El Salvador: la persecución contra personas defensoras alcanza un nuevo umbral
- La abogada y defensora de los derechos humanos Ruth López fue detenida sin orden judicial. Desaparecida desde hace más de doce horas, permanece detenida sin cargos.
- En el contexto de un estado de emergencia, la aprobación de la nueva ley de «agentes extranjeros» restringe aún más el espacio para la sociedad civil en El Salvador.
- La FIDH y la OMCT, a través de su programa conjunto del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, hacen un llamado a las autoridades salvadoreñas para que la liberen inmediatamente y a la comunidad internacional para que no permanezca en silencio frente a la continua persecución de las personas defensoras de derechos humanos.
28 de mayo de 2025 — París, Ginebra - La arbitrariedad se convierte en la norma para silenciar las voces independientes en El Salvador. El 18 de mayo de 2025, a las 23 horas, Ruth López, reconocida abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, fue detenida en su domicilio por la Policía Nacional Civil. Privada de contacto con su familia y sus abogados por más de doce horas, fue trasladada sin explicación a través de varios centros de detención. Hasta la fecha, no se le han formulado cargos de manera oficial, aunque la Fiscalía la acusa públicamente de malversación de fondos.
«Lo que está sufriendo Ruth López no es un caso aislado: es una estrategia de terror destinada a silenciar a quienes se atreven a decir la verdad», declaró Jimena Reyes, responsable de la oficina para las Américas en la FIDH.
Cristosal, fundada por obispos anglicanos y comprometida con la defensa de personas desplazadas, perseguidas o en situación de vulnerabilidad, está ahora en la mira de las autoridades. Su labor se vuelve cada vez más difícil en un país que se hunde en el autoritarismo. Cristosal se une así a otras organizaciones señaladas por el gobierno, como la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). La libertad de prensa también está amenazada, con recientes agresiones a periodistas del medio de comunicación en línea El Faro, tras la revelación de presuntos vínculos entre el gobierno y estructuras del crimen organizado. La última ofensiva registrada: la adopción, el 20 de mayo de 2025, de la “Ley de Agentes Extranjeros”, una legislación liberticida que amenaza la supervivencia financiera y la existencia misma de la sociedad civil independiente.
«Estamos presenciando una instrumentalización alarmante del derecho penal para silenciar voces críticas. Este clima de miedo es incompatible con cualquier Estado de derecho o democracia», declaró Gerald Staberock, director de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Una ley para silenciar a la sociedad civil
Aprobada con carácter de urgencia, la “Ley de Agentes Extranjeros” obliga a las ONG que reciben financiamiento internacional a registrarse como tales, bajo pena de sanciones. Se impone un impuesto del 30 % sobre estos fondos, y se prohíbe cualquier actividad considerada política, una formulación ambigua que deja margen a la más absoluta arbitrariedad. Este texto se inspira en leyes ya utilizadas para reprimir los contrapesos en regímenes autoritarios, como en Nicaragua, y marca una nueva etapa en la criminalización de la solidaridad en El Salvador, bajo régimen de excepción desde 2022.
–
Contacto prensa FIDH:
Carlos Lancho: +34 6 67 83 99 50 | cmlanchobances@fidh.org | @FIDH_es
Contacto prensa OMCT:
Olga Guzman Vergara, Responsable de la région de America Latina | ogu@omct.org | @OMCTorg
