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Belarús es el único país del continente europeo que impone y ejecuta todavía la pena de muerte, y el único que no ha ingresado en el Consejo de Europa. Se ejerce una fuerte presión sobre la sociedad civil, y muchas organizaciones de derechos humanos han tenido que suspender sus actividades o exiliarse. Belarús no ha reformado su sistema penitenciario, heredado de la época soviética: no hay supervisión pública ni mecanismo nacional de protección. Tras denunciarse que las elecciones presidenciales del 9 de agosto estaban amañadas, han estallado grandes manifestaciones pacíficas, a las que las fuerzas de seguridad han respondido con violencia extrema. Ha habido incontables testimonios de malos tratos y tortura sistemáticos bajo custodia. La OMCT y su organización bielorrusa asociada, Viasna, están documentando casos para presentarlos ante los mecanismos de derechos humanos de la ONU.