Nicaragua: Briefing conjunto: Un año de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos indígenas

Nicaragua: Un año de violencia contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas Mayangna y Mískitu

Resumen:

Desde enero de 2020, el conflicto por la tierra y el patrón de violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas Mayangna y Mískitu se ha agudizado de manera preocupante. Ello se debe a la impunidad con la que actúan los perpetradores y ejecutores del tráfico ilegal de tierras y a la usurpación de los recursos naturales y de la tierra en general facilitada y permitida por las autoridades estatales en lo que parece una política de colonización interna encubierta por parte del Estado.

Las comunidades y territorios Mayangna y Mískitu se encuentran en la cuenca del Río Coco (Wangki) y en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, ubicados en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN). Esta Reserva fue reconocida por el programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en octubre de 1997 y ratificada por el Gobierno de Nicaragua en el 2001.

Esta zona forma parte del corazón del corredor biológico mesoamericano y es a su vez la segunda más grande de las selvas tropicales del continente americano, después de la selva Amazonas. En base a ello es considerada un patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Bosawás es el territorio tradicional de los pueblos indígenas Mískitu y Mayangna, titulado como tal por el Estado de Nicaragua en el año 20051.

Desde enero de 2020, se contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, y dos agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad, frente a un total de 49 indígenas Mískitu muertos, 49 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos entre 2011 y 2020, de acuerdo con el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN). Asimismo, se estima que, debido a la violencia, alrededor de 1000 personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras. Estos actos son cometidos por actores no estatales bajo la aquiesciencia estatal que, como se desarrollará a continuación, no investiga los hechos. CEJUDHCAN también ha denunciado una grave inseguridad alimentaria entre los indígenas privados de sus tierras y medios de vida, generando un inminente etnocidio, por el exterminio que están sufriendo estos pueblos indígenas de Nicaragua.

Efectivamente, las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu se encuentran sometidas a constantes amenazas por parte de grupos de personas no indígenas (de aquí en adelante “colonos”2), quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población de manera forzosa y ocupar sus tierras para llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera. En el marco de estas agresiones, destaca un patrón de ataques deliberados contra los medios de subsistencia de las comunidades, incluidos sus recursos naturales, medios de transporte, bosques, ganado y sus cosechas. Todo esto evidencia esta voluntad de los atacantes de provocar su desplazamiento forzoso.

Los actos violentos perpetrados contra las personas y comunidades Mayangna y Mískitu se enmarcan en un contexto de conflicto por el control de la tierra y de los recursos naturales en territorios indígenas, que tiene su origen en la falta de implementación de la última etapa de demarcación y titulación de tierras indígenas: el saneamiento. Esta quinta etapa consiste en definir los derechos de propiedad de terceros en territorios indígenas, de acuerdo con el Art. 45 de la Ley 445/2003 de Nicaragua3.

A pesar de que existen 23 territorios indígenas conformados por 304 comunidades, cuyas tierras tradicionales han sido tituladas por el Estado como tales, en todos ellas las autoridades nicaragüenses han fallado en implementar la fase de saneamiento. Así, la inseguridad jurídica y la facilitación de la inmigración de colonos procedentes del resto del país han facilitado la ocupación y el tráfico ilegal de tierras indígenas en estos territorios, expandiendo la frontera agrícola y ganadera sobre el bosque de los territorios indígenas y causando su deterioro y destrucción. Lo anterior aunado a un impulso de las actividades extractivistas por parte de empresas forestales, mineras y pesqueras, al impulso del monocultivo de la Palma Africana y al anuncio del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua.

Además, la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos indígenas Mayangna y Mískitu es exacerbada por la impunidad sistemática de la violencia ejercida contra ellos. Las amenazas, agresiones, asesinatos y desplazamientos forzosos no son investigados por las autoridades nicaragüenses y, por lo tanto, los responsables materiales e intelectuales nunca son enjuiciados.

Todo ello pese a que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes son reconocidos por la normativa interna nicaragüense4, de conformidad con lo establecido en tratados regionales e internacionales en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas5.

Asimismo, el Estado de Nicaragua ha fallado en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2015 a 12 comunidades indígenas Mískitu y una Mayangna6. El Estado tampoco ha cumplido con su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos exigidos por la Corte IDH en 2017.

Con la publicación de este briefing, el Observatorio junto con el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y CEJUDHCAN quieren evidenciar el patrón de violencia sistemática ejercida contra las personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas Mískitu y Mayangna de la Reserva de Biosfera de Bosawás y la cuenca del Rio Coco (Wangki), y visibilizar los ataques violentos que se han producido en su contra desde enero de 2020.

1. Masacre contra la comunidad Mayangna de Alal, Territorio Sauni As

El 29 de enero de 2020, la comunidad Mayangna de Alal, ubicada en el Territorio Sauni As, en la Reserva de la Biosfera Bosawás, fue atacada en dos ocasiones por un grupo de aproximadamente 80 colonos fuertemente armados.

Durante el ataque cuatro personas murieron y tres personas fueron heridas por arma de fuego. Fueron asesinados Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio Devis Gutiérrez, Armaru Rener y Cristino López Ortiz, indígenas Mayangna. Asimismo, dos personas resultaron gravemente heridas de bala, Maynor Will Fernández y Marconi Jarquín Rener, quien quedó parapléjico debido a un disparo en la cabeza.

Los guardabosques y miembros del gobierno comunal del Territorio Sauni As Navarro Miguel, Efraín Miguel Valle, Víctor Díaz, Transito Mesa Bruno, Navarro Miguel Valle, Carlos Bruno, Econias Miguel Barcio y Martian Miguel Dixon tuvieron que permanecer escondidos fuera de la comunidad durante tres días para proteger su vida e integridad física.

Junto a ello, los perpetradores prendieron fuego a 16 viviendas, incluidos el centro de salud, la casa pastoral y la escuela comunitaria. Asimismo, los medios de subsistencia del pueblo Mayangna de Alal fueron atacados de manera deliberada. El grupo de atacantes incendió sus cultivos y mató a todos sus animales y el ganado.

En los días posteriores a la masacre, se inició una campaña de ocultamiento de los ataques, tanto en medios de comunicación próximos al gobierno, como por parte de la Policía de Nicaragua. El 30 de enero, el portal de noticias El 19 Digital publicó una serie de declaraciones en las que funcionarios públicos de origen indígena negaban la gravedad de los hechos. Asimismo, el 30 de enero y el 1 de febrero, la Policía de Nicaragua emitió dos notas de prensa con información contradictoria sobre el ataque, incluida la descontextualización de las circunstancias en que se habían producido los asesinatos de dos defensores indígenas, y la posterior negación de los asesinatos.

El 10 de febrero de 2020, la Policía del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú detuvo a un hombre perteneciente a una banda delincuencial por el ataque contra la comunidad Mayangna de Alal. Sin embargo, autoridades y líderes indígenas de Alal denunciaron el 8 de junio de 2020 que había sido puesto en libertad sin cargos. Las autoridades indígenas también denunciaron que entre los miembros de la banda que perpetró el ataque a Alal se encontraba un Sargento activo del Ejército de Nicaragua.

Tras el ataque a Alal, miembros de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua ocuparon por algunas semanas la comunidad y mediante el uso de la violencia les quitaron todos los machetes que usan para la realización de labores de campo. Esto no es algo nuevo, ya que en años anteriores, habían sido despojadas armas de fuego utilizadas principalmente para la caza. Actuaciones como esta son enfrentadas por las comunidades indígenas de manera continuada. Sin motivo aparente, las fuerzas armadas llegan a sus territorios y les requisan por la fuerza sus pertenencias. Este tipo de denuncias han sido constantes entre las comunidades de Bosawás y Waspam-Río Coco.

Las organizaciones firmantes de este briefing destacan que la comunidad Mayangna de Alal había recibido amenazas desde abril de 2018, hechos que habían sido denunciados públicamente y de manera reiterada en los principales medios de comunicación nacionales por el liderazgo del Territorio Sauni As, así como ante las autoridades nacionales. Sin embargo, estas amenazas nunca fueron investigadas.

El ataque a esta comunidad no ha sido debidamente investigado y ninguno de los responsables ha sido enjuiciado, por lo que los hechos permanecen en la impunidad, generando así alta probabilidad de futuros ataques.

2. Ataques armados a las comunidades del Territorio Tuakha

El 26 de marzo de 2020, la Comunidad Mayangna de Wasakin, ubicada en el Territorio Tuahka, fue atacada con armas de fuego por colonos. Durante el ataque asesinaron a Dunis Morales Rodolfo y Neldo Dolores Gómez. Asimismo, Etlerson Johnny Montiel e Ilaiso Saballos Montiel resultaron heridos de bala.

El 27 de marzo, menos de 48 horas después del ataque contra la Comunidad Mayangna de Wasakin, el joven indígena Mískitu Federico Pérez Gradiz y el joven Mayangna Rubén Jacobo Bendles fueron asesinados con armas de fuego por un grupo de colonos mientras realizaban tareas de limpieza de los mojones que delimitan el territorio en la Comunidad de Ibu, ubicada también en el Territorio Tuakha.

Pese a que los familiares de las víctimas presentaron denuncias frente a lo ocurrido, en el momento de publicación de este briefing todavía no se han abierto investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Además, al no existir investigaciones ni información oficial sobre los asesinatos, se carece de información respecto a los hechos relatados, más allá del testimonio dado por los familiares de las víctimas y lo aparecido en medios de comunicación. Todo ello ha alimentado un patrón claro de impunidad en esta área desde hace varios años.

3. Amenazas para forzar el desplazamiento de comunidades

3.1 La comunidad Mískitu de Sangni Laya

El 3 de septiembre de 2020, 30 familias de la Comunidad Mískitu de Sangni Laya, ubicada en el Territorio de Twi Yahbra, se vieron obligadas a desplazarse de manera forzosa a otras comunidades del territorio como Auhyapihni y a Bilwi, y a la cabecera municipal de Puerto Cabezas y sede del Gobierno Regional para proteger su vida e integridad física. Días anteriores, habían sido amenazadas por parte de colonos, quienes culpabilizaban a la Comunidad de Sangni Laya de la muerte de uno de sus miembros.

Las organizaciones firmantes destacan que estos hechos fueron denunciados en la comisaría de la Policía Nacional de Nicaragua en Puerto Cabezas por los líderes indígenas. Sin embargo, los funcionarios policiales responsables de recibir la denuncia les indicaron que la responsabilidad del conflicto era de la propia comunidad. Las amenazas contra la Comunidad de Sangni Laya nunca fueron investigadas.

Una semana más tarde, el 10 de septiembre, un grupo de personas indígenas no identificadas atacaron con un arma de fuego a un defensor indígena Mískitu de la Comunidad de Sangni Laya, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por cuestiones de seguridad. El defensor no resultó herido por los disparos; sin embargo, tuvo que permanecer escondido por temor a ser emboscado de nuevo. Los hechos fueron denunciados a la policía de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, quien reportó que no podía actuar por no conocer a los agresores. Asimismo, la policía solicitó al denunciante que encontrara él mismo los nombres e información sobre los atacantes para poder iniciar las investigaciones.

El 21 de septiembre, un grupo de colonos fuertemente armados atacaron la Comunidad Mískitu de Sangni Laya y sus medios de subsistencia, incluida la quema de cinco casas que servían de depósito de los quintales de arroz recientemente cosechado.

Asimismo, Manuel Salvador Hernández González y Félix Yasser Labonte Rojas, miembros de la Comunidad de Sangni Laya fueron secuestrados por el grupo de atacantes mientras se encontraban trabajando sus parcelas de tierra. Permanecieron secuestrados por un lapso de siete horas, durante las cuáles fueron sometidos a malos tratos. Los defensores fueron golpeados en las costillas y permanecieron con las manos atadas y los ojos cubiertos en todo momento.

3.2 La comunidad Mayangna de Mukuswas

El 11 de octubre de 2020, a medianoche, un grupo armado de personas no indígenas irrumpió en la Comunidad Mayangna de Mukuswas, ubicada en el territorio Sauni Arungka, a bordo de tres camionetas, disparando con armas de fuego al aire y contra los medios de subsistencia de la comunidad, incluido el ganado. Los hechos siguen en la impunidad.

Una vez más, la ausencia de investigaciones y de información oficial sobre este ataque genera un clima de tolerancia y permisividad a que este tipo de hechos u otros puedan ser perpetrados nuevamente contra la Comunidad de Mukuswas.

4. Ataque a comunitarios Ashawas

El 10 de julio de 2020 dos miembros de la Comunidad Ashawas se dirigían hacia la parcela donde limpiaban sus cosechas, cuando a unos 300 metros de su casa y a 600 metros del llamado Caño de Ashawas, fueron emboscados por un grupo de entre tres y cuatro colonos, según el testimonio que brindaron a la Policía Nacional los pobladores de Ashawas. El joven indígena Simón Palacios Hernández, de 32 años, fue alcanzado por decenas de perdigones de escopeta en el pecho, brazos y rostro, pero fue un disparo de escopeta a menor distancia que le impactó en el lado izquierdo de la cabeza causándole una muerte instantánea. También, fue herido de gravedad Santos Cosme Pérez, de 51 años, quien tenía impacto de perdigones de escopeta en el pecho y un balazo de calibre 38 milímetros en una pierna.

En el momento de publicación de este briefing, los hechos no han sido debidamente investigados y prevalece la ausencia de información oficial sobre el ataque, situación que muestra la omisión estatal de cumplir con su deber de prevenir, investigar y castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos de la comunidad de Ashawas.

5. Asesinato del líder indígena Mískitu Mark Rivas

El 3 de enero de 2020, personas desconocidas asesinaron con un arma de fuego a Mark Rivas en la ciudad de Puerto Cabezas, cabecera de la Región Autónoma Caribe Norte (RACCN).

Mark Rivas era miembro de la organización en defensa de los derechos indígenas Movimiento Juvenil Indígena de la Moskitia (MOJIM) y había denunciado públicamente el favorecimiento, por parte de las autoridades nicaragüenses, de las invasiones de tierras indígenas, así como los asesinatos y desapariciones de líderes indígenas y los ataques a las comunidades. En el momento de publicación de este briefing, estos hechos siguen en la impunidad.

6. Asesinato del líder indígena Mayangna Nacilio Macario

El 14 de noviembre de 2020, en horas de la mañana, Nacilio Macario, líder indígena Mayangna de la Comunidad Musawas, ubicada en el territorio Sauni As, fue asesinado con arma de fuego por seis individuos cerca del río Wiwina. En el momento del ataque, Nacilio Macario, acompañado de cuatro hombres de su comunidad, se dirigía a su casa de habitación, después de haber realizado tareas de protección y custodia de una parcela de tierra en la que han sido identificados ocho depósitos de oro y que le había asignado su comunidad. Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional de Nicaragua.

El Observatorio subraya que, días anteriores al asesinato, Nacilio Macario había sido amenazado de muerte por los seis individuos supuestamente responsables del homicidio, quienes le habían instado a entregar la parcela de tierra.

7. Asesinato de Michael Rivera López

Michael Rivera López, de 18 años, fue asesinado el 6 de diciembre de 2020 en la Comunidad Nawahwas del Territorio Mayangna Sauni Bu, con arma blanca (machete) por un colono que reclamaba asuntos de propiedad al liderazgo comunal. Los hechos no han sido investigados.

8. Ataques a niñas indígenas

El 16 de febrero 2020, D.L.W, de 15 años, fue herida de bala cuando regresaba del río cercano a la comunidad Mískitu de Santa Clara, ubicada en el Territorio Wangki Twi Tasba Raya. La bala le perforó la mandíbula de un lado al otro del rostro, dejándole cicatrices permanentes en el rostro y problemas para alimentarse.

El 14 de julio 2020, M.C.T.I, de 16 años, fue secuestrada durante dos días por dos colonos en la comunidad de Sagni Laya, de donde es originaria. M.C.T.I es hija de un defensor y promotor comunitario de CEJUDHCAN.

Las organizaciones firmantes destacan que este tipo de actos se encuadran en el patrón de generación de miedo a las comunidades que defienden sus derechos territoriales para forzar su desplazamiento. Asimismo, hay que tener en cuenta que falta mucha información respecto a estos ataques, entre otras cosas, por falta de investigación oficial. El estigma hacia las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual o de género, así como la falta de aplicación de una perspectiva de género en el tratamiento de estas situaciones, opera como barrera a la hora de denunciar públicamente este tipo de ataques.

9. Ataque armado contra guardabosques de la comunidad Wilus

El 22 de enero de 2021, en horas de la mañana, Donald Castillo Felipe, Presino Samuel y Corino Simeón, defensores del territorio y guardabosques de la comunidad Mayangna de Wilus, ubicada en el Territorio Sauni As, fueron atacados con armas de fuego por un grupo de colonos mientras realizaban labores de vigilancia territorial en el sector Pisba Kalansah de Sauni As.

Al día siguiente, las autoridades de la comunidad Wilus se reunieron con efectivos del Ejército y de la Policía Nacional de Nicaragua en asamblea comunal, en la que solicitaron la toma de medidas inmediatas para garantizar la seguridad territorial y la integridad física de la totalidad de la comunidad ante la posibilidad de nuevas agresiones. Las actuaciones de los funcionarios se limitaron a una visita al lugar del ataque; sin embargo, no determinaron la toma de medidas de protección ni aseguraron el inicio de las investigaciones entorno al ataque.

En el momento de publicación de este briefing, los tres defensores están siendo tratados en el Hospital primario Esteban Jaenz Serrano, municipio de Bonanza. Los Sres. Castillo y Samuel se encuentran fuera de peligro; sin embargo, el Sr. Simeón se encuentra en estado grave.

Las organizaciones firmantes subrayan que la comunidad Wilus había sido atacada anteriormente. En 2017, los comunitarios tuvieron que desplazarse durante semanas a la comunidad Musawas, Territorio Sauni As, debido al hostigamiento y a los ataques por parte de colonos no indígenas a sus tierras de cultivo, bosques y lugares sagrados.

Finalmente, las organizaciones subrayan que estos ataques armados ahondan la situación de emergencia humanitaria en la que se encuentra la comunidad Wilus, así como el resto de las comunidades de los territorios de Bosawás, debido al impacto de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020. En este sentido, la destrucción de las tierras de cultivo de estas comunidades provocada por las inundaciones, junto a la ausencia de suministro de ayuda alimentaria por parte de las autoridades nicaragüenses, y los ataques a las zonas de siembra sitúan a estas comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad.

Conclusión y recomendaciones

El Observatorio, el CENIDH, CEJUDHCAN y CALPI condenan vehementemente los ataques sistemáticos y violentos perpetrados contra las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu de la cuenca del Rio Coco (Wangki) y de la Reserva de Biosfera Bosawás arriba mencionados, y muestran su más alta preocupación por su seguridad e integridad física y psicológica.

Las organizaciones firmantes subrayan que el clima de impunidad estructural que generan la ausencia de investigaciones en torno a los hechos arriba mencionados, junto con la falta de mecanismos de prevención de actos violentos contra quienes defienden los derechos humanos, legitiman los ataques contra las personas y comunidades indígenas Mayangna y Mískitu de la cuenca del Rio Coco (Wangki) y de la Reserva de Biosfera Bosawás y las exponen a una situación de grave riesgo y vulnerabilidad.

Asimismo, la inseguridad jurídica existente en torno al proceso de titulación de los territorios indígenas alienta su usurpación, apropiación y venta ilegal por parte de personas no indígenas. Estos hechos constituyen una violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas Mayangna y Mískitu de acceso a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, de acuerdo con la legislación nicaragüense y a los estándares regionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Por todo ello, el Observatorio, el CENIDH, CEJUDHCAN y CALPI urgen a las autoridades de Nicaragua a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu de la cuenca del Rio Coco (Wangki) y de la Reserva de Biosfera Bosawás.

ii. Realizar investigaciones independientes, inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los hechos de asesinatos, ataques a la integridad física, amenazas y desplazamientos forzados arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley. La investigación debería priorizar la hipótesis de que estos crímenes sean producto de sus actividades de defensa de derechos humanos, tal y como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos;

iii. Poner fin de manera inmediata a todo tipo de ataques, actos de hostigamiento, amenazas e intimidación contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu de la Reserva de Biosfera Bosawás, incluido mediante el desmantelamiento y el desarme inmediato de todos los grupos e individuos no indígenas que actúan en el territorio;

iv. Adoptar de manera inmediata y con la participación de las personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de la Corte IDH Caso Acosta y otros vs. Nicaragua de 25 de marzo de 2017;

v. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas cautelares y provisionales de protección otorgadas por la CIDH y la Corte IDH en favor de 12 comunidades indígenas Mískitu y Mayangna de la Cuenca del Rio Coco (Wangki) y de la Reserva de Biosfera Bosawás entre 2016 y 2020, en concertación con las personas y comunidades beneficiarias y sus representantes, y desde una perspectiva culturalmente adecuada;

vi. Impulsar con la participación de las comunidades Mayangna y Mískitu de la Cuenca del Rio Coco (Wangki) y de la Reserva de Biosfera Bosawás una política pública para generar seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, así como reforzar la institucionalidad en materia de prevención de conflictos, particularmente en territorios indígenas pendientes de saneamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 445/2003 de Nicaragua.

vii. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades de origen y asegurar de inmediato su acceso a servicios adecuados para ejercer sus derechos en materia de salud, educación, agua potable, alimentación y vivienda, entre otros.

viii. Permitir el acceso a Nicaragua a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de derechos humanos, a la OACNUDH -oficina Regional con sede en Panamá-, otros Mecanismos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la violencia y ataques sistemáticos contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mískitu y Mayangna;

ix. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2, así como lo dispuesto por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 17 de septiembre de 2007, con la participación de Nicaragua, en particular en lo referente a los artículos 7, 8.2.b, 10 y 19.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una organización no gubernamental fundada en 1990 cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua mediante el acompañamiento activo y moral a las personas en su autodefensa, la presencia inmediata en los conflictos, mediación propositiva, educación y comunicación movilizadora. El CENIDH es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT, así como de la FIDH.

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) es una organización no gubernamental que desde 1996 promueve la divulgación y la efectiva aplicación de los derechos de las comunidades étnicas o afrodescendientes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, y de los pueblos indígenas de Nicaragua; por medio de la asesoría legal a autoridades tradicionales y comunidades indígenas y afrodescendientes en la defensa y preservación de sus tierras comunales tradicionales y demás recursos naturales, de conformidad con los derechos establecidos en la Constitución Política de la Republica de Nicaragua.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) es una organización no gubernamental integrada por profesionales indígenas que desde 2003 trabaja en el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, para fomentar acciones que favorezcan la equidad de género, la defensa de sus derechos territoriales y mayor toma de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional.

1. La Reserva de Biosfera Bosawás está situada por los territorios de los municipios Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay del departamento de Jinotega, Wiwilí de Nueva Segovia, Waslala, Bonaza, Siuna y Waspán de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

2. Personas no indígenas que invaden territorios indígenas y pretenden permanecer en ellos de forma violenta usurpando tierras y recursos naturales, sin que las autoridades estatales cumplan con su deber de protección de los pueblos indígenas ni de sus territorios.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 445/2003 de Nicaragua, las
etapas del proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas son
la presentación de solicitud, la solución de conflicto, la medición y
amojonamiento, la titulación y el saneamiento.

4. Artículos 5, 8, 11, 46, 49, 51, 52, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 de la Constitución Política. Asimismo, las Leyes 445 y 28 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua establecen un régimen de autonomía en la Costa Caribe.

5. Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.

6. Las comunidades de: Santa Fe, El Naranjal, El Cocal, Olopaywas, del territorio indígena miskitu Wanki Li Aubra; las comunidades indígenas miskitu de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi en el territorio indígena de Wangki Twi-Tasba Raya; San Gerónimo, Esperanza Rio Coco y Klisnat, en el territorio de indígena Wangki Li Aubra; y la comunidad de Wiwilak en el territorio indígena de Lilamni Tasbaika Kum en la RACCN.

7. Chiffman, Geovanny. Denuncian secuestro de niña a manos de colonos en una comunidad de Puerto Cabezas. Articulo 66. 14 de julio de 2020. Disponible en: https://www.articulo66.com/2020/07/14/denuncian-secuestro-nina-colonos-comunidad-puerto-cabezas/