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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 11 enero, 1995
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Tayikistán

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Las autoridades llevan años reprimiendo duramente la oposición política y la independencia de la sociedad civil, a menudo valiéndose de la legislación antiterrorista. En un informe de la OMCT publicado en 2019 se determinó que la promulgación de una nueva ley de la abogacía, así como varios juicios secretos contra notables miembros de la profesión comprometidos con los derechos humanos, había dado lugar a una grave falta de profesionales del derecho. En 2018, el Comité contra la Tortura (CAT) condenó la impunidad de que gozaban las autoridades públicas responsables de actos de tortura, muertes bajo custodia inexplicables y condiciones inhumanas de reclusión. Al mismo tiempo, una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) contra la tortura ha servido de modelo a toda Asia Central por conseguir garantizar las primeras sentencias condenatorias dictadas contra miembros de los servicios de seguridad del Estado implicados en tortura.

Las autoridades han restringido cada vez más el espacio legal con que cuentan las organizaciones de derechos humanos y la abogacía independiente para prestar asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura. En particular, las reformas de, entre otras, la Ley de Asociaciones Públicas –promulgada presuntamente para combatir el blanqueo de dinero, el terrorismo y la financiación del terrorismo– han restringido gravemente la capacidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas para establecer y gestionar organizaciones de la sociedad civil sin injerencias indebidas. Asimismo, a varios órganos oficiales les han sido conferidos amplios poderes para realizar frecuentes e intrusivas inspecciones de las ONG. Por último, se ha procesado penalmente a periodistas y profesionales del derecho por defender a víctimas.

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