Venezuela: Por la liberación inmediata e incondicional de todas las personas defensoras de derechos humanos en detención arbitraria
Ginebra-París, 4 febrero 2026- El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), celebra las recientes excarcelaciones de varias personas defensoras detenidas arbitrariamente en Venezuela. El Observatorio señala que estas personas nunca debieron haber sido privadas de libertad por ejercer su labor legítima de defensa de derechos humanos. Sus excarcelaciones no constituyen aún liberaciones plenas; por ello, instamos a que se garantice de manera inmediata la liberación plena y sin condiciones, junto con el sobreseimiento de todas las causas penales pendientes y la eliminación de sus antecedentes policiales y judiciales.
El Observatorio celebra concretamente la excarcelación del abogado Eduardo Torres, abogado laboralista y miembro desde hace más de cinco años de PROVEA, organización miembro de la FIDH, quien fue liberado el 31 de enero de 2026 tras haber sido detenido arbitrariamente luego de su desaparición forzada el 9 de mayo de 2025. Asimismo, celebramos la excarcelación del defensor Javier Tarazona confirmada el 1 febrero 2026, director de Fundaredes, detenido desde 2021 y recluido en El Helicoide por más de cuatro años. Acogemos igualmente la liberación de Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, excarcelada el 8 de enero de 2026 tras casi dos años de detención y la de Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal Venezolano, excarcelado el 25 de enero de 2026 tras un año y cinco meses de detención. Según Foro Penal, 344 personas consideradas presas políticas han sido liberadas desde el 8 de enero.
Cabe resaltar que estas excarcelaciones no compensan las horas, días y meses transcurridos en situación de privación de libertad por razones injustas, ni la situación de las numerosas personas defensoras, periodistas y activistas que siguen detenidas en centros de tortura, bajo condiciones inhumanas o sometidas a procesos penales en represalia por su defensa de derechos humanos.
El Observatorio recuerda que la detención arbitraria se ha convertido en una práctica sistemática de represión para silenciar voces críticas y debilitar el espacio cívico en Venezuela, como detallado en el Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos: “La continuación de una política de persecución, intimidación, estigmatización y hostigamiento” de noviembre 2024 del Observatorio. Esta práctica genera un clima de miedo y tiene un efecto disuasorio profundo sobre el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y el derecho a defender derechos humanos. Las personas defensoras son con frecuencia sometidas a acusaciones infundadas y campañas difamatorias, a juicios sin garantías y al uso indebido de narrativas y de figuras penales vinculadas al terrorismo o la seguridad nacional, en abierta violación de los estándares internacionales de derechos humanos.
El contexto político actual crea aún más incertidumbre sobre estos riesgos. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, la declaración de estado de excepción y, más recientemente, la intervención militar ilegal de los Estados Unidos de America, contraria a al respeto de la integridad territorial y al principio de no intervención, tal como lo establecen la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, y sus intentos de administrar territorio venezolano, la situación se ha vuelto más compleja e inestable. Frente al riesgo de nuevas y graves violaciones, la militarización, las restricciones a la protesta pacífica y la autorización de detenciones preventivas, la prioridad debe ser garantizar de manera inmediata y efectiva la protección de la población civil y el pleno respeto de sus derechos humanos.
El Observatorio insta a las autoridades venezolanas a garantizar la liberación inmediata, plena e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente como paso indispensable hacia cualquier proceso de diálogo o transición democrática genuino.
El Observatorio insta a avanzar en la elaboración de un proyecto de Ley de Amnistía para personas privadas de libertad por razones políticas, llamando a que dicho instrumento no obstaculice la investigación ni la eventual sanción de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, y que se priorize el cumplimiento de los principios internacionales de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
En la misma línea, el Observatorio recuerda y subraya que el Decálogo de Exigencias Prioritarias, firmado por varias organizaciones de la sociedad civil nacionales y internacionales, sitúa como primera medida la “liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas —nacionales y extranjeras - que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad o sometidas a procesos judiciales por razones políticas, con el acompañamiento de mecanismos transparentes de verificación. Ello implica también el cese de todas las formas de detención arbitraria y desaparición forzada, así como de las medidas cautelares asociadas a procesos judiciales injustificados.”.
El Observatorio expresa su solidaridad con todas las personas defensoras en Venezuela y continuará monitoreando la situación de cerca.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
