Colombia: Detención arbitraria de 20 jóvenes

Caso COL 090805

Detenciones masivas arbitrarias / señalamientos / hostigamiento de la población

El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones sobre la detención masiva y arbitraria de 20 (veinte) jóvenes, entre ellos, los Sres. Julio César Carrillo Rojas, Oneida Calambaz, Elías Ramírez Martínez (menor de edad), Luis Ángel Trochez, Juan Carlos García Rodríguez, Andrés Campaz Jascue, Robinson Urcue, Bladimir Arnildo Banguero (discapacitado), Carlos Erney Rico Jiménez, Julio César Rodríguez Jiménez, Duberney Rico Mapura, Hoover Muñoz Larrahondo, Manuel Santos Larrahondo, José Aníbal Urrea Ospina, Miguel Ángel Urrea Ospina, Hernán Cardona, Duflas Antonio López Rodríguez, y otras tres personas cuyos nombres no se conocen hasta la fecha, en hechos ocurridos en el municipio de Corinto, al Norte del Departamento del Cauca (Colombia).

De acuerdo con las informaciones de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) seccional-Valle del Cauca, los días 29 y 30 de julio de 2005, entre las 3h00 y las 6h00 de la madrugada, miembros del GAULA (Unidades Elites del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), en asocio con miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) y las Fuerzas Militares (Ejército Nacional), realizaron una serie de allanamientos sin orden judicial y de manera violenta contra la población de Corinto-Cauca en el sur occidente de Colombia.

De acuerdo con las informaciones, durante el operativo se llevó a cabo la detención masiva y arbitraria de 20 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 30 años de edad. Según las informaciones, entre los detenidos se encuentra un menor de edad y una persona discapacitada. Los jóvenes son pobladores de la región que desempeñan labores en los sectores de la agricultura, la electricidad, el negocio de tratamiento y venta de carnes, y como ayudantes en el transporte público, así como trabajadores del municipio y de otros oficios.

De acuerdo con las informaciones, los operativos de la fuerza pública realizados entre el viernes 29 y el sábado 30 de julio de 2005 se llevaron a cabo cometiendo las siguientes irregularidades, a saber: la ausencia de órdenes de allanamiento y registro de las casas de los pobladores; la falta de órdenes de captura de las personas detenidas; la utilización excesiva de la fuerza, disparos al aire, utilización de explosivos de aturdimiento (para causar confusión y temor) y malos tratos verbales, así como la elaboración de las órdenes de allanamiento y captura en el mismo sitio e instante del operativo.

Las informaciones destacan que en ninguno de los domicilios allanados se encontraron elementos que confirmen los señalamientos ni acusaciones que comprometen a las personas detenidas con las actividades que los informantes de la fuerza pública señalan y que aún así, sin hallar prueba alguna, fueron trasladados a las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército Nacional con sede en Cali. Del mismo modo, las informaciones denuncian que la fiscalía acusa a los detenidos del cargo de rebelión y de ser auxiliadores de los grupos insurgentes, y, al ser presentados de esta manera ante los medios masivos de comunicación se da inicio a una serie de irregularidades y arbitrariedades que hasta la fecha se siguen presentando.

De acuerdo con las informaciones, estas detenciones masivas y arbitrarias fueron el resultado de señalamientos de personas encapuchadas que durante el operativo acompañaron a los miembros de la fuerza pública, lo que confirma que este tipo de detenciones constituye una práctica sistemática de la Política de Seguridad Democrática del Estado Colombiano, en la que el pago de recompensas lleva a personas inescrupulosas a señalar a personas inocentes, cuyo único delito es vivir en zonas de conflicto social y armado.

Contexto de la situación:

La OMCT recuerda que la práctica de terror y poder desmedido desde el gobierno, en la que se enmarca la política de las detenciones masivas y los señalamientos a grupos de población civil, violando todas las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las ONG nacionales e internacionales; violando la exigencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) de no involucrar a la población civil en el conflicto, se hace mucho más grave si se tiene en cuenta que, según varias organizaciones de derechos humanos, muchos de los detenidos y de las comunidades agredidas por el Estado con estas redadas, allanamientos y detenciones, han sido en los últimos 4 años víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (en la región: los Bloques Calima, Farallones y Pacífico).

Según las denuncias, varios de los detenidos de Cajibio, Cauca son familiares de personas que fueron asesinadas en masacres perpetradas por grupos paramilitares y en el momento de la detención se encontraban desplazadas y reconocidas en las listas de la Red de Solidaridad Social. Las mismas denuncias destacan que, de manera coincidencial, los términos y señalamientos que se utilizan en los informes de inteligencia militar, como la reiterada acusación en el sentido de que los campesinos sirven de apoyo o son auxiliadores de la guerrilla, son utilizados también en las proclamas y graffiti utilizados por los grupos paramilitares. Se ha denunciado además que en el informe de inteligencia militar a partir del cual se capturó y encarceló a varios habitantes de Pradera, Valle, se plantea que estas personas se encuentran en listas hechas por los Grupos paramilitares, como si éstas listas pudieran considerarse un elemento de prueba verídica y legítima para la Fiscalía.

La OMCT recuerda que recientemente, el 22 de agosto de 2005, fueron puestos en libertad 62 de los 117 capturados en una detención masiva y arbitraria, ocurrida 22 meses atrás, en la población cafetera de Quinchía, acusados de auxiliar a la guerrilla. En ese caso, quedan solamente seis personas encarceladas todavía. Las informaciones han denunciado que uno de los detenidos en esa ocasión, el Sr. Javier Antonio Manso, murió en la cárcel “La 40” de Pereira, debido a complicaciones cerebrales. Por otra parte, las familias de las decenas de campesinos y comerciantes encarcelados se quedaron sin sustento durante el tiempo en que las víctimas permanecieron en prisión, causando una gran conmoción social y humanitaria en el pueblo, que debió unirse para financiar las visitas a las cárceles. Ahora, según las informaciones, el Estado deberá enfrentar las anunciadas demandas que por cerca de 12 mil millones de pesos instaurarán contra él las víctimas y sus familiares.

De acuerdo con las informaciones, la detención masiva de Quinchía es una más en una extensa lista de acciones similares. El 24 de junio de 2005 se produjo en Totoró, Cauca, y en una de sus veredas: San Pedro, la detención arbitraria de más de 70 campesinos, entre ellos los Sres. Manuel Eduardo Masagua Chantre, Luis Ortega Calambas, Joaquín Cometa, María Jesús Calambas, y Rodrigo Pisso (ver Llamado OMCT Caso COL 280605).

Según las informaciones en Calamar (Guaviare), Ovejas (Sucre), Chaparral (Tolima) y muchos otros lugares de Colombia se han llevado a cabo acciones del mismo tipo. Según las informaciones, durante los dos primeros años del actual gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez se produjeron otras 77 detenciones masivas. Según informes de la Procuraduría General de la Nación, a mediados de 2004 se liberaron 754 presos de los 1 mil 957 aprehendidos en 2003. En todas estas redadas masivas, a pesar de su comprobada ineficacia, se repite la forma de proceder de los operativos y los resultados son siempre los mismos: los pueblos quedan aterrados, conmocionados y prevenidos contra unas autoridades que los habitantes perciben como abusivas.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la seguridad y la integridad física y psicológica de la población civil del municipio de Corinto, Cauca, en particular, en este caso, la OMCT se encuentra muy preocupada por la seguridad y la integridad física y psicológica de los 20 (veinte) jóvenes detenidos durante los hechos arriba mencionados y la de sus familias.

Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los 20 (veinte) jóvenes detenidos en los hechos arriba mencionados, la de todos los miembros de sus familias y en general de los habitantes de Corinto, Cauca y del resto de la región;
ii. ordenar la libertad inmediata de todos los jóvenes detenidos en los hechos arriba mencionados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal justo, competente e imparcial y garantizarles en todo momento sus derechos al debido proceso;
iii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial en torno a las irregularidades cometidas por los organismos del Estado que intervinieron en esta detención, la actitud intimidatoria ejercida contra las familias mencionadas y en general los hostigamientos contra la población civil de Corinto y del resto de la región, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.

Direcciones:

• Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier, 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
  
• S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá.Fax:+57.1.566.20.71 Francisco Santos, Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
  
• Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co
  
• Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
  
• Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
  
• Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
  
• Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co ; reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
  
• Dr. Camilo Ospina Bernal, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
  
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
  
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11 Fax : +57.1.337.46.67 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.


Ginebra, 9 de agosto de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.