Venezuela: Ataques contra personas defensoras de derechos humanos y campaña de desprestigio contra PROVEA

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la situación de los derechos humanos y la libertad de asociación han empeorado considerablemente en Venezuela, y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil y sus integrantes van en aumento.

Entre otros, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), organización miembro de la FIDH, ha sido objeto de una peligrosa campaña de desprestigio por parte del gobierno en meses recientes. Si bien PROVEA ha sido hostigada por parte del gobierno desde hace años, la situación actual es de particular preocupación, ya que los ataques públicos del gobierno en su contra han ido en aumento. El 1 de agosto de 2021, la organización fue atacada en Twitter por el canciller Jorge Arreaza, quien la acusó de empañar la victoria de los atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio, insinuando una cercanía con Estados Unidos. Este ataque se produjo a raíz de un tweet publicado por PROVEA en el que se pedían políticas públicas reales de apoyo a los deportistas.

Más preocupante todavía, las autoridades están llevando a cabo su campaña de desprestigio contra PROVEA en instancias internacionales. En el marco del examen preliminar que se lleva a cabo ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2018, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió el 2 de julio de 2021, una orden para que la Fiscalía del Estado presente públicamente versiones redactadas, sin nombrar a las víctimas ni a las personas afectadas, de sus escritos en relación con el inicio de la investigación sobre la “Situación Venezuela I”. Sin embargo, en sus escritos la Fiscalía General de Venezuela se refirió directamente a PROVEA y a su “Coordinador General” Rafael Uzcátegui, sin nombrarlo, refiriéndose al mismo como "ferviente opositor" al presidente Nicolás Maduro[1], y también descalificándolo como una de las fuentes de la Misión de Investigación (Fact-Finding Mission) sobre la “Situación Venezuela I”. Cabe destacar que no es la primera vez que Rafael Uzcátegui es sometido a ataques por parte del gobierno. Este año ha sido sujeto de hostigamiento, amenazas y difamación por parte del diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello, particularmente en el programa televisivo “Con el Mazo Dando”.

Más allá de la difamación, los ataques y la criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos han aumentado a un ritmo alarmante desde 2020 en Venezuela. Estos ataques han incluido detenciones arbitrarias, como las de los miembros de la organización no-gubernamental Azul Positivo[2], Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Luis Ferrebuz y Miguel Guerra, el 14 de enero de 2021, o las del director de la organización FundaREDES[3] José Javier Tarazona y de su hermano Rafael Tarazona y Omar García, ambos miembros de la organización, el 2 de julio de 2021. Esta creciente criminalización de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos se ha materializado también mediante allanamientos ilegales, como el que tuvo lugar en las sedes de Azul Positivo y FundaREDES, así como en el domicilio de la madre de José Tarazona.

A su vez, tomando como pretexto medidas sanitarias para enfrentar la pandemia del COVID-19, se han debilitado las garantías de trabajo de las personas defensoras y se ha llevado a cabo un serio deterioro del espacio cívico. El Observatorio, junto con COFAVIC y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, constataron en un informe publicado el 2 de febrero 2021, un aumento de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil en un 157% con respecto a las cifras de 2019.

Asimismo, la estigmatización y el acoso judicial contra las personas defensoras se enmarcan en un patrón consolidado por el Estado venezolano para restringir la formación de nuevas asociaciones y limitar el derecho a ingresar a asociaciones ya existentes, por medio de barreras administrativas y legales, y de control de la financiación, consolidando de este modo la criminalización del derecho a defender derechos humanos.

El 3 de mayo de 2021, se emitió una nueva[4] Providencia Administrativa alarmante obligando a todas las organizaciones sin fines de lucro - entre otras personas naturales o jurídicas -, a inscribirse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOTF). De acuerdo con la Providencia Administrativa, las organizaciones sin fines de lucro que operan en Venezuela debiesen aportar información relativa a sus donantes nacionales o extranjeros, y el listado de organizaciones aliadas en el extranjero con las que se hayan acordado colaboraciones. Esto afecta a su derecho a financiación y criminaliza asimismo las organizaciones aliadas y asociadas de las ONG en Venezuela.

El Observatorio denuncia la estigmatización sistemática y la criminalización de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y urge a las autoridades venezolanas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos.

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

[1] Anexo III n°321: “El Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) también es utilizado en varias ocasiones como fuente por la Misión, pero su Coordinador General, [EXPURGADO], también es conocido por ser un ferviente opositor al gobierno de MADURO, por lo que una vez más una fuente en la que la Misión basa sus acusaciones carece de objetividad.”

[2] Azul Positivo es una organización humanitaria que presta asistencia a las comunidades vulnerables del estado de Zulia, en particular a las personas que viven con el VIH/SIDA.

[3] FundaREDES es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, con más de 19 años de experiencia y con observatorios en varios estados fronterizos del país (Táchira, Apure, Zulia, Falcón Bolívar y Amazonas). La organización documenta y difunde la situación de derechos humanos en Venezuela, en especial en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y la vulneración de derechos humanos, en el contexto de la violencia que se desarrolla en las fronteras venezolanas.

[4] El 22 de febrero de 2021, se emitió una primera Providencia que restringía gravemente el derecho de asociación en el país, hecho que impulsó a 700 organizaciones de la sociedad civil venezolana a publicar una carta de rechazo a esta normativa. Gracias a la presión ejercida por organizaciones venezolanas e internacionales, el gobierno de Venezuela emitió una nueva providencia administrativa para reemplazar la adoptada.