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Un gobierno cada vez más represivo y la pandemia de COVID-19 han creado el caldo de cultivo para que se cometan numerosas violaciones de derechos humanos en Serbia. Se tiene constancia de que el gobierno serbio controla las fuerzas policiales y el poder judicial, lo cual debilita más si cabe el Estado de derecho y el respeto de los derechos civiles y políticos, y aumenta la corrupción.
El balance de Serbia en materia de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad deja mucho que desear: condiciones insalubres en los centros de privación de libertad, conculcación del principio de no devolución, malos tratos contra solicitantes de asilo y ataques contra personas privadas de libertad y periodistas.
En 2020, se observó un incremento del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas organizadas para protestar contra las restricciones vinculadas a la pandemia.
Muchos cargos públicos y militares responsables de crímenes de guerra en los años 90 siguen a la espera de juicio y de condena. A pesar de que existe legislación en materia de reparaciones para las víctimas de crímenes de guerra, la ausencia de un marco jurídico adecuado y la falta de rendición de cuentas han hecho que solo unos cuantos supervivientes hayan podido acceder a estas reparaciones.