Venezuela
17.07.02
Intervenciones urgentes
Venezuela: miembros de la Policía regional reprimieron con violencia a los campesinos que ocupan los terrenos abandonados del Central Matilde en Yaracuy.
Caso VEN 170702 / Caso VEN 170702.ESCR
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Excesivo uso de la fuerza policial contra manifestantes
El Secretariado Internacional de la OMCT requiere su intervención urgente a propósito de la siguiente situación en Venezuela:
Breve descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT expresa su grave preocupación ante los recientes hechos violentos cometidos por fuerzas del orden contra los campesinos manifestantes que retomaron unas 600 hectáreas de tierras abandonadas del Central Matilde, y que son beneficiarios de la Reforma Agraria en el Estado de Yaracuy.
De acuerdo con las informaciones de fuentes confiables, el 14 de julio del 2002, al parecer bajo las órdenes del Gobernador Eduardo Lapi, miembros de la Policía de Yaracuy conocida como “Los Pantaneros” (policía regional) reprimieron con violencia a los productores campesinos que quedaron después de la movilización de alrededor de 1800 campesinos que habían retomado unas 600 hectáreas de las tierras abandonadas del Central Matilde, en el Municipio Bruzual (Chivacoa) del Estado de Yaracuy. De esta multitud, alrededor de 850 productores campesinos quedaron ocupando los terrenos, hasta ayer cuando se presentó la policía regional. Se ha informado que la Guardia Nacional, estuvo allí momentáneamente, pero que no participó en absoluto en los hechos.
En el ataque a los campesinos, la policía regional « Los Pantaneros » disparó balas de munición viva y perdigones, y golpeó agresivamente a la gente, resultando heridos varios campesinos, entre los cuales se encuentran las siguientes personas :
1. Justina Villanueva (campesina, herida por perdigones)
2. Marta Majano (campesina, fractura en la mano por golpes)
3. Cipriano Rivas (campesino, herido de bala)
4. Salvador Leal (campesino, herido de bala)
5. Omar Lopez (concejal del Movimiento Quinta República -MVR-, herido por perdigones)
6. Augusto Colmenarez (campesino, herido por perdigones)
7. Ramón Colmenarez (campesino, herido por perdigones)
8. Macario Colmenarez (campesino, golpeado y herido por perdigones)
9. Bartolo Galindez (campesino, herido por perdigones)
10. Nicomedes Colmenarez (campesino, herido por perdigones)
Tambien se conoció que hay tres desaparecidos que posiblemente pueden estar detenidos, y de quienes se teme por su seguridad e integridad personal.
De acuerdo con las informaciones, durante estas movilizaciones campesinas participan sectores ligados al movimiento ecologista que denuncia la presencia de corporaciones transnacionales asociadas a inversionistas de la agroindustria en Venezuela, promotoras del uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas en el campo venezolano. Por su parte, el Comité de Pro-rescate de Tierras del Fundo San José o Guayebo presenta un plan de producción agrícola que incluye el cultivo temporal de hortalizas, raíces, tubérculos, leguminosas y cereales, y la protección del ambiente natural en las tierras ocupadas.
Según los informes, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante la Resolución 149 del 29 de abril del 2002, ordenó la ocupación preventiva de 665 hectáreas de terreno del fundo San José o Guayebo, cuyo propietario es la Inversora Yara C.A., integrante del Grupo Central Matilda C.A. Unos 400 campesinos pertenecientes al Comité Pro-rescate del Fundo San José o Guayebo tomaron la tierras con la intención de ejercer sus derechos a la tierra.
Los informes agregan que el 6 de mayo del 2002, el Presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, había denunciado por la prensa que esa ocupación era una invasión ilegal de las tierras de la empresa Inversora Yara C.A., y además, el 12 de mayo, el periódico El Nacional publicó que el Instituto Nacional de Tierras había ordenado la invasión, violando la propiedad privada. Según las informaciones, el día 9 de mayo, el problema de la invasión de las tierras del Central Matilde había sido planteado al Presidente Hugo Chavez por el Sr. Carlos Fernández, cuando al parecer, según afirma la nota de El Nacional (10 de mayo de 2002) la presencia de los nuevos ministros de la economía, Felipe Pérez y Tobías Nobrega, facilitó la negociación para que el Sr. Carlos Fernández, « aceptara sentarse a discutir sobre estos temas con el Presidente Hugo Chávez ».
Las informaciones agregan que por otra parte, Eugen Cholowaski, gerente de Relaciones Industriales del Grupo de Empresas Matilda y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Municipio Bruzual, prometió una respuesta contundente y dijo que « no se quedarían con los brazos cruzados » e invitó a los empresarios y productores del campo del Estado Yaracuy a luchar unidos ante lo que considera una escalada de acciones similares. Al parecer, estas declaraciones explican la conducta represiva de la Gobernación de Yaracuy, a pesar de que durante unos dos meses el Comité de Pro-rescate de Tierras del Fundo San José o Guayebo, quien dirige la ocupación campesina, había cumplido con los extremos legales de la denuncia ante las oficinas locales del INTI.
El Secretariado Internacional de la OMCT comparte la preocupación de las organizaciones de los derechos humanos por estos hechos, en particular por la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas desaparecidas en los hechos arriba mencionados, y en general por la seguridad de la población campesina que busca defender sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular su derecho a la tierra.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades de Venezuela urgiéndolas a:
i. garantizar una adecuada atención médica gratuita a los heridos en los incidentes arriba mencionados;
ii. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los detenidos en los hechos arriba mencionados;
iii. proceder a la liberación inmediata de las personas que se hallen detenidas en ausencia de cargos judiciales válidos en su contra o, si dichos cargos existen, llevarlas ante un tribunal civil, competente e imparcial y asegurar el respeto de sus derechos procesales;
iv. ordenar una investigación completa e imparcial en torno al excesivo uso de la fuerza por parte de la policía regional (Los Pantaneros), durante los hechos ocurridos en la ocupación de las tierras abandonadas del Central Matilde, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
v. garantizar un adecuado mecanismo de rehabilitación a las personas heridas durante los hechos arriba mencionados;
vi. de manera general, garantizar en toda circunstancia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales sobre los derechos humanos y en particular con el Pacto Internacional de derechos Ecoómicos, Sociales y Culturales, ratificado por Venezuela
Direcciones:
· S.E. Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela, Fax: + 58 (241) 801 36 44.
· Sr. Luis Miquelena, Ministro del Interior y Justicia, Ministerio del Interior y Justicia, Avenida Urdaneta, esquina de Platanal, Parroquia Candelaria, municipio Libertador, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Fax: + 58 (212) 861 19 67.
· Dr. Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, Avenida Universidad, Esquina Pele el ojo a Misericordia, frente a Parque Carabobo. Caracas- Venezuela, Fax: +58 (212) 576 44 19.
· Dr. Germán Mundaraín, Oficina del Defensor del Pueblo de Venezuela, Plaza Morelos Avenida México s/n (frente al Ateneo de Caracas), Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Fax: +58 (212) 575 44 67 o 575 38 62, E-mail: defensoria@platino.gov.ve, gmundarain @defensoria. gov.ve
· Econ. Henrique Fernando Salas Feo-Römer, Gobernador del Estado de Carabobo, Palacio de Gobierno, Calle Montes de Oca con calle Paez, Valencia, Estado de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, Fax: + 58 (241) 857 07 83.
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en su respectivo país.
Ginebra, 17 de julio del 2002
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Excesivo uso de la fuerza policial contra manifestantes
El Secretariado Internacional de la OMCT requiere su intervención urgente a propósito de la siguiente situación en Venezuela:
Breve descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT expresa su grave preocupación ante los recientes hechos violentos cometidos por fuerzas del orden contra los campesinos manifestantes que retomaron unas 600 hectáreas de tierras abandonadas del Central Matilde, y que son beneficiarios de la Reforma Agraria en el Estado de Yaracuy.
De acuerdo con las informaciones de fuentes confiables, el 14 de julio del 2002, al parecer bajo las órdenes del Gobernador Eduardo Lapi, miembros de la Policía de Yaracuy conocida como “Los Pantaneros” (policía regional) reprimieron con violencia a los productores campesinos que quedaron después de la movilización de alrededor de 1800 campesinos que habían retomado unas 600 hectáreas de las tierras abandonadas del Central Matilde, en el Municipio Bruzual (Chivacoa) del Estado de Yaracuy. De esta multitud, alrededor de 850 productores campesinos quedaron ocupando los terrenos, hasta ayer cuando se presentó la policía regional. Se ha informado que la Guardia Nacional, estuvo allí momentáneamente, pero que no participó en absoluto en los hechos.
En el ataque a los campesinos, la policía regional « Los Pantaneros » disparó balas de munición viva y perdigones, y golpeó agresivamente a la gente, resultando heridos varios campesinos, entre los cuales se encuentran las siguientes personas :
1. Justina Villanueva (campesina, herida por perdigones)
2. Marta Majano (campesina, fractura en la mano por golpes)
3. Cipriano Rivas (campesino, herido de bala)
4. Salvador Leal (campesino, herido de bala)
5. Omar Lopez (concejal del Movimiento Quinta República -MVR-, herido por perdigones)
6. Augusto Colmenarez (campesino, herido por perdigones)
7. Ramón Colmenarez (campesino, herido por perdigones)
8. Macario Colmenarez (campesino, golpeado y herido por perdigones)
9. Bartolo Galindez (campesino, herido por perdigones)
10. Nicomedes Colmenarez (campesino, herido por perdigones)
Tambien se conoció que hay tres desaparecidos que posiblemente pueden estar detenidos, y de quienes se teme por su seguridad e integridad personal.
De acuerdo con las informaciones, durante estas movilizaciones campesinas participan sectores ligados al movimiento ecologista que denuncia la presencia de corporaciones transnacionales asociadas a inversionistas de la agroindustria en Venezuela, promotoras del uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas en el campo venezolano. Por su parte, el Comité de Pro-rescate de Tierras del Fundo San José o Guayebo presenta un plan de producción agrícola que incluye el cultivo temporal de hortalizas, raíces, tubérculos, leguminosas y cereales, y la protección del ambiente natural en las tierras ocupadas.
Según los informes, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante la Resolución 149 del 29 de abril del 2002, ordenó la ocupación preventiva de 665 hectáreas de terreno del fundo San José o Guayebo, cuyo propietario es la Inversora Yara C.A., integrante del Grupo Central Matilda C.A. Unos 400 campesinos pertenecientes al Comité Pro-rescate del Fundo San José o Guayebo tomaron la tierras con la intención de ejercer sus derechos a la tierra.
Los informes agregan que el 6 de mayo del 2002, el Presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, había denunciado por la prensa que esa ocupación era una invasión ilegal de las tierras de la empresa Inversora Yara C.A., y además, el 12 de mayo, el periódico El Nacional publicó que el Instituto Nacional de Tierras había ordenado la invasión, violando la propiedad privada. Según las informaciones, el día 9 de mayo, el problema de la invasión de las tierras del Central Matilde había sido planteado al Presidente Hugo Chavez por el Sr. Carlos Fernández, cuando al parecer, según afirma la nota de El Nacional (10 de mayo de 2002) la presencia de los nuevos ministros de la economía, Felipe Pérez y Tobías Nobrega, facilitó la negociación para que el Sr. Carlos Fernández, « aceptara sentarse a discutir sobre estos temas con el Presidente Hugo Chávez ».
Las informaciones agregan que por otra parte, Eugen Cholowaski, gerente de Relaciones Industriales del Grupo de Empresas Matilda y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Municipio Bruzual, prometió una respuesta contundente y dijo que « no se quedarían con los brazos cruzados » e invitó a los empresarios y productores del campo del Estado Yaracuy a luchar unidos ante lo que considera una escalada de acciones similares. Al parecer, estas declaraciones explican la conducta represiva de la Gobernación de Yaracuy, a pesar de que durante unos dos meses el Comité de Pro-rescate de Tierras del Fundo San José o Guayebo, quien dirige la ocupación campesina, había cumplido con los extremos legales de la denuncia ante las oficinas locales del INTI.
El Secretariado Internacional de la OMCT comparte la preocupación de las organizaciones de los derechos humanos por estos hechos, en particular por la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas desaparecidas en los hechos arriba mencionados, y en general por la seguridad de la población campesina que busca defender sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular su derecho a la tierra.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades de Venezuela urgiéndolas a:
i. garantizar una adecuada atención médica gratuita a los heridos en los incidentes arriba mencionados;
ii. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los detenidos en los hechos arriba mencionados;
iii. proceder a la liberación inmediata de las personas que se hallen detenidas en ausencia de cargos judiciales válidos en su contra o, si dichos cargos existen, llevarlas ante un tribunal civil, competente e imparcial y asegurar el respeto de sus derechos procesales;
iv. ordenar una investigación completa e imparcial en torno al excesivo uso de la fuerza por parte de la policía regional (Los Pantaneros), durante los hechos ocurridos en la ocupación de las tierras abandonadas del Central Matilde, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
v. garantizar un adecuado mecanismo de rehabilitación a las personas heridas durante los hechos arriba mencionados;
vi. de manera general, garantizar en toda circunstancia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales sobre los derechos humanos y en particular con el Pacto Internacional de derechos Ecoómicos, Sociales y Culturales, ratificado por Venezuela
Direcciones:
· S.E. Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela, Fax: + 58 (241) 801 36 44.
· Sr. Luis Miquelena, Ministro del Interior y Justicia, Ministerio del Interior y Justicia, Avenida Urdaneta, esquina de Platanal, Parroquia Candelaria, municipio Libertador, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Fax: + 58 (212) 861 19 67.
· Dr. Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, Avenida Universidad, Esquina Pele el ojo a Misericordia, frente a Parque Carabobo. Caracas- Venezuela, Fax: +58 (212) 576 44 19.
· Dr. Germán Mundaraín, Oficina del Defensor del Pueblo de Venezuela, Plaza Morelos Avenida México s/n (frente al Ateneo de Caracas), Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Fax: +58 (212) 575 44 67 o 575 38 62, E-mail: defensoria@platino.gov.ve, gmundarain @defensoria. gov.ve
· Econ. Henrique Fernando Salas Feo-Römer, Gobernador del Estado de Carabobo, Palacio de Gobierno, Calle Montes de Oca con calle Paez, Valencia, Estado de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, Fax: + 58 (241) 857 07 83.
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en su respectivo país.
Ginebra, 17 de julio del 2002
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.