Comunidades rurales de Cajamarca resisten el avance de la minería

¿Qué está sucediendo en el departamento de Cajamarca en relación con los derechos humanos y cómo se vincula esta situación con los conflictos socioambientales y la actividad minera en la región?

En Cajamarca, los derechos humanos se encuentran en una situación crítica debido a los conflictos socioambientales derivados de la actividad minera. Es esta región se alberga la mina Yanacocha, una de las más grandes de América Latina, la cual se ha denunciado por contaminación del agua, afectación a la salud y desplazamiento forzado en las comunidades.

Además, las comunidades nos hemos enfrentado a procesos de criminalización por defender el medio ambiente y nuestro territorio. Personas defensoras del medioambiente hemos sido objeto de actos de intimidación, procesos judiciales y represalias por oponernos a proyectos mineros como Conga, que amenazan fuentes de agua esenciales para la región. Muchas personas defensoras se ven forzadas a abandonar sus territorios o a resistir en condiciones de extrema vulnerabilidad. Mecanismos que deberían garantizar nuestra protección, como el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, no están funcionando en la práctica, al contrario se ha generado miedo, desmovilización y una profunda desconfianza por falta del actuar del Estado.

¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cajamarca, especialmente aquellos que se oponen a los proyectos mineros, y como esto ha afectado a las comunidades?

Enfrentamos diversas amenazas que ponen en riesgo nuestra integridad y labor. El Estado ha recurrido al sistema de justicia para presentar cientos de denuncias contra miembros de las rondas campesinas, con el objetivo de deslegitimar la labor de defensa. A través del uso indebido del derecho penal, y en alianza con intereses vinculados a la minería formal e ilegal, se ha acusado a personas defensoras de delitos como extorsión, usurpación o daños a la propiedad. Estas denuncias responden, en muchos casos, a la oposición a proyectos extractivos en nuestros territorios y al ejercicio legítimo de la justicia comunal. Casos extremos como los de Fernando Chuquilín Ramos y Eduardo Rodas Rojas, con cientos de denuncias en su contra, evidencian el uso sistemático de esta estrategia para silenciar la resistencia comunitaria.

Además, enfrentamos un escenario de constantes agresiones, amenazas y sentencias arbitrarias, como en el caso del periodista indígena César Estrada, condenado en 2017 a diez años de prisión junto a un líder rondero con pruebas manipuladas. Además, cuando las personas defensoras han sido agredidas, las denuncias son desestimadas por las autoridades y quedan en la impunidad como en el caso de la defensora Elita Yopla Herrera, agredida en varias ocasiones desde febrero de 2024.

¿En qué medida las empresas mineras y el gobierno regional están respondiendo a las demandas de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental y la destrucción de recursos naturales?

Ni las empresas mineras ni el gobierno regional han adoptado medidas efectivas para atender las demandas de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales. En materia de salud, las empresas se deslindan de su responsabilidad frente a las personas afectadas por metales pesados, cuyos tratamientos médicos son complejos y costosos. El Estado perúano, por su parte, limita la atención a centros de salud básicos que carecen de los medicamentos y recursos necesarios para atender estos casos. Esta ausencia de respuestas concretas refleja la grave desatención y abandono que sufrímos en las comunidades frente a los impactos mineros.

¿Cómo están respondiendo las comunidades de Cajamarca ante las amenazas a sus derechos, y qué formas de organización o resistencia están adoptando frente a la inacción o represión del Estado?

Frente a la ausencia del Estado en nuestros territorios, desde las rondas campesinas de Cajamarca nos hemos organizado para brindar acompañamiento y seguridad a nuestras comunidades, ejercer justicia comunal y sostener la defensa del territorio.

En el caso de las personas defensoras, ante las constantes amenazas y violaciones a derechos humanos, hemos impulsado acciones de visibilización y denuncia, presentando sus casos ante instancias internacionales de protección de derechos humanos, tanto del Sistema de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, a través de la organización comunal, implementamos mecanismos de vigilancia, acompañamiento y defensa colectiva para prevenir agresiones y amenazas. También ofrecemos asesoría legal frente a la criminalización, tanto en el sistema de justicia peruano como ante organismos internacionales.

¿Cómo puede la comunidad internacional solidarizarse con las comunidades de Cajamarca que defienden sus territorios frente a la minería, y las violaciones de derechos humanos?

La comunidad internacional puede solidarizarse visibilizando las violaciones que enfrentamos, emitiendo pronunciamientos para denunciar estas situaciones, y exigiendo al Estado perúano y las empresas mineras en el territorio el respeto a los derechos humanos. También es clave seguir recibiendo su acompañamiento y apoyo en el territorio, la observación y vigilancia de los procesos judiciales y el respaldo legal y organizativo a nuestras luchas por la defensa del territorio.

En contextos como el actual, donde el Estado aprueba iniciativas como la Ley APCI o promueve una ley que busca criminalizar la protesta pacífica mediante figuras como el “terrorismo urbano”, la comunidad internacional puede tener un rol crucial al respaldar nuestras denuncias y solidarizarse con nuestras exigencias.