La lucha por los derechos humanos en Ecuador

¿Cuál es la situación actual de derechos humanos en Ecuador?

Ecuador atraviesa un momento crítico. La represión, el uso excesivo de la fuerza contra quienes protestan y las detenciones arbitrarias son una realidad que nos afecta a todos, y especialmente a quienes alzamos la voz por justicia. Existen narrativas y acciones legislativas que buscan limitar el ejercicio de derechos, así como la labor de las personas defensoras y las organizaciones sociales. La independencia judicial también está en riesgo ante las presiones del poder político por socavar su autonomía.

Vivimos bajo un estado de excepción que ha limitado derechos fundamentales y ha facilitado el despliegue de las fuerzas armadas en las calles. Se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos, como el caso de Las Malvinas, donde recientemente 16 militares fueron declarados culpables de la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores. A esta crisis se suma la violencia del crimen organizado, que se traduce en homicidios y control territorial, afectando gravemente la seguridad y la vida cotidiana de las personas y sus comunidades.

¿Qué obstáculos impiden la protección efectiva de los derechos humanos en Ecuador y qué se puede hacer?

Más allá de las violaciones concretas, la tendencia más preocupante es la construcción de narrativas que buscan legitimarlas. Cuando la sociedad comienza a tolerar la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o la negación de derechos en nombre de la seguridad, el riesgo es profundo. Frente a ello, la defensa de los derechos humanos no puede limitarse al litigio ni a las decisiones judiciales. Sin trabajo territorial y pedagogía social, incluso las conquistas legales más importantes pueden quedar en riesgo al no contar con apoyo social.

El desafío es reconstruir una cultura de paz desde abajo y en los territorios, escuchar las realidades de las personas atravesadas por la violencia. Defender derechos humanos exige comprender miedos, combatir narrativas, hablar con honestidad, aterrizar en la realidad y sostener la lucha aun en contextos de violencia extrema.

En su trabajo con personas privadas de libertad, ¿qué violaciones de derechos humanos observa y por qué persisten?

El sistema de rehabilitación social en Ecuador es profundamente obsoleto. La forma en que la sociedad enfrenta las transgresiones es enviando a las personas a prisión bajo la idea de “rehabilitación” o “reinserción”, un modelo que en la práctica falla por su estructura y limitaciones. La cárcel sigue siendo un instrumento que reproduce exclusión social y vulneraciones de manera sistemática. Esta lógica penal no solo impacta a quienes están privados de libertad, sino también a sus familiares, especialmente a las mujeres, que enfrentan estigmatización, miedo y precariedad.

A esto se suman condiciones de detención que constituyen graves violaciones de derechos humanos: tortura, malos tratos, negación de atención médica, hacinamiento y control de la población penitenciaria mediante violencia institucional. Las masacres carcelarias ocurridas en Guayaquil evidencian la fragilidad del sistema y su incapacidad para garantizar seguridad y dignidad a quienes están privados de libertad.

Ante el contexto actual, ¿cómo protegerse como personas defensoras, así como a las víctimas y sus familias?

Acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos no es solo presentar demandas, es estar con ellas, escuchar su dolor y sostener su lucha. Cada nuevo acompañamiento es un nuevo desafío, y como organizaciones y personas defensoras nos enfrentamos al desgaste emocional, limitaciones financieras, incremento de casos y falta de capacidad para responder a un número cada vez mayor de violaciones, lo que nos genera frustración, especialmente cuando los familiares necesitan respuestas inmediatas frente a situaciones que pueden tardar años en resolverse, como desapariciones forzadas o casos de violencia institucional. Sin embargo, intentamos equilibrar convicción con cuidado propio para no agotarnos.

Defender a las víctimas y a sus familias implica escucharlas, incluirlas en los procesos y validar sus experiencias, reconociendo sus miedos y su sufrimiento. Es un trabajo de paciencia, estrategia, cuidado y acompañamiento constante, donde cada pequeño avance cuenta y donde la justicia se construye juntos, paso a paso, con respeto, humanidad y compromiso profundo.

¿Qué mensaje de esperanza le gustaría compartir?

Mi esperanza es que esta lucha histórica por los derechos humanos no va a terminar conmigo, sino que va a seguir avanzando, y es ahí donde encuentro el sentido de mi labor. Lo importante es actuar y acompañar a quienes sufren, a las víctimas que esperan justicia, que siguen luchando porque sus hijos aparezcan, aun cuando el dolor es grande y las instituciones fallan, ellas siguen ahí y por eso debemos continuar.

En contextos de crisis, como los que vivimos, cuando los sistemas colapsan y no hay recursos ni respaldo político, surgen las mejores ideas desde la necesidad real de la gente. No podemos confiar solo en lo que ya se construyó ni pensar que funcionará por sí mismo; hay que volver a los territorios, escuchar a las comunidades, aprender de sus experiencias y reconstruir desde abajo. Tenemos la responsabilidad de sostener lo que funciona, y de transformar lo que está fallando, sin miedo, defendiendo los derechos humanos hasta donde nos sea posible.