Colombia: Ataques a personas defensoras en el marco del Paro Nacional

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre las numerosas agresiones, ataques armados, actos de intimidación y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en Cali y el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, y en Bogotá, en el marco del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021 en todo el país. Inicialmente, fueron protestas en contra de un proyecto de reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque. Tras la retirada del proyecto, las protestas se han ampliado y se suman a un descontento generalizado para denunciar los graves abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra manifestantes, solicitar reformas al sistema de salud y exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016.

El 9 de mayo de 2021, Daniela Soto, lideresa indígena, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca e integrante de la Agenda Joven del Cauca, coordinadora del Programa Jóvenes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Iniciativa ProDefensoras, recibió dos impactos de bala en el abdomen en un ataque armado de civiles contra un grupo de integrantes del CRIC en el sector de Cañas Gordas, municipio de Jamundí, mientras se dirigían a Cali para unirse a las protestas en esa ciudad. Otras siete personas resultaron heridas. En el momento de publicación de este llamado urgente, Daniela Soto está ingresada en estado grave de salud en la Clínica Valle del Lili, en Cali.

El Observatorio subraya que tres días antes de este incidente, el 5 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje en sus redes sociales en las que vinculaba erróneamente al CRIC con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alertando de su presencia en el municipio de Jamundí. Este acto, a pesar de que más tarde el mensaje fue borrado y el expresidente pidió disculpas por el error, contribuye a la estigmatización y criminalización de la membresía del CRIC, aumentando gravemente su exposición a riesgos para su integridad física.

El 5 de mayo de 2021, en horas de la noche, en el centro de Bogotá, personas desconocidas intentaron subir a la fuerza a una furgoneta a un miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), organización miembro de la OMCT que está llevando acciones de observación y acompañamiento de las movilizaciones como integrante de la Campaña Defender la Libertad[1].

El 4 de mayo de 2021, Walter Agredo Muñoz, integrante de la sección del Valle del Cauca del CSPP, fue amenazado de muerte, acusado de pertenecer a un grupo armado y declarado objetivo militar junto con otras personas defensoras de los derechos humanos, en un panfleto distribuido por personas desconocidas.

El 3 de mayo de 2021, en Cali, integrantes del CSPP, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes” y del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali que conformaban una Misión de Verificación sobre personas detenidas por la policía, fueron amenazados por funcionarios de la Policía Nacional y obligados a salir de la estación de policía Fray Damián. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional dispararon al suelo y al aire y funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) les lanzaron una granada aturdidora. La Misión de Verificación iba acompañada por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Procuradoría General de la Nación.

El mismo día, otra Misión de Verificación conformada por integrantes del CSPP, la CUT y la Campaña Defender la Libertad se vieron obligados a refugiarse toda la noche en una casa particular en el barrio Junín de Cali, para proteger su integridad física después de que agentes de la policía dispararon contra ellos y un grupo de manifestantes.

El 1 de mayo de 2021, en la ciudad de Bogotá, funcionarios del ESMAD lanzaron granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y piedras de manera directa contra el vehículo en el que viajaban miembros del CSPP y de la Campaña Defender la Libertad para realizar tareas de observación de las protestas.

El 30 de abril de 2021, en horas de la noche y tras participar en una rueda de prensa conjunta con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, Walter Agredo Muñoz se incorporó a una comitiva conformada por dos vehículos pertenecientes a esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un coche particular que se dirigía al sector Loma de la Dignidad, Cali, para realizar misiones de observación de las protestas. La caravana fue interceptada por un grupo de hombres armados desconocidos, quienes apuntaron con un láser al conductor del vehículo en el que viajaba el Sr. Agredo Muñoz, hecho que les hizo retroceder. El grupo de agresores lanzó un objeto contra el primer vehículo y después dispararon armas de fuego contra la comitiva. El vehículo en el que viajaba Walter Agredo recibió impactos de bala.

El Observatorio rechaza contundentemente todas las agresiones arriba mencionadas y expresa su más alta preocupación por los obstáculos y ataques por parte de actores estatales y no estatales contra quienes monitorean las movilizaciones del Paro Nacional. El Observatorio recuerda que su trabajo es fundamental para garantizar la protección de manifestantes, así como su derecho a la protesta social, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública. De acuerdo con las cifras de la Campaña Defender la Libertad, al menos 67 personas defensoras de derechos humanos habrían sido agredidas hasta el 8 de mayo de 2021 en el marco de las movilizaciones.

El Observatorio reitera su preocupación por los patrones de criminalización y represión de la protesta social en Colombia, observados en el Paro Nacional de noviembre de 2019, y en las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y otras ciudades del país, así como por las negligencias de las autoridades colombianas en la aplicación de las medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2020 para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Por todo ello, el Observatorio exhorta a las autoridades colombianas a cesar la represión contra las y los manifestantes y adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de quienes defienden los derechos humanos y monitorean las protestas sociales en Colombia, así como para garantizar el derecho a la protesta y la integridad física y psicológica de las y los participantes en el Paro Nacional.

Finalmente, el Observatorio urge a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados.

Por favor, escriban a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i. Cesar toda forma de represión contra las personas que se manifiestan y tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del conjunto de personas defensoras de derechos humanos que monitorean las movilizaciones en el marco del Paro Nacional, así como la de las y los participantes en las protestas;

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas y ataques arriba mencionadas, para identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicar las sanciones penales y de otra naturaleza, previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de amenazas, agresiones y actos de hostigamiento y criminalización, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;

iv. Implementar de manera inmediata las medidas exigidas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en su fallo de septiembre de 2020 con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en Colombia, en particular el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

Direcciones:

• Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. E-mail: contacto@presidencia.gov.co Twiter: @infopresidencia
• Sr. Daniel Palacio Martinez, Ministro del Interior. E-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co. Twitter: @MinInterior
• Sr. Diego Andrés Molano Aponte, Ministro de Defensa Nacional. E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co
• Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la República de Colombia. E-mail: angelicasalcedo@presidencia.gov.co ; nancyatuesta@presidencia.gov.co
• Sr. Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación. Email: contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co Twiter: @FiscaliaCol
• Sra. Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Email: procurador@procuraduria.gov.co. Twitter: @PGN_COL
• Sr. Carlos Ernesto Camargo Assis, Defensor Nacional del Pueblo. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, defensoria@defensoria.org.co
• Sr. Daniel Andrés Palacios Martínez, Director de la Unidad Nacional de Protección. Email: director@unp.gov.co; correspondencia@unp.gov.co Twitter: @UNPColombia
• Sra. Alicia Arango Olmos, Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co
• Sra. Juliette de Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 11 de mayo de 2021

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org

• Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39

• Tel. FIDH: + 33 1 43 55 25 18

[1] La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas es una red de organizaciones de la sociedad civil colombiana que trabaja para denunciar detenciones arbitrarias, hostigamiento judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.