La OMCT y el RCT manifiestan su preocupación por nueva oleada de detenciones arbitrarias y alegaciones de malos tratos contra los manifestantes.

En efecto, la OMCT y el RCT han conocido que la manifestación de ciudadanos llevada a cabo en las ciudades de Tegucigalpa y en San Pedro Sula el 12 de agosto de 2009, con el fin de protestar contra el Golpe de Estado, dejó a numerosos manifestantes detenidos, contra quienes el Ministerio Publico inició procesos judiciales ya que, según las denuncias, son considerados por el gobierno de facto como delincuentes o vándalos, y a quienes la Fiscalía de Delitos Comunes encausó por robo, sedición, daños a la propiedad privada y participación en manifestaciones ilícitas contra la seguridad del Estado.

La OMCT y el RCT han conocido que varios de los detenidos el 12 de agosto presentan fracturas debido a que la mayoría fueron brutalmente golpeados con toletes de madera y con ángulos de metal. Los detenidos fueron conducidos a las instalaciones de los Comandos de las Fuerzas Especiales de la Policía (COBRAS), el cual no está habilitado como centro de detención y en donde ninguno tuvo espacio, ni camas ni colchonetas para dormir, estando hacinados desde el primer día. Varios de ellos fueron llevados y detenidos durante algunos días en la Penitenciaria Nacional (PN), en donde casi no tenían espacio en el suelo para poder sentarse o para dormir. Según las informaciones, a los detenidos los mantuvieron un tiempo esposados y les infligieron serios insultos verbales, amenazas de muerte y diferentes intimidaciones.

Se ha conocido que inicialmente, la Fiscalía de Delitos Comunes encausó a 24 de las personas detenidas, de las cuales 11 permanecieron varios días en la Penitenciaria Nacional. Durante la audiencia inicial, llevada a cabo el 18 de agosto de 2009 en la Corte Suprema de Justicia, el Juez de apellido Quevedo restringió la concurrencia pública a un limitado número de organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, aduciendo razones de seguridad. Allí, la parte acusadora realizó la presentación de los medios de prueba basándose entre otros en dos recortes del periódico El Heraldo, uno de ellos del 13 de agosto, día posterior a la captura de los manifestantes, y también en la cuantía de daños reportado por las empresas que alegan ser afectadas.

Además, durante la audiencia fueron presentados como testigos de la Fiscalía tres policías, quienes en sus declaraciones ante el juez mostraron contradicciones e incoherencias sobre los hechos. De otra parte, en el caso de las fiscales, estas argumentaron, entre otros, que la lectura de derechos de los imputados se había hecho hacia las 2:30 de la tarde, y sin embargo los testigos dijeron que esta lectura fue hecha después de la 6 de la tarde, del día de la detención.

Finalmente se ha conocido que, como resultado de tres días de diligencias en la Corte Suprema, el Juez Quevedo dictó auto de formal prisión, pero con medidas sustitutivas, bajo el cargo de participación en manifestaciones ilícitas, contra los Sres.: Milson Emilson Cárcamo Garay, Santos Arnulfo Moncada Cáceres, Angel Geovanny García Arguijo, y Milco Durán Céspedes (ciudadano colombiano), y la Sra. Jhoana María Alvarado Barahona. Las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, incluyen la presentación periódica al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado y la prohibición de concurrir a reuniones “donde haya actos de violencia". A las demás personas detenidas el 12 de agosto de 2009 e inicialmente imputadas se les dictó el sobreseimiento definitivo de la acción penal.

La OMCT y el RCT manifiestan su preocupación por la ausencia de garantías del debido proceso contra las personas detenidas el 12 de agosto de 2009 y llaman a las autoridades del gobierno de facto en Honduras a la liberación inmediata de las personas detenidas en ausencia de cargos legales válidos compatibles con los estándares legales internacionales, o si tales cargos existen, llevarlas ante un tribunal competente, independiente e imparcial y garantizarles todos sus derechos procesales en todas las etapas de los procedimientos.

Además, la OMCT y el RCT instan a las mismas autoridades a que lleven a cabo una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las circunstancias de estas detenciones, en particular sobre las alegaciones de malos tratos y torturas infligidos a los detenidos durante el arresto y la detención.

La OMCT y el RCT vuelven a hacer un vehemente llamado a las autoridades de facto de Honduras a que, obren de conformidad con la ley internacional y regional de derechos humanos, en particular con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (Pacto de San José) y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.

Para mayor información:

• OMCT: Alexandra Kossin, Coordinadora de Campañas Urgentes, + 41 22 809 49 39
• RCT: Tue Magnussen, Coordinador de Programa, + 45 22 44 43 95,
  Simon Ankjærgaard, Encargado de Comunicaciones, + 45 36 93 86 56, ó,
  Jan Ole Haagensen, Jefe del Departamento Internacional del RCT, + 45 36 93 86 05.

[1] Ver Comunicados de Prensa OMCT: Honduras 140809 conjunto RCT y OMCT; Honduras OMCT 100709, emitido el 10 de julio de 2009, y Honduras OMCT 310709, emitido el 31 de julio de 2009.