Alerta: Mantente informado sobre derechos humanos en nuestra página y redes sociales!
Omct individual regions map europe and central asia 01 01
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 12 enero, 1989. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 3 abril, 2013
Último examen 2017 Leer el último examen

Italia

De un vistazo

Italia ratificó la Convención contra la Tortura en 1989, pero no criminalizó la tortura hasta el 14 de julio de 2017. Sin embargo, la actual legislación no está a la altura de los estándares establecidos por los organismos internacionales y no cumple las normativas internacionales. Los primeros casos en los que se investigó a cargos públicos por el delito de tortura comenzaron en 2019 en relación con los casos de malos tratos y tortura que presuntamente tuvieron lugar en los centros penitenciarios de Turín y San Gimignano en 2018. El inicio de la pandemia de COVID-19 vino marcado por revueltas en 49 cárceles italianas. En varios casos hubo represalias violentas por parte de los servicios de seguridad penitenciarios. Las autoridades judiciales comenzaron a investigar cuando la organización no gubernamental Antigone, entre otras, denunció oficialmente los casos a la fiscalía.

La sociedad civil y los organismos internacionales han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la ausencia de aplicación del principio de no devolución en Italia. Son especialmente preocupantes las devoluciones forzosas de migrantes en situación irregular en aplicación de acuerdos bilaterales firmados con países como Sudán o Libia. Italia es el único país europeo que ha firmado con Libia un acuerdo específico para frenar el flujo de “migrantes ilegales”, lo cual plantea dudas sobre la complicidad y la responsabilidad de Italia en la tortura sistemática de migrantes a los que se devuelve a Libia. Otro asunto problemático es el procedimiento de expulsión de personas extranjeras por razones de seguridad nacional, de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 144/2005, que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha incumplido en varios casos la prohibición de la tortura y los malos tratos establecidos en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La situación del sistema penitenciario es también causa de profunda preocupación, especialmente debido a su saturación crónica. En 2013, con la sentencia piloto del caso Torreggiani y otros contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos instó a Italia a reducir su población reclusa. Las autoridades italianas, en línea con la sentencia, llevaron a cabo varias reformas que redujeron el índice de ocupación del 153% al 105% entre 2010 y 2015. Sin embargo, poco después las cifras comenzaron a aumentar de nuevo y a fecha de 29 de febrero de 2020 había 61 230 personas reclusas en las 50 931 plazas disponibles (un índice de ocupación del 120,2%). Teniendo en cuenta las plazas no disponibles en algunos centros penitenciarios a causa del cierre de secciones o de la realización de obras de renovación, Antigone ha calculado que el índice de ocupación es del 130%. La COVID-19 dejó patente la acuciante necesidad de reducir el número de personas reclusas para evitar más contagios y, en solo tres meses, la población reclusa se redujo de los 61 000 presos que había a finales de febrero a 52 600, a mediados de mayo.

A lo largo de los últimos años, la OMCT ha trabajado codo con codo con Antigone, miembro de la Red SOS-Tortura, para presentar información ante el Comité contra la Tortura de la ONU.

Miembros de nuestra red que trabajan en esta área

Regístrese ahora

Suscríbase para recibir nuestras últimas noticias y alertas