México
07.02.19
Intervenciones urgentes

Carta abierta de parlamentarios europeos muestra preocupación por la criminalización de integrantes del CECOP

A raíz de las preocupaciones compartidas por organizaciones de la sociedad civil incluyendo la OMCT, 15 parlamentarias y parlamentarios europeos de seis nacionalidades distintas y pertenecientes a cuatro grupos políticos distintos han mostrado su preocupación por lasituación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en México,particularmente sobre la criminalización incesante de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores ala Presa “La Parota” (CECOP) en el Estado de Guerrero.





Parlamento Europeo

Bruselas, 6 de febrero de 2019


Asunto: Criminalización de integrantes del CECOP

Sr. Héctor Astudillo Flores

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

Sr. Jorge Zurielde los Santos Barrila

Fiscal General del Estado de Guerrero

CC: Sr. Klaus Rudischhauser,Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México

Sr. Mauricio Escanero Figueroa, Jefede la Misión de México ante la Unión Europea

DistinguidoSeñor Gobernador, Distinguido Señor Fiscal General:

Losmiembros del Parlamento Europeo que suscribimos esta comunicación estamosprofundamente preocupados por las informaciones que hemos recibido sobre lasituación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en México,particularmente sobre la criminalización incesante de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores ala Presa “La Parota” (CECOP) en el Estado de Guerrero.

Dado elcompromiso compartido que la Unión Europea y México sostienen a favor delcumplimiento de los derechos humanos, nos dirigimos a ustedes, respetuosos dela soberanía del Estado mexicano. Consideramos de especial relevancia referirnosal importante papel que representan las personas defensoras de derechoshumanos, particularmente del derecho al territorio, en el fortalecimiento de lademocracia, el Estado de derecho en México y la garantía de los derechos de lospueblos indígenas.

En esesentido, apreciamos el reconocimiento público a las personas defensoras de losderechos económicos, sociales y culturales (DESC) y el llamado a “garantizarque no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblosindígenas en la defensa legitima de sus derechos”, así como el reconocimiento público a quienesdefienden los derechos humanos en la Montaña del Estado de Guerrero, emitidospor la Junta de Gobierno del Mecanismo parala Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2018.

No obstante, los miembros del CECOP y en particular, el vocero del CECOP,Marco Antonio Suástegui Muñoz, siguensiendo criminalizados y estigmatizados por la defensa de su derecho alterritorio de sus comunidades frente a la construcción de la presahidroeléctrica “La Parota”.

Hace unaño, el 7 de enero de 2018, tras un enfrentamiento entre miembros de la PolicíaComunitaria (CRAC-PC) y civiles armados en la comunidad de La Concepción(Guerrero) que resultó en ocho personas muertas, tuvo lugar un operativo deseguridad - compuesto por Policía Estatal, Federal y el Ejército - donde tres personashabrían sido ejecutadas de forma extrajudicial y por lo menos 25 fuerondetenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas integrantes del CECOP. Adicionalmente,los abogados e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la MontañaTlachinollan fueron blanco de difamaciones en medios de comunicación y redessociales al asumir la representación jurídica.

A un añode su detención arbitraria, Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 16 integrantes del CECOP y laPolicía Comunitaria aún se encuentran privados de su libertad.

La Oficinaen México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanosse pronunció, haciendo un llamado a las autoridades a investigar los hechosviolentos y, en específico, los hechos de graves violaciones a derechos humanoscometidos por las autoridades de nivel estatal y federal durante el operativo,incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura y malostratos.

Pese aello, según la información recibida, a la fecha no existen actos deinvestigación que indiquen avance alguno en el esclarecimiento de laresponsabilidad por las supuestas ejecuciones extrajudiciales y actos detortura. Además, hemos recibido con preocupación información sobre variasviolaciones al debido proceso y al derecho a una defensa adecuada, así comosobre la probable fabricación de evidencia y el carácter no individualizante delas pruebas presentadas por el Ministerio Público para la formulación deimputación y vinculación a proceso de las 17 personas defensoras que seencuentran indiciadas.

Se observaque el operativo de seguridad sería un nuevo episodio de persecución ycriminalización del CECOP, quienes, debido a su lucha, con anterioridad variosde sus integrantes han sido sujetos a amenazas y criminalización de diversostipos.

Ante esa situación altamentepreocupante, les urgimos a:

- Investigar de manera independiente e imparcialtodas las muertes sucedidas durante el enfrentamiento armado de la madrugada del7 de enero de 2018;

- Asegurar la investigacióny el procesamiento efectivos e imparciales de las denuncias de tortura y malostratos, así como de las tres supuestas ejecuciones extrajudicialesocurridas durante el operativo de seguridad, aplicando cabalmente los protocolosinternacionales, el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota;

- Garantizar un debido proceso legal a las 17 personasdefensoras imputadas, tomando en cuenta las condiciones de arbitrariedad de ladetención, las implicaciones de las alegaciones de tortura y malos tratos parala valoración de los datos de prueba, la probable fabricación y/o manipulaciónde evidencia bajo estas circunstancias y el carácter individualizante de laspruebas que se requiere para garantizar el debido proceso.

- Impulsar medidas concretas para "garantizarque no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblosindígenas en la defensa legitima de sus derechos”, tal y como reclamó la Junta de Gobierno del Mecanismo para laProtección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en2018.

Atentamente,

Francisco Assis (S&D, Portugal)
Ana Miranda (Verdes/EFA, España)

Josep-Maria Terricabras (Verdes/EFA, España)

Ernest Urtasun (Verdes/EFA, España)
Marina Albiol (GUE/NGL, España)
Martina Anderson (GUE/NGL, Reino Unido)

Xabier Benito (GUE/NGL, España)
Lynn Boylan (GUE/NGL, Irlanda)
Matt Carthy (GUE/NGL, Irlanda)
Ignazio Corrao (EFDD, Italia)
Tania González Peñas (GUE/NGL, España)

Anne Marie Mineur (GUE/NGL, Países Bajos)

Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlanda)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL, España)

Miguel Urbán (GUE/NGL, España)