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08.12.20
Informes

México: Encubriendo la tortura: Complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República

¿Cómo ha sido utilizado el Protocolo de Estambul en México, como una herramienta para el acceso a la justicia o para ocultar casos de tortura?

Romper el ciclo de impunidad de la tortura depende de una investigación y documentación eficaces. Las evaluaciones médicas y psicológicas cuidadosas pueden proporcionar pruebas forenses poderosas para corroborar las denuncias de tortura y malos tratos. El objetivo de estas evaluaciones es que médicas, médicos, psicólogas y psicólogos bien capacitados e independientesrealicen entrevistas y exámenes exhaustivos, documenten todos los signos y secuelas de los abusosfísicos y psicológicos y presenten una declaración jurada médico-legal que documente susconclusiones. Estas declaraciones juradas, a su vez, deberían servir como prueba clave paraenjuiciar a los autores de la tortura, ayudar a las víctimas a obtener reparación en los tribunales civiles y aportar pruebas para poner fin al uso de la tortura.

En los últimos veinte años se han registrado muchos éxitos en el uso efectivo del Protocolo de Estambul como parte de los esfuerzos para eliminar el uso de la tortura. Se ha utilizado para capacitar a profesionales de la salud, abogados, jueces y activistas de derechos humanos en lainvestigación y documentación jurídica y clínica eficaces de la tortura y otras formas de malostratos.

Pero en algunos casos, como escriben los autores, “lejos de ser herramientas para el acceso a la justicia, se han convertido en una herramienta para ocultar casos de maltrato o tortura”. Y México ha proporcionado un estudio de caso país desgarrador desde principios del decenio de 2000 en las múltiples formas en que los profesionales forenses empleados por la PGR, ahora FGR, han incumplido grotescamente las normas de practica leal en sus declaraciones juradas respecto de las personas que afirman haber sufrido torturas cuando estaban bajo custodia de funcionarios del Gobierno.

A través de su meticuloso análisis, los autores de este estudio no sólo demuestran cómo un enorme porcentaje de víctimas de tortura y malos tratos en los casos que examinaron no tuvo acceso a un dictamen adecuado. Los autores consideran con razón que los expertos son responsables de los dictámenes que redactaron, firmaron y juraron, y piden que se les impongan sanciones.

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