Honduras: Organizaciones internacionales de la Misión de Observación respaldan el llamado del GIEI respecto de la impunidad persistente en el caso del asesinato de Berta Cáceres

La Misión de Observación Calificada fue creada en el marco de los procesos judiciales celebrados en 2018 y 2021 contra los autores materiales e intermedios del crimen, con el objetivo de observar el desarrollo de los juicios conforme a estándares internacionales de independencia judicial, debido proceso y acceso a la justicia. Desde entonces, las organizaciones que conformen la Misión ha dado seguimiento al caso, en atención a su carácter emblemático a nivel nacional, regional y mundial, particularmente en lo que respecta al acceso a la justicia para mujeres indígenas defensoras de derechos humanos y del territorio, quienes enfrentan formas agravadas y diferenciadas de violencia.

Del análisis de las conclusiones del GIEI se desprende que el asesinato de Berta Cáceres constituye una grave violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación, al derecho a defender derechos humanos y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, ambos ratificados por el Estado de Honduras. El crimen debe ser calificado jurídicamente como el resultado de un patrón de violencia estructural, persecución sistemática y criminalización, y no como un hecho aislado atribuible exclusivamente a autores materiales.

El informe del GIEI acredita la existencia de una estructura criminal organizada, con división de funciones y control jerárquico, integrada por autores materiales, intermediarios, actores empresariales, financieros y agentes estatales, orientada a neutralizar la oposición social al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En este marco, el informe aporta elementos suficientes para sustentar la responsabilidad penal por autoría intelectual respecto de quienes ordenaron, financiaron y facilitaron la comisión del crimen mediante el uso de estructuras empresariales y financieras.

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el GIEI establece la responsabilidad internacional del Estado hondureño por incumplimiento del deber de prevención, protección e investigación, en tanto agentes estatales —incluidos órganos de inteligencia militar— tuvieron conocimiento previo, real y suficiente del riesgo extraordinario que enfrentaba Berta Cáceres y del plan para asesinarla, sin adoptar medidas Misión de Observación Calificada www.observacionbertacaceres.orgadecuadas, oportunas y efectivas para salvaguardar su vida. Esta omisión configura una violación al estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos que involucran a personas defensoras de derechos humanos, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El informe documenta asimismo la desviación y el uso ilícito de recursos financieros provenientes de préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales de desarrollo, en particular el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales fueron utilizados para financiar actividades ilegales, incluyendo vigilancia, inteligencia, intimidación armada y el pago del asesinato de Berta Cáceres. Estos hechos comprometen la responsabilidad de actores financieros por incumplimiento de obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos, prevención del lavado de activos y control del financiamiento ilícito, conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La Misión de Observación Calificada recuerda que, como resultado de su observación directa de los juicios, realizó reiterados llamados al Estado hondureño para que profundizara las investigaciones penales y avanzara hacia la identificación, imputación y juzgamiento de los autores intelectuales y financieros del crimen. Estas recomendaciones se formularon conforme a los estándares interamericanos que exigen investigaciones exhaustivas, imparciales y orientadas al esclarecimiento integral de la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, la Misión valora que la publicación del informe del GIEI haya generado un renovado escrutinio público e institucional sobre el caso, y reitera el llamado al Estado de Honduras a cumplir de manera integral y de buena fe con la obligación de implementar las conclusiones y recomendaciones del Grupo, como parte de su deber de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

A casi diez años del asesinato de Berta Cáceres, persiste el incumplimiento del deber de reparación integral, en tanto no se ha reconocido ni restituido el territorio indígena lenca de Río Blanco, se mantiene vigente la concesión del proyecto Agua Zarca, no se ha sancionado a la totalidad de los responsables y no se han adoptado garantías estructurales de no repetición que desmantelen los mecanismos de criminalización y violencia contra personas defensoras, en particular mujeres indígenas.

Las organizaciones que formaron la Misión de Observación Calificada sostienen que el informe del GIEI constituye una base probatoria sólida y suficiente para la reapertura, ampliación y profundización de las investigaciones penales y para la activación de mecanismos de responsabilidad nacional e internacional. La falta de cumplimiento de estas obligaciones perpetúa la responsabilidad internacional del Estado hondureño y consolida un entorno de riesgo estructural para quienes defienden los derechos humanos, los territorios y los bienes comunes.

Firmantes:

1. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH),
2. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Compañía de Jesús (ERIC-SJ),
3. La Federación Internacional por los Derechos Humanos en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (FIDH),
4. Fundación Abogacía y Derechos Humanos,
5. Misión de Observación Calificada, Causa Berta Cáceres,
6. National Lawyers Guild (NLG),
7. La Organización Mundial Contra la Tortura en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT),
8. Protection International (PI),
9. Plataforma Internacional contra la Impunidad,
10. Western New England, School of Law and Global Justice Clinic (WNE).