“Lo que realmente ocurre en los lugares donde nadie mira”: Entrevista a una defensora de derechos humanos argentina

¿Cómo es el clima actual de derechos humanos en Argentina?

Los derechos humanos en Argentina están en retroceso y enfrentan desafíos graves. Se producen represiones a la protesta, que derivan en detenciones arbitrarias y personas heridas, así como un aumento de los niveles de violencia y de la sobrepoblación en las cárceles.

El Índice Global de la Tortura de la OMCT clasifica el nivel de riesgo de tortura en Argentina como considerable. ¿Por qué?

Dentro de los lugares de detención, en particular en las comisarías, existe un uso abusivo de la fuerza que puede constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La sobrepoblación extrema también genera condiciones de violencia extrema, y han surgido nuevas formas de encierro restrictivo, acompañadas de denuncias de violencia, como los graves casos registrados en la provincia de Santa Fe, donde en marzo de 2024 se reportó un episodio de tortura que involucró a 160 personas detenidas.

¿Cuáles son los principales obstáculos para abordar esta violencia?

En los lugares de detención, las víctimas carecen de la posibilidad de denunciar por miedo a represalias. En Argentina no existe protección para las personas que denuncian abusos mientras se encuentran detenidas, y además hay una falta de compromiso y de eficiencia en las investigaciones judiciales, lo que perpetúa la impunidad.

Y la impunidad es la condición que permite que la tortura exista.

¿Qué cambios son necesarios para garantizar más investigaciones y condenas en casos de tortura?

Es necesario, ante todo, un compromiso del Ministerio Público Fiscal. Para ello, las y los fiscales deben recibir formación y sensibilización sobre qué es la tortura. Se necesita protección para las personas detenidas, para que se animen a superar el miedo y denunciar los abusos. También se requiere protección para las familias de las personas detenidas que acompañan los casos cuando se denuncia tortura. Un caso de tortura no termina cuando ocurre el hecho: continúa tanto para las víctimas como para sus familias. Es fundamental que cuenten con protección y seguridad.

El Índice destaca los esfuerzos del gobierno por desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Qué significa esto para Argentina?

Este desmantelamiento llevado adelante por el gobierno de Javier Milei implica que se redujeron lasreparaciones para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de 1976-1983, ni para las víctimas de la violencia institucional. Se han desmantelado archivos de la memoria, que son fundamentales para aportar documentación a las causas en curso en Argentina. Además, se instala un discurso negacionista sobre la violencia estatal durante la dictadura, que deriva en la negación de las 30.000 personas desaparecidas y vuelve a reforzar la idea de impunidad.

¿Cómo fue la revisión de Argentina ante el Comité contra la Tortura de la ONU?

Esta revisión es particularmente importante porque se da en un contexto de retroceso. Argentina ha tenido históricamente violaciones a los derechos humanos, pero también avances, así como un fuerte activismo de la sociedad civil y políticas de protección de derechos humanos. Hoy todo eso está en riesgo, por lo que esta revisión cobra aún mayor relevancia. El Comité mostró una gran apertura y disposición para comprender en profundidad los problemas de derechos humanos en Argentina y para entender la perspectiva, las denuncias y las problemáticas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil. Las observaciones del Comité nos permitirán actualizar la agenda de derechos humanos en Argentina.

¿Qué mantiene en pie a la sociedad civil de su país a pesar de las dificultades?

Tenemos una responsabilidad muy importante como organizaciones de la sociedad civil. Sabemos lo que realmente ocurre en los lugares donde nadie mira. Debemos denunciar los abusos, llegar hasta el final en la búsqueda de la verdad, dar a conocer lo que está pasando y no bajar los brazos. Argentina tiene una larga tradición de activismo, y debemos sostenerla.