En el mundo, la pobreza y la discriminación alimentan la tortura y otras formas de violencia

Ginebra, 26 de junio de 2008. Con ocasión del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la OMCT subraya la relación existente entre tortura y pobreza. En efecto, la experiencia demuestra que la mayoría de las víctimas de tortura y otras formas de violencia en el mundo, provienen de los grupos sociales más desfavorecidos. Los miembros de las comunidades marginalizadas no sólo son los más vulnerables a estos tipos de abusos sino también los más indefensos para reivindicar sus derechos y buscar protección y reparación. Apoyar a las víctimas de tortura significa consecuentemente conceder la palabra a las mujeres y los niños, las comunidades indígenas, los pobres, los miembros de las minorías étnicas, raciales y religiosas y las personas que se encuentran forzadas a vivir en las márgenes de la sociedad.

En algunos casos, los actos de tortura y de violencia son conducidos por los Estados mismos con el fin de suprimir la protesta social contra las políticas socio-económicas o amordazar las personas que intentan defender los derechos económicos, sociales y culturales. En otros casos, estos actos son usados para eliminar toda forma de oposición a los proyectos de infraestructura mayores, al establecimiento de zonas económicas especiales, a la autorización de campamentos que no son autorizados o a la explotación de los recursos naturales. Además, la tortura es utilizada más frecuentemente por actores no estatales, incluyendo paramilitares, grupos armados, organizaciones criminales organizadas, individuos y empresas de seguridad que protegen determinados intereses económicos, entre ellos los de multinacionales involucradas en los sectores de la explotación minera o agro-industrial.

Para que la tortura y las penas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y cualquier otra forma de violencia sean erradicados, necesitamos primero entender sus causas económicas, sociales y culturales para poder tratarlas de manera eficaz. Así, un paso fundamental hacia la reducción del nivel de violencia de una sociedad es actuar con el fin de que se garantice el completo disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En el mundo, los conflictos y la falta de seguridad exponen a los ciudadanos a situaciones que les impiden escapar a la pobreza, trabajar en condiciones justas y favorables, garantizar cuidados y educación a sus niños y acceso a los mejores estándares de salud que existen.

Por esa razón, el compromiso de la OMCT para poner término a la tortura implica también colaborar con las ONG comprometidas en el desarrollo. Así, la OMCT se compromete a catalogar los fenómenos que dan un contexto propicio a las violaciones de derechos humanos, entre ellos el deterioro del tejido social, la polarización social, el debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado y la represión contra las manifestaciones de identidad lingüística, cultural y religiosa.

La OMCT llama la atención de la sociedad civil sobre el riesgo existente que los actos de tortura o de violencia directamente contra las clases más pobres y marginalizadas se vuelvan más frecuentes a lo largo de los próximos meses y le pide a esta la presencia necesaria, en razón del contexto de agitación social creciente, provocado por el alza de los precios de la alimentación a nivel mundial y el incremento de la inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, es imperativo que los gobiernos reconozcan y respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de manifestación pacífica. El hecho de responder a la protesta social, generada por el empeoramiento del nivel de vida, con una represión violenta solo crea una exacerbación de las tensiones sociales y refuerza el contexto de la violencia misma. La OMCT alienta a las gobiernos a tomar las medidas necesarias, incluso las subvenciones o la distribución de emergencia, para minimizar el impacto de la alza de los precios de los productos alimenticios sobre las clases más pobres y vulnerables de la sociedad.

El derecho a la manifestación pacífica, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación y a un estándar de vida suficientes son derechos garantizados por los instrumentos regionales e internacionales. El ambiente económico mundial actual no debe ofrecer una razón, cualquiera que sea, para justificar el desmantelamiento de esos derechos. Este ambiente no debería tampoco proporcionar un pretexto a los Estados para justificar el incumplimiento de sus deberes que son vigilar que ningún ciudadano sea sometido a la tortura y que los que han sufrido actos de tortura obtengan reparación, compensación y rehabilitación.

Contacto: Michael Miller, + 41 79 743 68 63