Guatemala: Ciudadanía en resistencia frente a la consolidación de un estado anti-democrático

La represión y criminalización sistemática en contra de quienes defienden derechos humanos ha forzado al exilio a 23 fiscales y juezas reconocidas por su labor independiente en defensa de una vida libre de corrupción e impunidad, desde abril de 2021. El clima de elevada conflictividad territorial auspiciado por el modelo de desarrollo extractivista por el que ha optado el Estado de Guatemala ha dejado en 2021 un total de 179 agresiones contra campesinos y líderes y lideresas indígenas que defienden la tierra, el territorio y el medioambiente. Al menos 15 han sido ya atacados entre enero y marzo de 2022.

“La situación de captura institucional que estamos viendo en Guatemala es muy grave porque tiene por finalidad garantizar impunidad y silenciarnos como sociedad civil. Nos preocupa especialmente el caso de la exfiscal Virginia Laparra, privada de libertad arbitrariamente desde hace más de tres meses, por denunciar actos de corrupción de un juez. Pedimos que sea liberada de manera inmediata” dice Jorge Santos, Coordinador General de la UDEFEGUA.

Han aumentado las agresiones y los hostigamientos misóginos y discriminatorios contra mujeres defensoras de derechos humanos: 71 entre enero y marzo de 2022. Es el caso de los ataques en contra de la exjueza Érika Aifán, la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leyli Santizo, las exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Xiomara Sosa, Paola Escobar, Aliss Morán y Virginia Laparra y, recientemente, la fiscal de derechos humanos Elena Sut Ren y la exfiscal general Claudia Paz y Paz.

Es por ello que el Observatorio junto a la UDEFEGUA publican hoy el informe “Una Deuda sin Saldar: Ciudadanía en Resistencia”, que denuncia el persistente incumplimiento de la normativa y estándares internacionales de protección a la defensa de los derechos humanos. Además, analiza los patrones de criminalización contra quienes defienden estos derechos y llama a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes para revertir la crisis de derechos humanos que se está viviendo en Guatemala. Esta nota actualiza y da continuidad al informe: “Guatemala: Una Deuda sin Saldar. Recomendaciones para una agenda pública que garantice el derecho a defender derechos humanos”, publicado en enero de 2021 y sobre el cual la misión pudo constatar que lamentablemente, no ha habido ningún avance en las recomendaciones allí realizadas.

Lea la actualización del informe en el sitio web de la OMCT y de la FIDH.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organización que proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para la generación de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos. La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

Para obtener más información, por favor contacten con:

• OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06
• FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• UDEFEGUA: Jorge Santos: +502 4297 0094