Colombia: Pronunciamiento conjunto: Continúan los asesinatos de defensores ambientales en ausencia de políticas para su protección. Urge la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país
RONUNCIAMIENTO CONJUNTO - EL OBSERVATORIO / CCJ
Ginebra-París, 10 de diciembre de 2020 – Javier Francisco Parra Cubillos fue asesinado por su defensa de la biodiversidad de la Sierra de La Macarena, Meta. Es inaceptable que, mientras tanto, en el Congreso colombiano se mantenga paralizado el primer tratado en el mundo que ofrece protección específica a quienes defienden el medio ambiente, denunciaron el Observatorio (OMCT-FIDH) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
El 3 de diciembre de 2020, el Sr. Javier Francisco Parra Cubillos fue asesinado con arma de fuego por dos personas motorizadas, mientras se dirigía a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena (Cormacarena), ubicado en Villavicencio, departamento del Meta.
El Sr. Parra Cubillos era defensor del medioambiente y coordinador regional de Cormacarena, ente desde donde trabajaba desde hace 20 años en la protección y conservación de la biodiversidad y la riqueza de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, departamento del Meta. Además, el Sr. Parra Cubillos lideraba procesos contra la deforestación en la región sur del Meta, donde persiste la presencia tanto de estructuras paramilitares como de grupos disidentes de las FARC-EP, en disputa por el control del territorio.
El Observatorio y la CCJ condenan vehementemente el asesinato del Sr. Parra Cubillos y muestran profunda preocupación por la situación de inseguridad y hostigamiento que viven las personas defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente en Colombia.
En este sentido, ambas organizaciones denuncian que, con una cifra de al menos 64 personas defensoras del medioambiente asesinadas en 2019, se mantenga paralizado en el Congreso colombiano el proceso de ratificación del primer tratado internacional en materia de protección ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción, protección y reconocimiento de quienes defienden el medioambiente, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”. El aplazamiento en dos ocasiones del debate previo a la ratificación, así como la concepción del tratado como “anti-desarrollista” por algunos sectores políticos y económicos del país, no hacen más que ahondar la situación de inseguridad de líderes y defensores de la tierra, del territorio y del medio ambiente y perpetuar los conflictos socio-ambientales que vive Colombia.
Por todo lo anterior, el Observatorio y la CCJ urgen a las autoridades colombianas a investigar de manera inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial el asesinato del Sr. Javier Francisco Parra Cubillos y a poner fin a todo tipo de ataques, amenazas y hostigamiento contra quienes defienden el medioambiente en Colombia. Asimismo, ambas organizaciones instan al Congreso colombiano a ratificar de manera inmediata el Acuerdo de Escazú, y a las autoridades competentes a desarrollar mecanismos y protocolos adecuados para reconocer, proteger y promover los derechos de quienes defienden el medioambiente, conforme con el artículo 9 del Acuerdo.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) es una organización pluralista, aconfesional y no vinculada a partidos políticos fundada en 1988. Busca por medios jurídicos el pleno respeto en Colombia de los derechos humanos, así como del derecho humanitario, y reconoce el carácter universal, indivisible e interdependiente de estos derechos. La CCJ es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.