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Suiza es Estado Parte en la Convención contra la Tortura desde sus mismos comienzos y ha sabido aplicar medidas y políticas efectivas en su mayor parte para combatir todas las formas de tortura en su territorio. No obstante, la implementación de las normas de derechos humanos adolece todavía de algunas deficiencias, relativas principalmente a casos de inmigración y asilo. Hay presuntos casos de uso excesivo de la fuerza y conducta racista por parte de la policía y los servicios de inmigración, que no se comunican sistemáticamente a las autoridades, ni siquiera cuando hay pruebas médicas de lesiones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, en el caso de 2013 Dembele c. Suiza, la falta de investigaciones inmediatas y efectivas en tales situaciones. Hay también informes que muestran que, en particular cuando está sujetas al Convenio de Dublín, las personas migrantes indocumentadas son sometidas sistemáticamente a detención en algunos cantones, sin que esté presente ninguna persona de confianza o que preste asesoramiento jurídico en las vistas de niños y niñas no acompañados durante el procedimiento de asilo.