Urge proteger a abogados y representantes de víctimas del caso ‘falsos positivos’

Ginebra-París, 16 de junio de 2020 – Los actos de vigilanciailegal militar a 14 abogados y representantes de víctimas de ejecucionesextrajudiciales evidencian la continuación de un patrón de persecución aquienes defienden los derechos humanos en Colombia. Urge tomar medidas deprotección que garanticen la integridad personal de quienes trabajan por laverdad y la justicia, ha reclamado el Observatorio para la Protección de losDefensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).

El 29 de mayo de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inicióel trámite de estudio de medida cautelar de protección a abogados y personasdefensoras de derechos humanos que representan a las víctimas del Caso 03 de laJEP, conocido como ‘falsos positivos’[1].Así, la JEP solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA)llevar a cabo los análisis de riesgo pertinentes, así como un análisis decontexto sobre la situación de vulnerabilidad de las catorce personasdefensoras en tanto que abogados de las víctimas del Caso 03.

La solicitud de medidas de protección ante la JEP se produce a raíz delas presuntas actividades de inteligencia y vigilancia ilegal cometidas contralos catorce abogados/as y personas defensoras por parte del Ejército deColombia, en el marco de una operación que habría llevado a la perfilación,seguimiento y vigilancia de 130 personas, incluyendo periodistas,sindicalistas, abogados, políticos y personas defensoras de derechos humanosentre febrero y diciembre de 2019[2].

El Observatorio recuerda que el uso ilegal de la inteligencia enColombia ha traído graves consecuencias para las personas defensoras en lahistoria reciente, pues la información recopilada ha sido usada para perseguir,intimidar, e incluso atentar contra la vida e integridad física de quienesejercen la defensa de los derechos humanos y sus familias en Colombia[3].

Asimismo, el Observatorio reitera que la persistencia de dichos patronesen el período posterior a la Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016no sólo criminaliza y estigmatiza la legítima labor de defensa de los derechoshumanos, sino que entorpece gravemente los procesos de búsqueda de verdad,justicia y reparación necesarios para la creación de una paz verdadera yduradera en Colombia. Además, se mantienen en el país graves patrones deviolencia contra quienes defienden los derechos humanos, como evidencian los124 asesinatos de personas defensoras asesinadas a lo largo del 2019[4].

Entre los peticionarios de las medidas cautelares se encuentranabogadas, abogados y personas defensoras de los derechos humanos que formanparte de diferentes organizaciones[5]incluyendo el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), laComisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José AlvearRestrepo (CAJAR), todas ellas organizaciones miembro de la Red SOS-Tortura dela OMCT y, en el caso del CAJAR, también de la FIDH. También aparecenintegrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice),la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), la Humanidad Vigente CorporaciónJurídica (HVCJ), el Colectivo Orlando Fals Borda (COFB), la Asociación Minga,la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz yel Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa EstadosUnidos (CCEEUU).

Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridadescolombianas a tomar de manera urgente las medidas más apropiadas paragarantizar la integridad física y psicológica de los catorce abogadosdefensores de los derechos humanos, así como la de aquellas personas a las que representan,y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva eimparcial entorno los actos de vigilancia ilegal arriba mencionados con elobjetivo de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y establecermecanismos de garantía de no-repetición.

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Para obtener más información, por favor contacten con:

· OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06

· FIDH: José Carlos Thissen: +51 95 41 31 650

El Observatorio para laProtección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es unprograma creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) yla FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situacionesconcretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismode la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado porsociedad civil internacional.

[1] El Caso 03 de la JEP sobre las‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes delEstado’ investiga las ejecuciones extrajudiciales de un total de 2.248 personasa manos de la fuerza pública entre los años 1988 y 2014 en todo el territoriocolombiano. Las víctimas, que incluyen personas de zonas rurales y urbanas,personas en condición de vulnerabilidad socio-económica, trabajadoresinformales, personas discapacitadas y habitantes de la calle, fueron falsamentepresentadas como bajas en combate.

[2] Véase el Comunicado Conjunto‘Colombia: Oidhaco y organizaciones internacionales rechazan actividadesilegales de inteligencia militar y piden pronunciamiento público de paíseseuropeos e instituciones’, publicado el 11 de mayo de 2020, disponible aquí.

[3] Estos ataques han sido denunciados porel Observatorio en reiteradas ocasiones.
Véase Llamado Urgente COL 002 / 0419 / OBS 033 del Observatorio publicado el 2de abril de 2019, disponible aquí; Comunicadode Prensa del Observatorio publicado el 18 de octubre de 2019, disponible aquí; y LlamadoUrgente COL 002 /0220 / OBS 013, disponible aquí.

[4] Las cifrasse recogen en “La Ceguera”, el informe anual 2019 del Sistema de Informaciónsobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia(SIADDHH) – Programa Somos Defensores, disponible aquí.

[5] Las personas peticionarias de lasmedidas cautelares ante la JEP son las Sras. Soraya Gutiérrez Argüello,Daniela Stefanía Rodríguez, Blanca Irene López Garzón, OlgaSilva López y Liliana Castillo Hernández, y los Sres. SebastiánFelipe Escobar Uribe, Franklin Castañena Villacob, Óscar PardoLeón, César Santoyo Santos, Sergio Arboleda, Alberto Yepes,Juan Carlos Niño Camargo y Manuel Alejandro García.