Colombia
04.04.05
Intervenciones urgentes
Colombia: Desapariciones y amenazas en contra de miembros de Justicia y Paz
ACCIÓN URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 005 / 0405 / OBS 021
Detención ilegal y presunta desaparición forzada / Amenaza de muerte
COLOMBIA
4 de abril de 2005
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha sido informado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la presunta detención ilegal y desaparición forzada de cinco integrantes de la Comisión Justicia y Paz y sobre nuevas graves amenazas recibidas por la misma.
De acuerdo con las informaciones, el 1 de abril de 2005, hacia las 13h50 de la tarde se recibió en la sede de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Bogotá una llamada telefónica en la que se informaba sobre la retención y/o desaparición de los defensores de derechos humanos, integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, Sres. Enrique Chimonja, teólogo y filósofo; Johana López, antropóloga; Edwin Mosquera, un bachiller que enseñaba a niños y jóvenes; Mónica Suárez, estudiante de Psicología en la Universidad a Distancia, y Fabio Ariza, estudiante de Física en la Universidad Nacional, quienes trabajan como acompañantes de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, en los sitios “Pueblo Nuevo”, “Bella Flor Remacho” y “Nueva Esperanza”, en los Departamentos del Chocó y Antioquia, reconocidos como zonas humanitarias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con las informaciones, el hecho ocurrió el 31 de marzo de 2005, hacia las 7h00 de la mañana, cuando varios hombres armados quienes se presentaron como miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incursionaron de manera simultánea en dos de las zonas humanitarias, las cuales están a una distancia de una hora de recorrido a pie o en una embarcación y procedieron a llevarse a los cinco defensores mencionados con rumbo desconocido, luego de manifestarles a los pobladores que se encontraban presentes: “que se los iban a llevar, que hicieran la denuncia y que, (a los retenidos) no les iba a pasar nada”.
De acuerdo con las informaciones, el 2 de abril de 2005, hacia las 9h30 de la mañana una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos, conformada por miembros del Proyecto Justicia y Vida, del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la Iglesia diocesana de Quibdó, y de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de los 5 defensores. Según las informaciones, tanto la Vicepresidencia de la República como la Defensoría del Pueblo, seccional Urabá fueron informadas sobre el trabajo que va a desarrollar ésta Comisión de Verificación.
De acuerdo con las informaciones, el Vicepresidente Sr. Francisco Santos, condenó la retención de los defensores y exigió que los liberaran y que cesaran los ataques contra los civiles, aprovechando la oportunidad para reiterar que "solo en los sitios donde se permite la presencia de la Fuerza Pública hay posibilidad de ofrecer garantías", ante lo cual el Sr. Danilo Rueda, coordinador nacional de los acompañamientos a las comunidades no violentas de Justicia y Paz, respondió que "No es cierto que no haya presencia del Estado en esa zona".
Según las informaciones, en efecto, la Brigada 17 del Ejército viene realizando un intenso operativo militar en la zona desde el pasado 26 de enero, en medio del cual se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Ya anteriormente integrantes de la dicha brigada han hecho graves señalamientos, en los que se acusó a las ONG que acompañan las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó de narcoterroristas. En este contexto, las amenazas contra Justicia y Paz se han acrecentado desde el año pasado, con posterioridad a los intentos de realizar una verificación de la siembra de palma aceitera en Territorios Colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó.
Anteriormente a la desaparición de los cinco integrantes de Justicia y Paz, el 29 de marzo de 2005, en horas de la mañana, llegó por correo postal una amenaza de muerte a Justicia y Paz, en la que se acusa falsamente a todos los integrantes de este organismo, de sectores de iglesias cristianas, «…de ser apoyo de narcoterroristas en la región…». Según las denuncias, en la carta se pueden leer amenazas directas contra el Sr. Danilo Rueda, designado como "defensor de narcoterroristas" a cuyo nombre se siguen las letras Q. E. P. D (letras que se escriben en las lápidas de las tumbas y que quieren decir: “que en paz descanse”), agregando que "todos los integrantes de Justicia y Pas (sic) quedan también advertidos", pues se va impedir que Justicia y Paz vuelva a someter a la región "al yugo opresor de la guerrilla terrorista".
Según las informaciones, ésta carta amenazante llegó 15 días después de la realización de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se reunió respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y a las familias de Curvaradó. Durante la audiencia del pasado 12 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz, presentó sustentadamente las coincidencias entre los desplazamientos forzosos de la comunidad, su sitiamiento, y las avanzadas militares, con la siembra extensiva de palma para extracción de aceite, los vínculos en las actuaciones de agentes estatales con paramilitares, la ausencia de investigaciones prontas y eficaces frente a los responsables de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han padecido las comunidades afrodescendientes.
El Observatorio condena estas nuevas graves violaciones de los derechos fundamentales de los defensores, que se añaden además a los varios montajes judiciales en contra de integrantes de la Comisión Justicia y Paz, incluyendo a los Sres. Daniel Rueda y Enrique Chimonja y a la Sra. Johana López (Ver Llamado Urgente COL 004 / 0903 / OBS 046); lo más reciente ha sido abierto el 11 de febrero de 2005.
El Observatorio reitera su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y recuerda a los actores armados del conflicto que actúan al margen de la ley su deber de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente respetando los derechos de la población civil.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas necesarias para localizar el paradero de los Sres. Enrique Chimonja, Johana López, Edwin Mosquera, Mónica Suárez y, Fabio Ariza y para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica;
ii. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de todos los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, particularmente de las zonas humanitarias de “Pueblo Nuevo”, “Bella Flor Remacho” y “Nueva Esperanza” y de todas las personas y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de la mencionada población;
iii. garantizar la realización de una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a la retención ilegal y a la presunta desaparición forzada de los Sres. Enrique Chimonja, Johana López, Edwin Mosquera, Mónica Suárez y, Fabio Ariza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. asegurar la aplicación de las medidas cautelares resueltas a favor de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desde el 2003, y expresar públicamente si las organizaciones humanitarias, incluyendo las de derechos humanos, tienen garantías para el acompañamiento a las comunidades en las regiones del Bajo Atrato y del Urabá Antioqueño;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar "la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art. 12.2) ;
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Favor dirigirse también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo buzón se encuentra en: http://www.farcep.org/ con el fin de urgirlas a:
i. poner fin a todo acto de violencia u hostigamiento contra los miembros de las Comunidades de Paz y particularmente de los defensores de sus derechos;
ii. respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Direcciones :
Ginebra-París, 4 de abril de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29 - E-mail: observatoire@iprolink.ch
COL 005 / 0405 / OBS 021
Detención ilegal y presunta desaparición forzada / Amenaza de muerte
COLOMBIA
4 de abril de 2005
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha sido informado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la presunta detención ilegal y desaparición forzada de cinco integrantes de la Comisión Justicia y Paz y sobre nuevas graves amenazas recibidas por la misma.
De acuerdo con las informaciones, el 1 de abril de 2005, hacia las 13h50 de la tarde se recibió en la sede de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Bogotá una llamada telefónica en la que se informaba sobre la retención y/o desaparición de los defensores de derechos humanos, integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, Sres. Enrique Chimonja, teólogo y filósofo; Johana López, antropóloga; Edwin Mosquera, un bachiller que enseñaba a niños y jóvenes; Mónica Suárez, estudiante de Psicología en la Universidad a Distancia, y Fabio Ariza, estudiante de Física en la Universidad Nacional, quienes trabajan como acompañantes de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, en los sitios “Pueblo Nuevo”, “Bella Flor Remacho” y “Nueva Esperanza”, en los Departamentos del Chocó y Antioquia, reconocidos como zonas humanitarias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con las informaciones, el hecho ocurrió el 31 de marzo de 2005, hacia las 7h00 de la mañana, cuando varios hombres armados quienes se presentaron como miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incursionaron de manera simultánea en dos de las zonas humanitarias, las cuales están a una distancia de una hora de recorrido a pie o en una embarcación y procedieron a llevarse a los cinco defensores mencionados con rumbo desconocido, luego de manifestarles a los pobladores que se encontraban presentes: “que se los iban a llevar, que hicieran la denuncia y que, (a los retenidos) no les iba a pasar nada”.
De acuerdo con las informaciones, el 2 de abril de 2005, hacia las 9h30 de la mañana una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos, conformada por miembros del Proyecto Justicia y Vida, del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la Iglesia diocesana de Quibdó, y de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de los 5 defensores. Según las informaciones, tanto la Vicepresidencia de la República como la Defensoría del Pueblo, seccional Urabá fueron informadas sobre el trabajo que va a desarrollar ésta Comisión de Verificación.
De acuerdo con las informaciones, el Vicepresidente Sr. Francisco Santos, condenó la retención de los defensores y exigió que los liberaran y que cesaran los ataques contra los civiles, aprovechando la oportunidad para reiterar que "solo en los sitios donde se permite la presencia de la Fuerza Pública hay posibilidad de ofrecer garantías", ante lo cual el Sr. Danilo Rueda, coordinador nacional de los acompañamientos a las comunidades no violentas de Justicia y Paz, respondió que "No es cierto que no haya presencia del Estado en esa zona".
Según las informaciones, en efecto, la Brigada 17 del Ejército viene realizando un intenso operativo militar en la zona desde el pasado 26 de enero, en medio del cual se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Ya anteriormente integrantes de la dicha brigada han hecho graves señalamientos, en los que se acusó a las ONG que acompañan las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó de narcoterroristas. En este contexto, las amenazas contra Justicia y Paz se han acrecentado desde el año pasado, con posterioridad a los intentos de realizar una verificación de la siembra de palma aceitera en Territorios Colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó.
Anteriormente a la desaparición de los cinco integrantes de Justicia y Paz, el 29 de marzo de 2005, en horas de la mañana, llegó por correo postal una amenaza de muerte a Justicia y Paz, en la que se acusa falsamente a todos los integrantes de este organismo, de sectores de iglesias cristianas, «…de ser apoyo de narcoterroristas en la región…». Según las denuncias, en la carta se pueden leer amenazas directas contra el Sr. Danilo Rueda, designado como "defensor de narcoterroristas" a cuyo nombre se siguen las letras Q. E. P. D (letras que se escriben en las lápidas de las tumbas y que quieren decir: “que en paz descanse”), agregando que "todos los integrantes de Justicia y Pas (sic) quedan también advertidos", pues se va impedir que Justicia y Paz vuelva a someter a la región "al yugo opresor de la guerrilla terrorista".
Según las informaciones, ésta carta amenazante llegó 15 días después de la realización de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se reunió respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y a las familias de Curvaradó. Durante la audiencia del pasado 12 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz, presentó sustentadamente las coincidencias entre los desplazamientos forzosos de la comunidad, su sitiamiento, y las avanzadas militares, con la siembra extensiva de palma para extracción de aceite, los vínculos en las actuaciones de agentes estatales con paramilitares, la ausencia de investigaciones prontas y eficaces frente a los responsables de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han padecido las comunidades afrodescendientes.
El Observatorio condena estas nuevas graves violaciones de los derechos fundamentales de los defensores, que se añaden además a los varios montajes judiciales en contra de integrantes de la Comisión Justicia y Paz, incluyendo a los Sres. Daniel Rueda y Enrique Chimonja y a la Sra. Johana López (Ver Llamado Urgente COL 004 / 0903 / OBS 046); lo más reciente ha sido abierto el 11 de febrero de 2005.
El Observatorio reitera su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y recuerda a los actores armados del conflicto que actúan al margen de la ley su deber de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente respetando los derechos de la población civil.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas necesarias para localizar el paradero de los Sres. Enrique Chimonja, Johana López, Edwin Mosquera, Mónica Suárez y, Fabio Ariza y para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica;
ii. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de todos los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, particularmente de las zonas humanitarias de “Pueblo Nuevo”, “Bella Flor Remacho” y “Nueva Esperanza” y de todas las personas y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de la mencionada población;
iii. garantizar la realización de una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a la retención ilegal y a la presunta desaparición forzada de los Sres. Enrique Chimonja, Johana López, Edwin Mosquera, Mónica Suárez y, Fabio Ariza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. asegurar la aplicación de las medidas cautelares resueltas a favor de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desde el 2003, y expresar públicamente si las organizaciones humanitarias, incluyendo las de derechos humanos, tienen garantías para el acompañamiento a las comunidades en las regiones del Bajo Atrato y del Urabá Antioqueño;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar "la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art. 12.2) ;
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Favor dirigirse también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo buzón se encuentra en: http://www.farcep.org/ con el fin de urgirlas a:
i. poner fin a todo acto de violencia u hostigamiento contra los miembros de las Comunidades de Paz y particularmente de los defensores de sus derechos;
ii. respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Direcciones :
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.: + 41.22.798.45.55. ; E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
- Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: (+57 1) 336.03.11 Fax : (+57 1) 337.46.67. E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación. E-mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
- Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-París, 4 de abril de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29 - E-mail: observatoire@iprolink.ch