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De un vistazo

En 2014, el gobierno emprendió una campaña de represión sin precedentes contra la sociedad civil. Destacados defensores y defensoras de los derechos humanos se sumaron a otros presos y presas políticos en las cárceles azerbaiyanas por cargos penales falsos sobre irregularidades económicas. Aunque, gracias a la presión internacional, la mayoría están ya en libertad, tras pasar años en prisión, la situación de quienes defienden los derechos humanos sigue siendo precaria debido, entre otras cosas, a una legislación que impide a las ONG de derechos humanos inscribirse como tales en el registro, la congelación de sus cuentas bancarias, las severas limitaciones de su acceso a financiación extranjera, la falta de espacios públicos para celebrar actos de derechos humanos, los cierres de oficinas o la imposición de restricciones arbitrarias para viajar.

El hostigamiento de las voces disidentes no acaba en las fronteras del país, pues Azerbaiyán hace uso indebido de las órdenes de detención para intentar silenciar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y las figuras políticas de la oposición en el exilio. El país hace también caso omiso de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos. Azerbaiyán es el tercer país de la región, tras Turquía y Rusia, en lo que al número de periodistas en prisión se refiere. Las condiciones de reclusión siguen siendo terribles, por lo que el país tiene el mayor número de muertes bajo custodia de la región del Cáucaso Sur.

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