El Salvador: Gobierno profundiza patrón autoritario frente al descontento social

En los primeros días de mayo, ante el descontento social por el cierre de una vía estratégica que conecta el occidente y oriente del país, el gobierno intentó mitigar la situación ofreciendo una semana de transporte público gratuito. Según reportes de diversos medios, la medida se anunció sin coordinación previa con el gremio de transportistas, lo que provocó deficiencias en el servicio durante las primeras horas y generó malestar entre los usuarios.

Ante las quejas de la población, el gobierno respondió ordenando la detención de 16 transportistas, a quienes se les atribuyeron delitos sin una base fáctica clara o sustento legal. Por ejemplo, se les imputó el delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 321 del Código Penal, el cual aplica exclusivamente a funcionarios públicos, empleados del Estado o agentes de autoridad, y no a particulares como los concesionarios de transporte.

Días después de su detención, uno de los transportistas falleció bajo custodia estatal en un centro de detención de la Policía Nacional Civil. Aun no se conoce la causa del deceso, pero es importante destacar que ocurrió en el contexto de cientos de denuncias sobre condiciones de detención que constituyen tortura u otros malos tratos y que se han agravado con el hacinamiento derivado del régimen de excepción. A la fecha, este régimen ha provocado más de 85 mil detenciones arbitrarias y cerca de 400 muertes bajo custodia estatal, según organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades salvadoreñas no han realizado investigaciones efectivas e independientes sobre estos decesos.

El 12 de mayo, el Estado reprimió una protesta pacífica de más de 300 familias de la comunidad El Bosque, en el municipio de Santa Tecla, quienes se movilizaron para exigir una solución al gobierno frente a un desalojo inminente. Por primera vez, las autoridades desplegaron a la Policía Militar —una fuerza sin competencia legal para el control del orden y seguridad pública— para dispersar a las y los manifestantes, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil. La intervención concluyó con el uso abusivo de la fuerza que resultó en agresiones físicas contra las personas manifestantes, que incluyeron golpes y empujones y la detención arbitraria del defensor y ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez.

“La represión no debe ser la respuesta a demandas sociales legítimas. Lejos de ofrecer una solución al fondo de las demandas, aumenta la tensión y deteriora la confianza en las instituciones. El uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestan pacíficamente, la criminalización de quienes defienden derechos humanos y la instrumentalización del sistema penal para aplacar las demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta del Estado frente al descontento de la población. Gobernar no debe ser sinónimo de reprimir.”, señalaron las representantes de las organizaciones firmantes.

Horas después de estas acciones, el presidente Nayib Bukele anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que impondría un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales, bajo el argumento de que estas “manipulan” a la población. De concretarse, esta normativa constituiría un nuevo y grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos, al debilitar la labor de las organizaciones que actualmente acompañan a las constantes y numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

Con esta ley, el gobierno no solo busca silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia y acompañamiento. Acceder a recursos financieros de diversas fuentes, incluidas fuentes internacionales, sin restricciones indebidas es un componente del derecho a la libertad de asociación, el cual es un derecho humano reconocido internacionalmente. También hemos visto en otros contextos cómo restricciones indebidas sobre los recursos de las organizaciones no gubernamentales llevan inevitablemente a más dificultades para que las personas accedan a sus derechos económicos y sociales como la salud y la educación. Todas estas son áreas en los que los gobiernos deben enfocarse y en las que el presidente Bukele en particular pretende erigirse como un buen ejemplo en la región, pero, en su lugar, hace justamente todo lo contrario”, advirtió Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.

Las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social, el uso ilegítimo de fuerzas militares y los intentos de restringir indebidamente o castigar el trabajo de quienes acompañan a víctimas de abusos estatales constituyen violaciones graves a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes exigen al Estado salvadoreño a que libere inmediatamente a las personas detenidas solo por ejercer sus derechos, a la vez que inicie sin dilación una investigación efectiva e independiente sobre la muerte del transportista que estuvo bajo custodia estatal, cree medidas para canalizar las legítimas demandas sociales garantizando los derechos de las personas que alzan su voz, y que el Estado desista de cualquier intento legislativo que procure sancionar el trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y de quienes acompañan a víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

“Las autoridades deben retroceder en su esfuerzo por silenciar y estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos y desistir de limitar el espacio en el que todas las personas pueden expresar sus opiniones libremente, utilizando todos los mecanismos legales a su alcance para evitar la aprobación y la implementación de cualquier ley que configure una herramienta para desmantelar, silenciar y castigar a las organizaciones de la sociedad civil.”, expresaron las representantes de las organizaciones que respaldan el presente pronunciamiento.

1. Article 19
   
2. Aministía Internacional
   
3. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
   
4. IM Defensoras
   
5. Latin America Working Group (LAWG)
   
6. Robert F. Kennedy Human Rights
7. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
8. ProDESC
9. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)