Agresiones y criminalización: los defensores y defensoras entre la espada y la pared - Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación

Ginebra-Paris, 3 de mayo de 2016. El asesinato de Berta Cáceres ejemplificalos altos niveles de violencia a los que los defensores y defensoras dederechos humanos se enfrentan en Honduras. Otros problemas estructurales comoel uso indebido del derecho penal en contra de las y los defensores, laimpunidad de los ataques en su contra, la ausencia de medidas de proteccióneficaces y la creciente militarización contribuyen a hacer de Honduras uno delos países más difíciles a nivel regional para la defensa de derechos humanos,según denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).

Ladifícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos enHonduras ha recibido una gran atención internacional en las últimas semanascomo consecuencia del asesinato de BertaCáceres[1],defensora que era beneficiaria de medidas cautelares de laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Elcrimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimosniveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano.Entre los ejemplos más recientes destacan el asesinato del también integrantedel Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)Nelson García el 15 de marzo de 2016o los 40 incidentes de seguridad, desde julio de 2015 en contra de integrantesde las asociaciones LGTBI Arcoíris y Asociación Jóvenes en Movimiento (SomosCDC) (AJEM), incluyendo seis asesinatos, pero la lista de ataques contradefensores y defensoras es mucho más extensa[2].

La misióninternacional del Observatorio, que se desarrolló entre el 11 y el 15 de abril(véase “Contexto”), concluyó que, frente a este clima de violencia y agresionescontra quienes defienden derechos humanos es urgente que el Estado hondureñotome medidas integrales efectivas. En abril de 2015, el Congreso Nacionalhondureño aprobó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos,Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Si bien, se tratade un paso positivo que reconoce la vulnerabilidad de las personas defensoras yla legitimidad de su trabajo, existen algunas preocupaciones sobre el texto dela ley y también por la falta de aplicación hasta el momento y por el retrasodel reglamento que debe regular su implementación. El Observatorio insta a que se priorice el debate sobre elreglamento de la ley de protección a defensores, garantizando que hayasuficiente tiempo para que la sociedad civil pueda articularse y participar deforma activa en su desarrollo.

Además de laimplementación de la ley, Honduras requiere una apuesta decidida porimplementar eficazmente las medidas cautelares de la CIDH y promover un entornofavorable para quienes defienden derechos humanos, incluyendo acciones paraerradicar las declaraciones que estigmatizan la actividad de los defensores ydefensoras por parte de autoridades públicas, tal y como ocurrió por ejemplodurante el Examen Periódico Universal de Honduras ante Naciones Unidas porcitar un ejemplo, así como por parte de otros actores con fuerte influencia enla sociedad. De igual manera, se recomienda poner fin a la crecientemilitarización de la seguridad pública en el país tras la creación de lapolicía militar.

“La militarización institucional y delterritorio, la cual conlleva la participación activa de las Fuerzas Armadas entareas de seguridad ciudadana, no sólo es contraria a los estándaresinternacionales, sino que la experiencia comparada en otros países de la regiónla ha vinculado con mayor violencia y más ataques contra defensores ydefensoras. Por ello, en lugar de ahondar en la militarización, deberíafortalecerse la fuerza policial civil, dotándola de recursos suficientes ygarantizando un actuar respetuoso de los derechos humanos”,declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de laOMCT.

ElObservatorio ha recibido asimismo información sobre el uso indebido del derechopenal, muchas veces con la complicidad e incluso la iniciativa de actoresprivados, de modo que se genera intimidación contra los defensores y lasdefensoras, incluyendo particularmente a quienes defienden los derechosrelacionados con la tierra y a comunicadores sociales, al ligarles a procesospenales. Entre los tipos penales empleados destacan algunos como “difamación”,“incitación a la violencia”, “usurpación especial” por la toma de edificiospúblicos por parte de estudiantes o incluso “sedición”.

“El proceso de reforma del código penalque ha iniciado el congreso hondureño representa una oportunidad histórica paraacomodarlo a los estándares internacionales y para corregir algunasdefiniciones que en el actual código resultan excesivamente vagas e imprecisasy que, por lo tanto, posibilitan la criminalización de actividades legítimas dedefensores y defensoras de derechos humanos”, declaróHelena Solà Martín, Coordinadora del Programa de América Latina de la OMCT.

Encontraste con los numerosos procesos de criminalización de personas defensoras,destaca la ineficacia de la fiscalía y el poder judicial hondureños para darrespuesta a las agresiones en su contra de modo que la impunidad es estructuralpor la falta de investigaciones serias yde sanciones por las denuncias que son presentadas. En el caso de losdefensores y las defensoras LGBTI, uno de los grupos más vulnerables en elcontexto hondureño, se requeriría la existencia en la fiscalía de una unidadespecífica y suficientemente dotada de recursos para poder dar una respuestaeficaz a los cada vez más frecuentes ataques en contra de miembros de lacomunidad LGBTI. Además, el Observatorio ha recibido numerosos testimonios queseñalan patrones preocupantes para impedir o disuadir la interposición dedenuncias por parte de defensores, incluyendo ataques contra la vida y amenazasde represalias.

ElObservatorio asimismo ha recibido informaciones coincidentes de miembros de lascomunidades de Zacate Grande y San Francisco de Locomapa, entre otros, queconstatan que las concesiones del territorio y los recursosnaturales, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades,están íntimamente relacionadas con los altos índices deagresión y criminalización en contra de quienes defienden los derechosrelacionados con la tierra.

“En marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobóuna resolución, promovida por Honduras entre otros Estados, encaminada amejorar la protección de las y los defensores de los derechos económicos,sociales y culturales. En el contexto actual, y para reafirmar su compromiso dehacer frente a las causas estructurales de los ataques contra defensores ydefensoras de los derechos relacionados con la tierra, la efectivaimplementación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de laOrganización Internacional del Trabajo debería ser una prioridad”,declaró Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la PlataformaInternacional contra la Impunidad.

Contexto:

El Observatoriorealizó una misión de investigación en Honduras entre el 11 y el 15 de abril de2016, destinada a analizar la situación de los defensores y defensoras de derechoshumanos en el país centroamericano, con un especial énfasis en las personasdefensoras de los derechos relacionados con la tierra y las personas defensorasde la comunidad LGBTI.

La misión delObservatorio mantuvo entrevistas con autoridades de distintas institucionespúblicas a las que agradece por su colaboración: la Corte Suprema de Justicia yel Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La misión también se reunió con laOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanosen Honduras y con las Embajadas de la Unión Europea y del Reino de España.Asimismo, la misión también escuchó testimonios de defensores y defensoras dederechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil através de diversas reuniones en San Pedro Sula, Tegucigalpa, la península deZacate Grande y el departamento de Santa Bárbara.

ElObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es unprograma creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)y la FIDH y tiene por objetivo intervenir paraprevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores ydefensoras de los derechos humanos. La OMCT y la FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para los Defensores de Derechos Humanos implementado por la sociedad civil internacional.

Para más información, por favor, contacten con:

· OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: +32 2 218 37 19 /Helena Solà Martín: +41 22 809 49 39

· FIDH: Audrey Couprie: +33 1 43 55 25 18 /José Carlos Thissen : +51 95 41 31 650

[1] Véase por ejemplo la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de abril de 2016.

[2] Entre2010 y 2015, según un reciente informe de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, se registraron3,064 criminalizaciones de defensores y defensoras, 22 asesinatos, 2desapariciones, 15 secuestros, 88 casos de robos de información y 53 sabotajesa los vehículos donde se transportaban