs a las cárceles del país y acusa a las ONGs de llevar a cabo un complot político con instituciones internacionales.

El 23 de enero de 2012, en una entrevista publicada en el periódico Ciudad CCS, la Ministra del Servicio Penitenciario, Sra. Iris Varela, afirmó que las ONGs no podían tener acceso a información relevante acerca de las condiciones del sistema carcelario ya que ella misma les impide entrar: “Esas ONGs no manejan información fidedigna porque desde que yo llegué aquí les prohibí la entrada”.

Esta prohibición formulada por la Ministra corrobora las dificultades que han ido enfrentando desde hace varios años las ONGs en Venezuela para ejercer su trabajo a fin de observar y velar por el funcionamiento de los recintos carcelarios.

En la misma entrevista, la Ministra acusó a las ONGs de difundir, en colaboración con los medios internacionales, falsas informaciones sobre las condiciones de las personas privadas de libertad en Venezuela, atribuyendo al Sr. Humberto Prado, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la autoría de una presunta campaña política que sería partidaria de la oposición y orquestada por intereses foráneos.

El Observatorio recuerda que estas declaraciones se suman a la campaña de difamación durante la cual los defensores de derechos humanos en Venezuela, particularmente el Sr. Humberto Prado, han sido objeto de amenazas y hostigamiento por sus actividades en defensa de las personas privadas de libertad.

El 24 de enero de 2012, la sede del Observatorio fue ocupada ilegalmente por personas ajenas al edificio en el que se encuentran las oficinas de la OVP. Después de haber sido desalojados por la Policía Nacional, esas personas amenazaron con que volverían a ocupar las oficinas bajo el pretexto de que era una oficina ”contrarrevolucionaria”, para luego recibir de nuevo la amenaza de una inminente requisa de sus oficinas por parte de un grupo que se identificó como el “Colectivo Piedrita”.

El mismo día, varias ONGs fueron víctimas de graves acusaciones publicadas en el blog “Soberanía y Revolución”, que tildó de “enemigos internacionales” al Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero (COFAVIC) y su Directora la Sra. Liliana Ortega, al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y sus miembros los Sres. Marino Alvarado, Rafael Uzcategui y Marco Ponce, Una ventana a la libertad y su Coordinador General el Sr. Carlos Nieto Palma, Sinergia y su Director el Sr. Feliciano Reyna, y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y su Directora la Sra. Ligia Bolívar, acusándolos de fomentar “falsas matrices de opinión”, de financiar y entrenar “grupos de choque” que “organizan protestas, dictan estrategias militares a estudiantes, presos y trabajadores”, siempre usando la retórica de la conspiración internacional.

Del mismo modo, el blog reitera graves acusaciones en contra de la Jueza María Lourdes Afiuni, calificándola de “jueza corrupta”. La Sra. Afiuni fue víctima de hostigamiento judicial, amenazas de muerte, detención arbitraria en condiciones inhumanas y padeciendo un trato discriminatorio, poco después de haber ordenado la libertad condicional del Sr. Eligio Cedeno a raíz del diagnóstico y las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Sigue detenida arbitrariamente a su domicilio a pesar de la recomendaciones de liberación inmediata formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas el 3 de noviembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2011, el Juez Alí Paredes del Tribunal 26 de Juicio decidió extender dos años más su privación de libertad.

Esta campaña de difamación mediática ha sido reavivada desde que la violencia se desató el 12 de junio de 2011 en las cárceles de El Rodeo. Difundida por el Canal estatal Venezolana de Televisión y por la radio estatal Radio Nacional de Venezuela, así como por el Vicepresidente Sr. Elías Jaua pocos días después de los sucesos, se acusó a las ONGs de llevar a cabo planes de desestabilización política.

El Observatorio reafirma el papel fundamental que tiene la sociedad civil en las cárceles, al investigar sobre las condiciones de detención y la administración penitenciaria, y manifiesta su profunda preocupación ante las declaraciones de la Ministra Iris Varela, que se inscriben en un contexto de repetidos actos de desprestigio y difamación en contra de los defensores de derechos humanos en Venezuela.

Asimismo, el Observatorio urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos de los defensores de derechos humanos en Venezuela como los establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

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