Colombia
21.03.05
Intervenciones urgentes
Colombia: La OMCT rechaza medidas gubernamentales sobre militarización de las Comunidades de Paz.
COMUNICADO DE PRENSA
Colombia: la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con ocasión del octavo aniversario de la Creación de las Comunidades de Paz, manifiesta su rechazo frente a la actitud del gobierno colombiano hacia las mismas, en particular hacia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Ginebra, 21 de marzo de 2005 - El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre la presencia del Ejército y la Policía en las ocho Comunidades de Paz, ordenada por el gobierno colombiano luego de la masacre cometida, en la Comunidad de San José de Apartadó, en el Departamento de Antioquia, a mediados de febrero de 2005. De acuerdo con las declaraciones del Ministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, “No podrá haber comunidades de paz sin la presencia de la fuerza pública”. Asimismo, preocupan a la OMCT, las últimas declaraciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez, con respecto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dadas con ocasión de un Consejo de Seguridad que él presidió en Carepa (Antioquia), el 20 de marzo de 2005, en las cuales ordenó a la Policía de Urabá instalarse “de manera rápida” en la comunidad, según informó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Durante el consejo, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Brigada XVII, se discutió la situación de seguridad de la región de Urabá en especial la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en donde el pasado 21 de febrero fueron asesinadas ocho personas. Durante el mencionado Consejo de Seguridad, el Presidente Uribe Vélez afirmó que algunos de sus líderes son auxiliadores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), colocando a la comunidad como blanco directo de los grupos paramilitares.
La OMCT recuerda que las Comunidades de Paz surgieron en 1997 como una manifestación de la capacidad que tienen las propias comunidades de encontrar alternativas de paz separándose del conflicto. Dichas comunidades, se han organizado para la defensa pacífica de su independencia ante las amenazas de los actores armados del conflicto: la guerrilla, los paramilitares y el Ejército; además, se declaran neutrales frente al conflicto armado en Colombia y acuden a la defensa del derecho a la paz y a los preceptos del derecho internacional humanitario (DIH) para mantener a la población civil fuera del conflicto.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por la paz y de su decisión de desvincularse del conflicto, su vulnerabilidad permite que no sean del todo respetadas. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, creada el 23 de marzo de 1997. Durante el transcurso de ocho años de existencia, esta comunidad ha sido víctima de al menos 330 violaciones de los derechos humanos mediante los cuales se ha pretendido atacar este proceso pacífico, disminuyendo su capacidad de acción.
El Secretariado Internacional de la OMCT señala que, entre los crímenes cometidos contra la Comunidad de San José de Apartadó, se cuentan varias masacres, más de 130 homicidios, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, amenazas, desplazamientos forzados, saqueos y destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la zona, delitos que en su inmensa mayoría, hasta el día de hoy, permanecen en una total impunidad. En marzo de 2004, la Corte Constitucional de Colombia había pedido medidas de protección a favor de dicha comunidad como respuesta a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de este contexto, la OMCT fue informada de la masacre de 8 personas, cometida a mediados de febrero en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en medio de la cual fue asesinado el Sr. Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la comunidad y miembro de su Consejo Interno. Durante los hechos ocurridos en cercanías de la vereda “La Resbalosa” también fueron ejecutados, su hijo, Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, su actual compañera Bellanira Areiza Guzmán, de 17 años de edad, al igual que el Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, líder del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, junto con su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años de edad y, Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años de edad, y el campesino Alejandro Pérez .
El Secretariado Internacional de la OMCT desea resaltar la crueldad de los métodos utilizados para cometer la mencionada masacre, talvez con el fin de causar un terror extremo entre los pobladores. En efecto, fueron campesinos de la Vereda quienes encontraron, en la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, huellas de sangre y una especie de fosa común, en la que removieron un poco la tierra hasta encontrar un cuerpo mutilado que, al parecer, correspondía al niño Deiner Andrés Guerra, acto seguido, decidieron informar sobre lo sucedido al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, ubicado en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó. Una comisión judicial, integrada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación también se trasladó a la zona, en helicóptero. Dicha comisión judicial realizó la exhumación de la fosa común, encontrada en la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano. Allí, se encontraron los cadáveres de tres adultos despedazados y de dos niños de seis y dos años. Más tarde fueron encontrados otros tres cadáveres (correspondientes a dos adultos y un niño de once años) en las cercanías de la vereda La Resbalosa, los cuales fueron reconocidos por miembros de la comunidad como el de Luis Eduardo Guerra Guerra, con visibles muestras de tortura, y los de los miembros de su familia.
El Secretariado Internacional de la OMCT condena dichos asesinatos y actos de extrema tortura y vuelve a manifestar su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las organizaciones colombianas e internacionales que apoyan a la misma.
La OMCT aprovecha la oportunidad para solicitar tanto a las máximas autoridades gubernamentales, como a las autoridades militares y de policía y también a los gremios económicos del Urabá que respeten y apoyen a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, reconociendo su legalidad y su legitimidad, el ejercicio legítimo de autodeterminación amparado por los artículos 18 y 22 de la Constitución Política de Colombia, en los Principios rectores del desplazamiento y en el derecho internacional humanitario.
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar que es necesario tener en cuenta que la situación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia es muy grave, y que las violaciones de estos derechos en su gran mayoría permanecen en la impunidad, por lo que comparte la apreciación de que Colombia necesita una justicia soberana, independiente, fuerte, fundada en la dignidad y el respeto de los derechos humanos.
Contacto OMCT, Teléfono: + 41.22.809.49.39
Colombia: la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con ocasión del octavo aniversario de la Creación de las Comunidades de Paz, manifiesta su rechazo frente a la actitud del gobierno colombiano hacia las mismas, en particular hacia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Ginebra, 21 de marzo de 2005 - El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre la presencia del Ejército y la Policía en las ocho Comunidades de Paz, ordenada por el gobierno colombiano luego de la masacre cometida, en la Comunidad de San José de Apartadó, en el Departamento de Antioquia, a mediados de febrero de 2005. De acuerdo con las declaraciones del Ministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, “No podrá haber comunidades de paz sin la presencia de la fuerza pública”. Asimismo, preocupan a la OMCT, las últimas declaraciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez, con respecto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dadas con ocasión de un Consejo de Seguridad que él presidió en Carepa (Antioquia), el 20 de marzo de 2005, en las cuales ordenó a la Policía de Urabá instalarse “de manera rápida” en la comunidad, según informó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Durante el consejo, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Brigada XVII, se discutió la situación de seguridad de la región de Urabá en especial la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en donde el pasado 21 de febrero fueron asesinadas ocho personas. Durante el mencionado Consejo de Seguridad, el Presidente Uribe Vélez afirmó que algunos de sus líderes son auxiliadores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), colocando a la comunidad como blanco directo de los grupos paramilitares.
La OMCT recuerda que las Comunidades de Paz surgieron en 1997 como una manifestación de la capacidad que tienen las propias comunidades de encontrar alternativas de paz separándose del conflicto. Dichas comunidades, se han organizado para la defensa pacífica de su independencia ante las amenazas de los actores armados del conflicto: la guerrilla, los paramilitares y el Ejército; además, se declaran neutrales frente al conflicto armado en Colombia y acuden a la defensa del derecho a la paz y a los preceptos del derecho internacional humanitario (DIH) para mantener a la población civil fuera del conflicto.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por la paz y de su decisión de desvincularse del conflicto, su vulnerabilidad permite que no sean del todo respetadas. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, creada el 23 de marzo de 1997. Durante el transcurso de ocho años de existencia, esta comunidad ha sido víctima de al menos 330 violaciones de los derechos humanos mediante los cuales se ha pretendido atacar este proceso pacífico, disminuyendo su capacidad de acción.
El Secretariado Internacional de la OMCT señala que, entre los crímenes cometidos contra la Comunidad de San José de Apartadó, se cuentan varias masacres, más de 130 homicidios, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, amenazas, desplazamientos forzados, saqueos y destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la zona, delitos que en su inmensa mayoría, hasta el día de hoy, permanecen en una total impunidad. En marzo de 2004, la Corte Constitucional de Colombia había pedido medidas de protección a favor de dicha comunidad como respuesta a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de este contexto, la OMCT fue informada de la masacre de 8 personas, cometida a mediados de febrero en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en medio de la cual fue asesinado el Sr. Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la comunidad y miembro de su Consejo Interno. Durante los hechos ocurridos en cercanías de la vereda “La Resbalosa” también fueron ejecutados, su hijo, Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, su actual compañera Bellanira Areiza Guzmán, de 17 años de edad, al igual que el Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, líder del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, junto con su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años de edad y, Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años de edad, y el campesino Alejandro Pérez .
El Secretariado Internacional de la OMCT desea resaltar la crueldad de los métodos utilizados para cometer la mencionada masacre, talvez con el fin de causar un terror extremo entre los pobladores. En efecto, fueron campesinos de la Vereda quienes encontraron, en la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, huellas de sangre y una especie de fosa común, en la que removieron un poco la tierra hasta encontrar un cuerpo mutilado que, al parecer, correspondía al niño Deiner Andrés Guerra, acto seguido, decidieron informar sobre lo sucedido al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, ubicado en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó. Una comisión judicial, integrada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación también se trasladó a la zona, en helicóptero. Dicha comisión judicial realizó la exhumación de la fosa común, encontrada en la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano. Allí, se encontraron los cadáveres de tres adultos despedazados y de dos niños de seis y dos años. Más tarde fueron encontrados otros tres cadáveres (correspondientes a dos adultos y un niño de once años) en las cercanías de la vereda La Resbalosa, los cuales fueron reconocidos por miembros de la comunidad como el de Luis Eduardo Guerra Guerra, con visibles muestras de tortura, y los de los miembros de su familia.
El Secretariado Internacional de la OMCT condena dichos asesinatos y actos de extrema tortura y vuelve a manifestar su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las organizaciones colombianas e internacionales que apoyan a la misma.
La OMCT aprovecha la oportunidad para solicitar tanto a las máximas autoridades gubernamentales, como a las autoridades militares y de policía y también a los gremios económicos del Urabá que respeten y apoyen a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, reconociendo su legalidad y su legitimidad, el ejercicio legítimo de autodeterminación amparado por los artículos 18 y 22 de la Constitución Política de Colombia, en los Principios rectores del desplazamiento y en el derecho internacional humanitario.
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar que es necesario tener en cuenta que la situación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia es muy grave, y que las violaciones de estos derechos en su gran mayoría permanecen en la impunidad, por lo que comparte la apreciación de que Colombia necesita una justicia soberana, independiente, fuerte, fundada en la dignidad y el respeto de los derechos humanos.
Contacto OMCT, Teléfono: + 41.22.809.49.39