Ucrania: Es necesario incluir a la población carcelaria en los planes de evacuación
Hoy que Ucrania ha sido objeto de un nuevo ataque militar por parte de la Federación de Rusia, resulta necesario garantizar la seguridad de los grupos más vulnerables de la población civil. Uno de estos grupos lo conforman personas sujetas a la responsabilidad de las autoridades estatales, a las que no se les permite abandonar el lugar en el que se encuentran sin una autorización judicial, una decisión administrativa o una disposición particular. Se trata de niños que permanecen en centros especializados, personas de edad avanzada que viven en hogares geriátricos, pacientes internados en hospitales psiquiátricos o centros de salud mental, y personas privadas de libertad en diferentes centros penitenciarios. Si el conflicto armado llegara a intensificarse, estas personas, que podrían ser decenas de miles, no tendrían ninguna posibilidad de ponerse a salvo por sus propios medios.
Si la historia reciente sirve de precedente, entonces existen verdaderas razones para preocuparse. En 2014-2015, durante los combates que azotaron la pequeña ciudad de Chornukhino, en la región de Donetsk, el personal del centro penitenciario de Chornukhinska n° 23 escapó sin alertar a los reclusos del peligro inminente y sin darles ninguna instrucción. Las 700 personas privadas de libertad del centro, entre ellas varios enfermos de tuberculosis y VIH que necesitaban tratamiento médico, quedaron abandonadas a su suerte.
Algunos reclusos terminaron en campos de minas y murieron
Cuando comenzaron los bombardeos en el centro ─lo que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe los ataques contra la población civil─ varios reclusos escaparon. Algunos de ellos terminaron en campos de minas y murieron, otros fueron capturados por las milicias locales prorrusas y enviados a cavar trincheras y a combatir por las “repúblicas” separatistas de Donetsk y Lugansk. Algunos, sin embargo, lograron llegar a los puntos de control del Ejército ucraniano y fueron enviados a diferentes prisiones situadas en territorios controlados por el Gobierno.
Esta información me la facilitó un recluso durante la visita a una prisión de la región de Donetsk que realizamos en la primavera de 2015 en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención. Por suerte, el hombre, que había vivido en carne propia algunos de estos sucesos, logró sobrevivir y llegar a un punto de control ucraniano.
Existe la posibilidad de que no se evacuen las prisiones
Ante esta desafortunada experiencia, mis colegas de la Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law Enforcement (UMDPL), que forma parte del MNP ucraniano, han planteado este asunto a las autoridades, y les han recordado su obligación legal de tomar las medidas necesarias para brindar la protección del Estado a todas las poblaciones vulnerables, y evitar repetir los errores pasados. Las autoridades ucranianas dieron una respuesta tranquilizadora y afirmaron que ya se han establecido todas las normativas jurídicas pertinentes y que se han creado varias comisiones responsables de asegurar la evacuación.
Sin embargo, aunque la versión oficial parezca satisfactoria, las versiones del personal penitenciario durante las visitas del MNP eran muchísimo menos optimistas.
La mayoría de los miembros del personal no sabe qué hacer en caso de evacuación de emergencia
La mayoría de los miembros del personal no sabe qué hacer en caso de evacuación de emergencia. Las disposiciones relativas al transporte de los reclusos las toman las autoridades locales, quienes, en primer lugar, protegerían y evacuarían a los funcionarios y a sus familiares ─lo que es comprensible─, antes de evacuar al resto de la población civil. Como sucedió en 2014-2015, en Donbass, la evacuación de los centros penitenciarios podría simplemente no llevarse a cabo. En aquella época, las regiones de Donetsk y Lugansk contaban con 36 centros, incluidos los centros penitenciarios para menores y mujeres. La mayoría de estas instalaciones, 28 en total, terminaron en territorio ocupado y 15 000 personas tuvieron que permanecer allí.
Con base en esta experiencia, las autoridades ucranianas deben tomar medidas urgentes para incluir a la población carcelaria y a las personas que viven en centros cerrados en los planes de evacuación. Para ello, es necesario indicar al personal penitenciario los protocolos de evacuación de las zonas de riesgo, comunicarles los planes de evacuación, facilitar el transporte necesario, y brindar apoyo en materia de logística para estos grupos de personas. Además, el Comisionado del Parlamento Ucraniano para los Derechos Humanos debería ejercer un control parlamentario sobre las medidas que adoptan las autoridades locales y el Gobierno para garantizar la seguridad de los grupos más vulnerables que viven en centros cerrados. Las personas privadas de libertad son civiles y, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a recibir la protección del Estado, tanto en tiempos de paz como en tiempos de emergencia militar.
Vadym Pyvovarov es director ejecutivo de la Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law Enforcement (Association UMDPL), miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT.