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Tras la transición democrática de 2018, el país tiene todavía que reformar su policía, su servicio de seguridad nacional y su sistema judicial y penitenciario. Todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley deben ser objeto de una profunda reforma estructural. La Unión Europea (UE) lleva más de dos decenios prestando ayuda a la transformación democrática de Armenia a través de su Política de Vecindad. Hay muchas recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) o del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), del Consejo de Europa, que aún no se han implementado, a pesar de que ambos órganos llevan años reiterándolas. La definición de la tortura del Código Penal armenio se ajusta ya a la de la Convención contra la Tortura, pero los casos de tortura se investigan todavía de acuerdo con las disposiciones sobre “abuso de poder” del Código Penal. Un aspecto positivo es que, en general, para los defensores y defensoras de los derechos humanos, la situación ha sido siempre favorable en Armenia. Por otro lado, la reforma prevista del sector de la justicia debe llevarse a cabo en estrecha consulta con la sociedad civil.