Colombia: Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, hacemos un llamado urgente a reconocer la persistencia de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en Colombia, así como a aprovechar la coyuntura actual para avanzar hacia su erradicación definitiva.

De acuerdo con el Índice Global de la Tortura 2026 de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Coalición Colombiana Contra la Tortura, Colombia es clasificada como un país con riesgo alto de tortura y malos tratos, lo que evidencia la gravedad y recurrencia de esta problemática en diversos contextos. El índice documenta que estos hechos ocurren especialmente en operaciones policiales, contextos de detención y situaciones vinculadas al conflicto armado, afectando de manera desproporcionada a jóvenes, personas indígenas, afrodescendientes, población LGBTQIA+ y migrantes. Asimismo, persisten factores estructurales como el hacinamiento carcelario —que supera el 127% de la capacidad— y la falta de garantías básicas para las personas privadas de la libertad.

El Índice también advierte preocupaciones críticas sobre el uso excesivo de la fuerza durante detenciones y protestas, así como la persistencia de violencia sexual, desapariciones forzadas y otras formas de abuso que reflejan fallas estructurales en los mecanismos de control estatal y rendición de cuentas. Estas dinámicas han sido corroboradas por organismos internacionales, que han señalado la insuficiencia de investigaciones efectivas y la persistencia de la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos en contextos de protestas sociales.

Frente a este panorama, es imprescindible reconocer el papel fundamental que ha desempeñado la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT), una articulación de organizaciones de derechos humanos que, durante años, ha documentado casos, visibilizado patrones de violencia y presentado informes alternativos ante el sistema internacional. Su incidencia ha permitido visibilizar graves deficiencias en la prevención, investigación y sanción de la tortura, incluyendo el subregistro de casos, la falta de herramientas de monitoreo estatal y altos niveles de impunidad. La CCCT ha sido clave en posicionar el tema en la agenda pública y en impulsar reformas normativas e institucionales orientadas a garantizar justicia y reparación para las víctimas.

Hoy, Colombia enfrenta una oportunidad histórica. La reciente ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura compromete al Estado a crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), con facultades para realizar visitas periódicas, independientes y sin previo aviso a todos los lugares donde haya personas privadas de la libertad. Este mecanismo constituye una herramienta clave para identificar riesgos, formular recomendaciones y transformar las condiciones estructurales que permiten la ocurrencia de actos de tortura.

La creación de un MNPT en Colombia no solo responde a una obligación internacional, sino que constituye un paso decisivo para fortalecer la institucionalidad democrática. Un mecanismo independiente, con recursos adecuados y con participación efectiva de la sociedad civil, puede convertirse en un instrumento decisivo para prevenir la tortura desde un enfoque estructural, más allá de la mera sanción posterior.  

Adicionalmente, el MNPT podría desempeñar un rol estratégico en el monitoreo de otras situaciones de riesgo, como el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Las denuncias de abusos, incluidos tratos degradantes, violencia sexual y uso desproporcionado de armas menos letales, evidencian la necesidad de contar con mecanismos independientes que supervisen la actuación estatal en estos escenarios. La observación sistemática de estos contextos contribuiría a prevenir violaciones, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.  

En este día, reafirmamos que la erradicación de la tortura exige no solo voluntad política, sino acciones concretas y sostenidas. Por ello:

• Exhortamos al Gobierno colombiano actual y los que le sucedan, a establecer sin demora el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, garantizando su independencia, recursos suficientes y participación plural de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
• Instamos a fortalecer los sistemas de investigación y sanción, asegurando que todos los casos sean esclarecidos y que las víctimas accedan a justicia y reparación integral.
• Subrayamos la importancia de incorporar el monitoreo del uso de la fuerza en protestas como parte de una política integral de prevención.

La memoria y la dignidad de las víctimas de tortura exigen un compromiso decidido. Colombia cuenta hoy con el marco normativo necesario para avanzar hacia un país donde la tortura no tenga cabida. El desafío, ahora, es convertir los compromisos en realidades tangibles.