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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 21 octubre, 1987. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 4 abril, 2006
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España

De un vistazo

A pesar de los compromisos contraídos por España en virtud del derecho internacional, incluida la Convención contra la Tortura, las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a represión de su libertad de expresión, insultos, descalificaciones, amenazas, actos de hostigamiento y detención basada en un uso indebido de la legislación penal, que recurre a definiciones penales como delito de odio, difamación o exaltación del terrorismo. En 2019, la OMCT hizo un llamamiento urgente sobre la criminalización de un activista de los derechos que denunciaba malos tratos en las prisiones.

Es también preocupante la cuestión de los abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza durante protestas pacíficas, en las que con frecuencia se registran incidentes violentos. Las autoridades españolas no llevan a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de uso frecuente de la tortura por parte de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y otros cuerpos de seguridad, especialmente bajo custodia. El Comité contra la Tortura (CAT) ha expresado su preocupación por que tales prácticas fomenten una cultura de impunidad entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Existen también importantes deficiencias en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, que encuentran con frecuencia obstáculos para presentar denuncias, acceder a las medidas de protección necesarias y obtener reparación. También en lo relativo al tratamiento a la población migrante, especialmente en los centros de detención (los conocidos como CIEs o CETIs) donde las denuncias por malos tratos contra las autoridades son constantes.

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