Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 8 deciembre, 1988. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 10 deciembre, 2003

Último examen 2019 Leer el último examen

Reino Unido

De un vistazo

A pesar de haber ratificado la Convención contra la Tortura en 1988, Reino Unido tiene todavía que hacer muchas mejoras para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. El Comité contra la Tortura (CAT) observó en 2019 que el país no cumple con su deber de investigar y enjuiciar todos los casos de presunta tortura y malos tratos y que algunas autoridades responsables presuntamente de tales delitos no han sido retiradas del servicio público. A pesar de las investigaciones abiertas, no se han iniciado enjuiciamientos por crímenes de guerra o tortura tras las denuncias de homicidios ilegítimos y tortura malos tratos cometidos por las fuerzas armadas de Reino Unido en Irak entre 2003 y 2009. Reino Unido no ha establecido una comisión bajo dirección judicial independiente para investigar denuncias de tortura cometida fuera del país, incluida la complicidad en ella, como resultado de intervenciones militares en Afganistán e Irak.

Se consideran preocupantes los procedimientos utilizados para identificar y tratar la apatridia en Reino Unido, pues, según informes, las personas que alegan la condición de apátridas continúan siendo sometidas a largos periodos de detención administrativa arbitraria. Otro problema es la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto en Irlanda del Norte, así como recientes declaraciones de altos cargos que afirman que están considerando la posibilidad de adoptar medidas para eximir de responsabilidad a las autoridades públicas. Los grupos paramilitares continúan actuando a modo de autoridades alternativas en determinadas zonas de Irlanda del Norte, donde imponen castigos causantes de mucho dolor y sufrimiento a personas acusadas de haber cometido algún delito, incluidos niños y niñas y jóvenes.