Permanente clima de intimidación contra el Sr. Ildefonso Zamora y su familia

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Nuevas informaciones:

El Observatorio acaba de recibir con seria preocupación nuevas informaciones del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro PRODH) sobre el permanente clima de intimidación que continúa existiendo contra el Sr. Ildefonso Zamora y contra la familia Zamora Gómez en general, luego de dos meses del asesinato del hijo de éste último, el Sr. Aldo Zamora, todos ellos ecologistas militantes contra la tala ilegal de árboles del bosque, en la zona del Parque Nacional Lagunas de Zempoala[1].

De acuerdo con las nuevas informaciones, el 1º de agosto de 2007, la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que dos de los homicidas, los Sres. Fernando Jacinto Medina y Silvestre Jacinto Medina, fueron detenidos en las inmediaciones del municipio mexiquense de Ocuilán. Sin embargo, se ha denunciado que existen serios temores sobre la seguridad y sobre la integridad personal de todos los miembros de la mencionada familia Zamora, ya que aunque la detención de los dos de presuntos implicados en el asesinato del Sr. Aldo Zamora es un paso muy importante para la procuración de justicia, aún permanecen libres otros dos de los presuntos asesinos, los Sres. Luis y Alejo Encarnación, pues con estas detenciones se incrementa el nivel de riesgo y la probabilidad de represalias y de hostilidad hacia los comuneros de San Juan Atzingo.

Según las informaciones, ésta preocupación se deriva del hecho que las acciones realizadas por parte del gobierno para garantizar la seguridad del Sr. Zamora y de su familia han sido deficientes hasta la fecha. En efecto, y como ejemplo de lo anterior, se ha informado que la Secretaría de Gobernación del Estado ordenó instalar una patrulla con agentes de policía estatal afuera al domicilio de la familia Zamora, sin la previa consulta o notificación a la familia. La presencia de esta patrulla no ha impedido que se cometieran actos intimidatorios contra la familia como lo demuestran hechos recientes. Además, el pasado 9 de junio, la familia Zamora, escuchó la detonación de armas de fuego en la proximidad de su domicilio. Al solicitar a los agentes en la patrulla que realizaran una ronda para investigar la procedencia de dichos disparos, los agentes asignados respondieron que tenían la orden de no alejarse a más de 300 metros del domicilio, y que por lo cual nos les era posible investigar lo sucedido.

Dicha situación ha afectado igualmente a otros líderes comunitarios, igualmente originarios de la comunidad de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilánya que tampoco se ha garantizado la seguridad e integridad física y psicológica de los Sres. Paulino Neri Carlos, suplente del Sr. Zamora; Nicolás Hernández Alberto, Secretario de Bienes Comunales; y Alejandro Ramírez Raymundo, Tesorero de Bienes Comunales y Jefe del Consejo Supremo Tlahuíca, quienes siguen siendo objeto de actos de intimidación.

Las informaciones denuncian además la deficiencia de acciones concretas y apropiadas realizadas por parte del gobierno para evitar la tala ilegal de árboles en la región, la cual continua realizándose sin control y señalan que aun hace falta que los detenidos sean procesados conforme a las normas del debido proceso en derecho, y que para que haya plena justicia en el caso de San Juan Atzingo, es necesario que se proceda a castigar a otros 57 personas talamontes que operan en la zona y que hasta ahora han ocasionado la deforestación total de 300 hectáreas de bosques dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, afectando además a otras 3 mil hectáreas en total. Las informaciones señalan que mientras no se detenga a los integrantes de estas bandas de taladores, de las cuales forman parte los presuntos asesinos de Aldo Zamora, no se habrá hecho justicia ni para la familia Zamora, ni para los defensores de derechos ambientales en el área de San Juan Atzingo.

Recordatorio y antecedentes de la situación:

El 15 de mayo de 2007, hacia las 18h30, los Sres. Aldo Zamora, de 21 años de edad, y Misael Zamora, de 16 años, hijos del destacado líder ambientalista, Sr. Ildefonso Zamora, fueron víctimas de una emboscada y ataque armado, llevado a cabo por cuatro personas en Santa Lucía, Ocuilán, Estado de México. El Sr. Aldo Zamora falleció, mientras que su hermano Misael sobrevivió al atentado aunque resultó seriamente herido. Ambos hermanos se habían sumado paulatinamente a la labor ambientalista de su padre Ildefonso Zamora, durante los últimos años.

Según las denuncias, los presuntos asaltantes habrían sido identificados como los Sres. Luis y Alejo Encarnación, dos taladores conocidos en la zona, así como los Sres. Fernando y Silvestre Jacinto Medina.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades Mexicanas urgiéndolas a:

1. tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Misael Zamora e Ildefonso Zamora, de otros comuneros, en particular los Sres. Paulino Neri Carlos, Nicolás Hernández Alberto y Alejandro Ramírez Raymundo, de todos los miembros de sus respectivas familias, y en general la de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en el Estado de México;
2. asegurar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las intimidaciones, actos de hostigamiento y amenazas contra el Sr. Ildefonso Zamora, y contra los miembros de su familia, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
3. poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;
4. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2) y por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999;
5. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Instrumentos Internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Direcciones:

• Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 527 72 376. + 52 (55) 27 89 11 13. Correo Electrónico E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx.
• Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: frjramirez@segob.gob.mx.
• Licenciado José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail: correo@cndh.org.mx / correo@fmdh.cndh.org.mx / aasatashvili@cndh.org.mx Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35 / + 55.568 18125.
• Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx.
• Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue de Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. Fax: +4122.748.07.08. E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
• Señora Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa, desde Bruselas, Bélgica. 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19. Tel.- +(32) 2 629.07.77 E-mail : embamex@embamex.eu

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

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Ginebra, París, 6 de agosto de 2007

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

[1] Los bosques de San Juan Atzingo forman parte del Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) y se encuentran dentro del Gran Bosque de Agua, el cual alberga el dos por ciento de la biodiversidad mundial, además de abastecer con tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México y de dotar de agua a los ríos Lerma y Balsas, ayudando a mitigar el Cambio Climático y sus impactos en la región. Sin embargo, la región de las Lagunas de Zempoala- Hutzilac es considerada como una de las 15 zonas críticas de tala ilegal en México, las cuales en conjunto albergan el 60 por ciento de esta actividad en ese país.