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LLAMADO URGENTE - ELOBSERVATORIO

PER 002 / 1117/ OBS 109

Amenazas de muerte

/ Violencia física

Perú

6 de noviembre de 2017

ElObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programaconjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH,solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

Descripción de la situación

ElObservatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre laspersistentes amenazas de muerte en contra del Sr. Huber Flores, comunero y dirigente de la comunidad indígena deorigen Shipibo-Conibo de Santa Clara de Uchunya, en la Región de Ucayali, en laparte centro-oriental del Perú, cuyos territorios ancestrales abarcan unas86.000 hectáreas de las cuales apenas únicamente unas 200 les han sidotituladas por las autoridades peruanas hasta la fecha. Como dirigente de lacomunidad el Sr. Flores ha defendido derechos humanos relacionados con latierra.

Segúnla información recibida, el día 23 de septiembre, el Sr. Huber Flores recibióamenazas de muerte por parte de quince personas que, según las informacionesrecibidas podrían estar involucradas en actividades de tráfico de tierras[1],quienes portando armas de fuego, le rodearon y le exigieron que abandonarala comunidad. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades competentes yhay una investigación abierta.

Estoshechos se producen en el contexto de un conflicto sobre la tierra que tiene suorigen en diciembre del 2012, año en el que la Dirección Regional de Agriculturade Ucayali facilitó una compraventa de 4.759 hectáreas de terrenos entre ungrupo de agricultores reunidos en la Asociación de Productores AgropecuariosLas Palmeras de Tibecocha y la empresa de palma aceitera Plantaciones dePucallpa (vinculada con el Grupo Melka, que ahora se llama Ocho Sur P S.A.C.)entre denuncias sobre irregularidades en las constancias de posesión[2]que habían sido entregadas por las autoridades. Entre los propietarios de losterrenos vendidos figuraba la comunidad de Santa Clara de Uchunya, que no fueconsultada sobre dicha venta.

Desdeentones, traficantes de tierras se han dedicado a solicitar constancias deposesión sobre territorio ancestral de la comunidad al Gobierno Regional deUcayali para luego vender las tierras a la palmera, que procede a reemplazarbosques primarios por cultivos agroindustriales. Sin embargo, las violacionesde derechos humanos en contra de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y otrascomunidades nativas de Ucayali no solo han afectado sus derechos sobre latierra, sino que el 1 de septiembre de 2017 se produjo el asesinato de seiscampesinos en el distrito de Nueva Requena, que fueron maniatados y,posteriormente, ejecutados mediante disparos en la cabeza en unos hechos que seenmarcarían en los esfuerzos para acaparar terrenos en la zona par despuésvenderlos al mejor postor.

En estecontexto, otras personas defensoras de la zona han recibido amenazas por partede traficantes de tierras y trabajadores presuntamente ligados a la empresa depalma aceitera, tanto de forma presencial como a través de mensajes de texto,incluyendo al presidente de la comunidad CarlosHoyos Soria, el teniente gobernador JamesLozano Sangama, el agente municipal ÁlexSoria Bardales, el coordinador JoelNunta Valera así como los comuneros Rodit Guerra Tenazoa y Miguel Fasabi Sinuiri.

ElObservatorio muestra su preocupación por el hecho de que las amenazas en contradel Sr. Huber Flores se producen en el contexto del violento conflicto sobre latierra en la región de Ucayali pero, además, se suma a otros incidentes previosen su contra. Las primeras amenazas en su contra se produjeron en 2012 cuandose negó a aceptar dinero a cambio de ceder sus tierras, colindantes con lasadquiridas por Plantaciones de Pucallpa, y desde entonces se han producidovarios incidentes. El 1 de enero de 2014 la casa del Sr. Huber Flores fuequemada por personas desconocidas y el 11 de febrero un grupo de personas,presuntamente trabajadores de la empresa de palma aceitera Ocho Sur P S.A.C., intentaronagredirlo en presencia de su esposa e hijo ante la negativa del Sr. Flores aabandonar la comunidad.

ElObservatorio destaca las dificultares para la defensa de derechos humanos enPerú. Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perúdurante el gobierno de Ollanta Humala(2011-2016), 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados y a final del 2016, 792 personasdefensoras enfrentaban procesos judiciales a nivel nacional, el 55% poracciones relacionadas con la defensa de los derechos ambientales y de lospueblos indígenas[3].

Por todo el anterior, el Observatorio condena enérgicamente lasamenazas en contra del Sr. Huber Flores que parecen deberse a sus legítimasactividades en defensa de los derechos humanos e insta a las autoridadesperuanas a desarrollar urgentemente y en concertación con la sociedad civil unapolítica pública integral de protección a las personas defensoras de derechoshumanos en el país.

Acción solicitada:

Porfavor, escriban a las autoridades de Perú instándolas a:

i. Tomar de manerainmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y laintegridad física y psicológica del Sr. Huber Flores, la de todas las personasdefensoras operando en la Región de Ucayali y, en general, la de todas laspersonas defensoras de derechos humanos en Perú;

ii. Llevar a cabo unainvestigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial entorno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevadosante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les seanaplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por laley;

iii. Tomar accionesurgentes para frenar la expansión violenta de cultivosagroindustriales, como la palma aceitera, en territorios de pueblos indígenas,que resultan en su hostilización y amedrentamiento, tanto en la región deUcayali como en toda la Amazonía peruana.

iv. Desarrollarurgentemente y en concertación con la sociedad civil una política públicaintegral de protección a las personas defensoras de derechos humanos en Perú;

v. Proporcionar espaciosseguros para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y de lascomunidades en el desarrollo e implementación de políticas públicas,garantizando en particular la consulta previa, libre e informada de lascomunidades afectadas por los proyectos económicos y de desarrollo;

vi. Asegurar la aplicaciónde lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los DerechosHumanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;

vii. De manera general,garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentalesen todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechoshumanos ratificadas por Perú.

Direcciones:

· Sr. Presidente Pedro PabloKuczynski, Presidente de la República del Perú. E-mail: secretariageneral@presidencia.gob.pe;

· Sr. Carlos Basombrío,Ministro del Interior de la República del Perú. E-mail: dm@mininter.gob.pe;

· Sr. Enrique Mendoza Ramírez,Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú. E-mail: ejmendoza@minjus.gob.pe

· Sr. Pablo Sánchez Velarde, Fiscalde la Nación. E-mail: psanchez@mpfn.gob.pe;

· Dr. VíctorLucas Ticona Postigo, Presidente del Poder Judicial. E-mail:vticona@pj.gob.pe;

· S. E. Sr. Luis Enrique ChávezBasagoitia, Embajador, Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las NacionesUnidas en Ginebra. E-mail: misionperu@onuperu.org;

· S. E. Sra. Cristina María delRosario Ronquillo de Blödorn​, Embajadora del Perú en el Reino de Bélgica.E-mail: info@embaperu.be;

· S. E. Ana Rosa María ValdiviesoSanta María, Embajadora del Perú ante la Organización de los EstadosAmericanos. E-mail: peru@oas.org;

Porfavor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Perú en susrespectivos países.

***

Ginebra-Paris,6 de noviembre de 2017

Agradecemosque nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de estellamado en su respuesta.

ElObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (elObservatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contrala Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir oremediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensorasde los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu,el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanosimplementado por sociedad civil internacional.

Paracontactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Tel. y fax: OMCT : + 4122 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 4355 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

[1] Con el concepto “traficantes detierras” se hace referencia al actuar de personas o grupos que a través delcomercio ilegal de títulos de propiedad, en muchos casos vinculado condesplazamientos forzosos de las comunidades de sus territorios, buscan acapararterrenos para su posterior venta para el desarrollo de proyectos extractivos,agroindustriales, etc.

[2] Los municipios otorgancertificados o constancias de posesión que, en principio, sirven para que lossolicitantes puedan acceder a la prestación de servicios públicos. Sin embargo,en la práctica son utilizados por usurpadores de terrenos, poseedoresilegítimos o precarios, para legitimar esta posesión indebida y ser reconocidoscomo propietarios.

[3] Coordinadora Nacional deDerechos Humanos de Perú, Informe Anual 2015-2016, “Criminalización de la protesta y la situaciónde los defensores y defensoras de los derechos humanos”, disponible en: http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf