Grupo de litigantes contra la tortura se pronuncia ante la masacre en Alemão y Penha, Río de Janeiro
COMUNICADO CONJUNTO DEL GRUPO DE LITIGANTES CONTRA LA TORTURA ANTE LA MASACRE EN LOS COMPLEJOS DE ALEMÃO Y PENHA, RÍO DE JANEIRO
30 de octubre de 2025 - Nosotras y nosotros, integrantes del grupo de litigantes contra la tortura en América Latina, expresamos nuestra profunda preocupación y solidaridad con las comunidades de los complejos de Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, y con las organizaciones y defensoras de derechos humanos que acompañan la situación en territorio.
Según cifras actualizadas por la Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro, al menos 132 personas fueron asesinadas y 81 detenidas durante el operativo policial realizado el 28 de octubre. Diversas fuentes confirman que el operativo involucró a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad y se ejecutó en zonas densamente pobladas, afectando de manera directa a residentes, familias y servicios básicos. Las consecuencias humanas y comunitarias de este despliegue son extremadamente graves.
Manifestamos nuestra preocupación por la falta de independencia en la investigación de estos hechos, dado que el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro participó en la operación. Por ello, respaldamos la exigencia de organizaciones y defensoras locales para que la Policía Federal asuma la investigación, garantizando peritajes y procedimientos independientes, imparciales y técnicamente rigurosos, que permitan esclarecer responsabilidades y evitar la impunidad.
Del mismo modo, alertamos sobre la criminalización de residentes y personas defensoras de derechos humanos que, en un esfuerzo humanitario y comunitario, se ofrecieron para localizar y retirar los cuerpos de personas ocultadas en zonas boscosas. La Policía Civil ha anunciado que estas personas serían procesadas por “fraude procesal”, lo cual representa un grave intento de silenciar, intimidar y obstaculizar la labor de quienes buscan la verdad y la recuperación digna de sus seres queridos.
Nos preocupa profundamente el uso político de esta masacre para avanzar discursos y reformas regresivas. El gobierno de Río de Janeiro y vocerías estatales están utilizando estos hechos para fortalecer la narrativa del “narcoterrorismo”, este discurso, además de simplificar la complejidad del conflicto urbano, justifica la militarización permanente y naturaliza la violencia desproporcionada contra comunidades racializadas bajo el pretexto de la seguridad.
Demandamos:
Investigaciones inmediatas, independientes y efectivas bajo responsabilidad de la Policía Federal, sin interferencia de autoridades involucradas en la operación, con perspectiva intercultural e interseccional.
Garantías de protección y no criminalización para residentes y personas defensoras de derechos humanos que actúan en labor humanitaria.
La participación de mecanismos y observadores internacionales, incluyendo relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para monitorear la situación y las investigaciones.
El rechazo firme y articulado a cualquier intento de ampliar legislaciones antiterroristas que pongan en riesgo la protesta social, la acción comunitaria y la defensa de los derechos humanos.
La respuesta estatal a la violencia no puede basarse en masacres, militarización y estigmatización de comunidades históricamente empobrecidas y racializadas. La seguridad pública no puede construirse desde la brutalidad y el terror. Un enfoque que criminaliza organizaciones sociales y defensoras no solo es ilegítimo, sino incompatible con un Estado democrático.
Nos solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros defensores de derechos humanos en Brasil y ponemos nuestras capacidades de litigio y articulación internacional a disposición de este esfuerzo colectivo por la verdad, la justicia y la dignidad.
Organizaciones firmantes:
- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)- México
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- Argentina
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)- Perú
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil)- Ecuador
- Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)- Colombia
- Conectas Direitos Humanos- Brasil.
- Cristosal- Centroamérica
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)- Colombia
- Sociedad de Profesionales por la Dignidad y la Justicia (IUS Dignitias)- Guatemala
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Xumek- Argentina