Nicaragua: Represión y acoso en contra de personas defensoras de derechos humanos

Una coalición de organizaciones nacionales e internacionales han presentado un informe alternativo ante el Comité, a fin de expresar su preocupación por la falta de implementación de las recomendaciones por parte del Estado de Nicaragua a las observaciones realizadas por este Comité en 2009 y el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país.

En el informe se visibiliza que a raíz de las protestas de abril de 2018, se realizaron más de 1614 detenciones en los meses subsiguientes, de las cuales 119 eran mujeres. De estos, al menos la mitad fueron criminalizados por delitos de terrorismo, obstrucción de funciones, entre otros, siendo liberados en su mayoría con la Ley de Amnistía, que ha impedido la investigación de los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos. Asimismo, el documento afirma que el sistema de justicia no es independiente en Nicaragua y ha sido una pieza clave de la represión.

Este informe sobre el estado de cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha sido presentado al Comité por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, (El Colectivo) la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (INDDH), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM- Defensoras), el Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Unidad de Registro (UDR), con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

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