EE.UU.: Llamado urgente a la rendición de cuentas ante las violaciones de derechos humanos derivadas de la política migratoria de Estados Unidos

5 de febrero de 2026 – La criminalización de las personas migrantes en EE.UU. y la estigmatización de quienes protestan contra la actual política migratoria han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra migrantes y ciudadanos estadounidenses. Durante el primer año del segundo mandato de Trump, la narrativa deshumanizante contra los migrantes indocumentados, a menudo con claros matices de discriminación racial, se ha materializado en redadas contundentes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las personas detenidas, incluidos niños, han sufrido condiciones punitivas en prisiones federales, centros temporales de procesamiento y centros de detención. Las personas migrantes son obligadas a dormir en el suelo, se les niega acceso a alimentos y agua, atención médica, y son sometidas a confinamiento solitario. Al mismo tiempo, acciones ejecutivas en violación del debido proceso han llevado a personas a ser deportadas a terceros países donde con frecuencia son detenidas. Según lo documentado por organizaciones de derechos humanos, al menos 30 muertes ocurrieron en instalaciones del ICE en 2025 y seis en 2026.

El Centro para las Víctimas de la Tortura (CVT), fundado en Minnesota en 1985, informó que cinco sobrevivientes de tortura que estaban recibiendo rehabilitación en el centro mientras esperaban una decisión sobre su petición de asilo fueron arrestados y trasladados a Texas para ser deportados. “Tememos que los casos simplemente se cancelen administrativamente y sean deportados sin poder presentarse frente a un juez o sin el debido proceso”, declaró Sara Nelson, gerente de programa del CVT, a CNN. Si son devueltos a los países de los que huyeron, es probable que vuelvan a ser torturados, señaló Nelson: “Las personas van a morir, para ser totalmente franca”.

El despliegue generalizado del ICE y de la policía fronteriza en todo el país ha resultado en detenciones arbitrarias e ilegales, justificadas en gran medida solo en la sospecha del estatus migratorio de las personas. Elementos clave del debido proceso, incluido el acceso rápido a representación legal y la posibilidad de apelar decisiones judiciales, han sido ampliamente ignorados. Las políticas del gobierno estadounidense en materia de deportaciones también violan el principio de no devolución (non-refoulement), ya que no contemplan una evaluación individual sistemática de los riesgos de ser sometido a tortura u otros malos tratos tras la expulsión.

Asimismo, los informes sobre la detención de familias y niños —incluidos bebés, niños de tan solo dos años e incluso madres lactantes— en el centro de detención “familiar” de Dilley, en Texas, son motivo de grave preocupación. Esto resulta especialmente alarmante dado el intento, aún en curso, de poner fin a la financiación federal para servicios legales destinados a infancias no acompañadas en procedimientos migratorios, lo que ya ha afectado a 26,000 infancias. Simultáneamente, el gobierno federal trabaja para poner fin al Acuerdo Flores, una salvaguarda legal que prohíbe la detención indefinida de infancias y exige que sean detenidas en condiciones que respeten su dignidad. Profesionales de la salud, defensores de la niñez y otros han documentado los profundos daños que sufrirían las niñeces si el gobierno logra poner fin a dicho acuerdo.

También observamos con preocupación que espacios inadecuados, como la base militar de Fort Bliss en El Paso, e incluso la prisión de Guantánamo, están siendo utilizados para albergar a personas detenidas por agentes de inmigración.

Las muertes de Renée Good, Keith Porter Jr. y Alex Pretti a manos de agentes del ICE, durante redadas en Minnesota y California, de las repercusiones que la política migratoria de Trump ha tenido sobre la vida de todas las personas en EE.UU., independientemente de su estatus migratorio.

La represión de las protestas tras las muertes de Good, Porter y Pretti demuestra la reducción del espacio cívico en EE.UU., como ya lo había señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La represión constante contra los manifestantes en Minnesota probablemente tendrá un efecto inhibidor, que obstaculizará significativamente la libertad de expresión y la libertad de asociación en todo el país. En las acciones que los agentes del estado han tomado en contra los manifestantes se han observado patrones consistentes con el uso ilegal de la fuerza, incluidos irritantes químicos, porras y proyectiles de impacto cinético. Hemos observado que la mayoría de los agentes del ICE portan armas de fuego; las armas de fuego nunca deben utilizarse en la vigilancia de protestas. Solo deben emplearse como último recurso para proteger la vida frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Todo uso de la fuerza debe estar sujeto a investigaciones independientes e imparciales, y los funcionarios deben rendir cuentas por el uso indebido de la fuerza.

En virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, Estados Unidos está estrictamente obligado por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en la vigilancia de asambleas. Las Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen claramente que las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso para proteger la vida frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden señalan que “el uso de armas de fuego para dispersar una asamblea es siempre ilegal”. El Protocolo Modelo para que los Agentes del Orden Promuevan y Protejan los Derechos Humanos en el Contexto de las Manifestaciones Pacíficas subraya que el papel de las fuerzas del orden es facilitar y proteger las protestas, no reprimirlas. Además prioriza el diálogo, la reducción de las tensiones y la rendición de cuentas, y exige supervisión independiente de las fuerzas de seguridad.

Por lo tanto, instamos a las autoridades estadounidenses a:

1. Poner fin a la actual política de deportaciones masivas y adoptar una política migratoria alineada con las normas internacionales de derechos humanos y con las garantías previstas en la Constitución de Estados Unidos, incluido el respeto al principio de no devolución.
2. Detener la represión contra defensores de derechos humanos y personas manifestantes, garantizando el cumplimiento de los principios fundamentales relativos al derecho a la libertad de reunión pacífica y adoptando un enfoque basado en derechos humanos para facilitar la protesta, incluida una política de tolerancia cero frente a la estigmatización de manifestantes, como ha recomendado el Consorcio UATC.
3. Permitir visitas independientes a los centros de detención migratoria, incluidas visitas de Congresistas, y garantizar que las personas privadas de libertad en dichos centros disfruten plenamente de sus derechos, incluyendo condiciones sanitarias adecuadas, acceso a atención médica y alimentación suficiente y saludable.
4. Realizar investigaciones independientes e imparciales sobre las 36 muertes en centros de detención del ICE desde enero de 2025, así como sobre las muertes de Renée Good, Keith Porter Jr. y Alex Pretti, garantizando la rendición de cuentas de los responsables de los homicidios y la reparación para las víctimas.
5. Liberar inmediatamente a las niñeces detenidas y garantizar su interés superior y de los hijos e hijas de padres en situación migratoria irregular dentro de la política migratoria estadounidense, priorizando la unidad familiar y garantizando el acceso a la educación y a la atención sanitaria para las niñeces detenidas.

• World Organisation Against Torture (OMCT)
• International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
• Omega Research Foundation