Colombia
16.11.04
Intervenciones urgentes
Colombia: Graves violaciones de derechos humanos contra pobladores del Sur de Bolívar.
Caso COL 161104
Malos tratos/ desapariciones forzadas/ hostigamiento
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT se encuentra seriamente preocupado por las graves violaciones de los derechos humanos infligidas contra los pobladores de varios municipios y veredas del Sur del departamento de Bolívar. Entre los últimos hechos se encuentra el ataque de que fue víctima el profesor, colaborador de la parroquia y aspirante al Seminario como religioso Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, ocurrido en la zona rural del municipio de Tiquisio.
De acuerdo con las informaciones de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", organización miembro de la red de la OMCT, el 30 de octubre del presente año, el Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, maestro de profesión en la vereda “Yolombó” del corregimiento de Tiquisio, en el municipio del mismo nombre, y quien ocasionalmente trabaja transportando personas en una moto, fue abordado en Tiquisio por un soldado de apellido Campo, adscrito al Batallón Nariño del Ejército Nacional, cuya sede está localizada en El Banco (Magdalena), quien le solicito que lo condujera a un lugar cercano. Según las informaciones, cuando llegaron al sitio conocido como “Puente El Manga” en el Corregimiento “Nuevo El Coco” el mencionado soldado hizo detener la moto y procedió a atacar al Sr. Ursola Urrutia propinándole tres heridas de consideración: Una a la altura del hombro, la otra en el cuello y la tercera en la cabeza, para inmediatamente salir huyendo en la misma moto en que había sido transportado por la víctima.
De acuerdo con las informaciones, luego que el agredido sobreviviera al atentado, se interpuso una denuncia penal por los hechos sucedidos en la Fiscalía seccional de Magangué. Sin embargo, según las informaciones, hasta el momento, no se ha desplegado ningún mecanismo de protección para salvaguardar la vida y la integridad física y psicológica del Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, quien, por obvias razones, se siente amenazado y teme por su seguridad.
Antecedentes de la situación:
De acuerdo con las informaciones, este hecho se suma a la grave situación de violación de Derechos Humanos de que vienen siendo víctima los pobladores de Tiquisio, en el sur de Bolívar, entre la cual se destaca particularmente la desaparición forzada y presunto posterior asesinato de los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba, Nolberto Campusano Zuleta y la desaparición del menor Osnaider Solano Zuleta, de 13 años de edad, ocurrida en el corregimiento “El Coco” a finales del mes de enero del presente año. Según las informaciones ha habido alegaciones en el sentido que por estos hechos se responsabiliza a miembros del mismo batallón adonde se encuentra adscrito el soldado de apellido Campo, quien fue el agresor del Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia.
De acuerdo con las denuncias, el 28 de enero de 2004, militares miembros del Batallón Nariño, adscritos a la Brigada 4 del Ejército Nacional, detuvieron arbitrariamente a los cuatro campesinos arriba mencionados. Según las informaciones, el día 30 de enero de 2004, ante la no aparición de estas personas, varios miembros de sus familias se dirigieron al corregimiento “El Coco”, municipio de Tiquisio, donde se encuentra ubicada una base militar perteneciente al mencionado Batallón, en donde después de varias horas de espera pudieron hablar con un Capitán de apellido Espitia quien se negó a dar alguna razón acerca de los detenidos. Luego, el 31 de enero, los familiares de los detenidos insistieron ante el mismo Capitán Espitia, quien les dijo que “los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba y Nolberto Campusano Zuleta, eran guerrilleros, que habían sido dados de baja por la tropa y que en dos o tres días les entregarían los cadáveres”. Según las informaciones este mismo Capitán del Ejército no dio ningún tipo de información sobre el menor Osnaider Solano.
Posteriormente, en un nuevo contacto, entre los familiares de los presuntamente asesinados y del niño desaparecido con el capitán Espitia, este les dijo “que las tres personas muertas, habían sido señaladas por un supuesto informante en el sentido que eran miembros de la guerrilla, que por esa razón fueron ejecutados y que los cadáveres habían sido llevados al municipio de El Banco (Magdalena)”. Según algunas informaciones, al parecer algunos soldados aseguraron que las víctimas fueron asesinadas el 28 de enero en la misma zona en donde fueron retenidos.
De acuerdo con las informaciones, los familiares de los presuntamente asesinados se dirigieron a El Banco, a la base militar del Batallón Nariño allí ubicada en donde fueron atendidos inicialmente por una persona que se identificó como el Sargento Martín y posteriormente por otra persona que dijo ser un Fiscal y quien maltrató de palabra a los familiares y les advirtió en tono amenazante acerca de que no fueran a hacer denuncias por lo ocurrido. Finalmente otras tres personas que dijeron ser oficiales del Ejército les mostraron de lejos las supuestas fotos de los cadáveres de las tres personas asesinadas y les dijeron que para entregarles los cuerpos debían llevar los registros civiles de las víctimas y de ellos como familiares. De acuerdo con las informaciones, a pesar de que los familiares de las víctimas cumplieron con ese requisito, los militares se negaron a entregarles los cadáveres alegando que faltaban unas gestiones de medicina legal que debían hacer desde Santa Marta. No se conocen mayores informaciones sobre los cadáveres de las víctimas.
Según las informaciones, posteriormente, durante el mes de julio el sacerdote Joakín Mayorga Fonseca, Director de la Pastoral Social y Delegado de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Magangué, (Bolívar), fue denunciado penalmente por miembros del Batallón Nariño del Ejército Colombiano y fue llamado a rendir indagatoria ante la Fiscalía 23 seccional de Magangué por los presuntos delitos de injuria y de calumnia, a raíz de la denuncia que él puso en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de las organizaciones de derechos humanos, a nombre de las comunidades campesinas de los municipios de Montecristo y Tiquisio, con el objeto de pedir apoyo para que se pudiera esclarecer la desaparición y presunto asesinato de los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba, Nolberto Campusano Zuleta, a quienes los miembros del ejército pretenden hacer pasar por guerrilleros, y la desaparición del menor Osnaider Solano Zuleta, de 13 años.
Además, el nombre del Padre Joakín Mayorga Fonseca apareció dentro de una carta que circuló en el corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales (Bolívar), en la que se señala al proceso social de Micoahumado como un proceso que respalda a la guerrilla, y en donde lo amenazaban conminándolo a él y a otros acompañantes de la mencionada Comunidad, a abandonar la región o de lo contrario se tendrían que atener a las consecuencias.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de estos nuevos hechos de extrema violencia, la persecución contra la población civil, la aparente impunidad de los autores y la omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, gubernamentales y nacionales para prevenir estos hechos y, recuerda además que la tortura se encuentra tipificada como delito susceptible de sanción penal por el Estado colombiano.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a:
Direcciones :
Ginebra, 16 de noviembre de 2004 -
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
Malos tratos/ desapariciones forzadas/ hostigamiento
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT se encuentra seriamente preocupado por las graves violaciones de los derechos humanos infligidas contra los pobladores de varios municipios y veredas del Sur del departamento de Bolívar. Entre los últimos hechos se encuentra el ataque de que fue víctima el profesor, colaborador de la parroquia y aspirante al Seminario como religioso Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, ocurrido en la zona rural del municipio de Tiquisio.
De acuerdo con las informaciones de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", organización miembro de la red de la OMCT, el 30 de octubre del presente año, el Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, maestro de profesión en la vereda “Yolombó” del corregimiento de Tiquisio, en el municipio del mismo nombre, y quien ocasionalmente trabaja transportando personas en una moto, fue abordado en Tiquisio por un soldado de apellido Campo, adscrito al Batallón Nariño del Ejército Nacional, cuya sede está localizada en El Banco (Magdalena), quien le solicito que lo condujera a un lugar cercano. Según las informaciones, cuando llegaron al sitio conocido como “Puente El Manga” en el Corregimiento “Nuevo El Coco” el mencionado soldado hizo detener la moto y procedió a atacar al Sr. Ursola Urrutia propinándole tres heridas de consideración: Una a la altura del hombro, la otra en el cuello y la tercera en la cabeza, para inmediatamente salir huyendo en la misma moto en que había sido transportado por la víctima.
De acuerdo con las informaciones, luego que el agredido sobreviviera al atentado, se interpuso una denuncia penal por los hechos sucedidos en la Fiscalía seccional de Magangué. Sin embargo, según las informaciones, hasta el momento, no se ha desplegado ningún mecanismo de protección para salvaguardar la vida y la integridad física y psicológica del Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, quien, por obvias razones, se siente amenazado y teme por su seguridad.
Antecedentes de la situación:
De acuerdo con las informaciones, este hecho se suma a la grave situación de violación de Derechos Humanos de que vienen siendo víctima los pobladores de Tiquisio, en el sur de Bolívar, entre la cual se destaca particularmente la desaparición forzada y presunto posterior asesinato de los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba, Nolberto Campusano Zuleta y la desaparición del menor Osnaider Solano Zuleta, de 13 años de edad, ocurrida en el corregimiento “El Coco” a finales del mes de enero del presente año. Según las informaciones ha habido alegaciones en el sentido que por estos hechos se responsabiliza a miembros del mismo batallón adonde se encuentra adscrito el soldado de apellido Campo, quien fue el agresor del Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia.
De acuerdo con las denuncias, el 28 de enero de 2004, militares miembros del Batallón Nariño, adscritos a la Brigada 4 del Ejército Nacional, detuvieron arbitrariamente a los cuatro campesinos arriba mencionados. Según las informaciones, el día 30 de enero de 2004, ante la no aparición de estas personas, varios miembros de sus familias se dirigieron al corregimiento “El Coco”, municipio de Tiquisio, donde se encuentra ubicada una base militar perteneciente al mencionado Batallón, en donde después de varias horas de espera pudieron hablar con un Capitán de apellido Espitia quien se negó a dar alguna razón acerca de los detenidos. Luego, el 31 de enero, los familiares de los detenidos insistieron ante el mismo Capitán Espitia, quien les dijo que “los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba y Nolberto Campusano Zuleta, eran guerrilleros, que habían sido dados de baja por la tropa y que en dos o tres días les entregarían los cadáveres”. Según las informaciones este mismo Capitán del Ejército no dio ningún tipo de información sobre el menor Osnaider Solano.
Posteriormente, en un nuevo contacto, entre los familiares de los presuntamente asesinados y del niño desaparecido con el capitán Espitia, este les dijo “que las tres personas muertas, habían sido señaladas por un supuesto informante en el sentido que eran miembros de la guerrilla, que por esa razón fueron ejecutados y que los cadáveres habían sido llevados al municipio de El Banco (Magdalena)”. Según algunas informaciones, al parecer algunos soldados aseguraron que las víctimas fueron asesinadas el 28 de enero en la misma zona en donde fueron retenidos.
De acuerdo con las informaciones, los familiares de los presuntamente asesinados se dirigieron a El Banco, a la base militar del Batallón Nariño allí ubicada en donde fueron atendidos inicialmente por una persona que se identificó como el Sargento Martín y posteriormente por otra persona que dijo ser un Fiscal y quien maltrató de palabra a los familiares y les advirtió en tono amenazante acerca de que no fueran a hacer denuncias por lo ocurrido. Finalmente otras tres personas que dijeron ser oficiales del Ejército les mostraron de lejos las supuestas fotos de los cadáveres de las tres personas asesinadas y les dijeron que para entregarles los cuerpos debían llevar los registros civiles de las víctimas y de ellos como familiares. De acuerdo con las informaciones, a pesar de que los familiares de las víctimas cumplieron con ese requisito, los militares se negaron a entregarles los cadáveres alegando que faltaban unas gestiones de medicina legal que debían hacer desde Santa Marta. No se conocen mayores informaciones sobre los cadáveres de las víctimas.
Según las informaciones, posteriormente, durante el mes de julio el sacerdote Joakín Mayorga Fonseca, Director de la Pastoral Social y Delegado de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Magangué, (Bolívar), fue denunciado penalmente por miembros del Batallón Nariño del Ejército Colombiano y fue llamado a rendir indagatoria ante la Fiscalía 23 seccional de Magangué por los presuntos delitos de injuria y de calumnia, a raíz de la denuncia que él puso en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de las organizaciones de derechos humanos, a nombre de las comunidades campesinas de los municipios de Montecristo y Tiquisio, con el objeto de pedir apoyo para que se pudiera esclarecer la desaparición y presunto asesinato de los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba, Nolberto Campusano Zuleta, a quienes los miembros del ejército pretenden hacer pasar por guerrilleros, y la desaparición del menor Osnaider Solano Zuleta, de 13 años.
Además, el nombre del Padre Joakín Mayorga Fonseca apareció dentro de una carta que circuló en el corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales (Bolívar), en la que se señala al proceso social de Micoahumado como un proceso que respalda a la guerrilla, y en donde lo amenazaban conminándolo a él y a otros acompañantes de la mencionada Comunidad, a abandonar la región o de lo contrario se tendrían que atener a las consecuencias.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de estos nuevos hechos de extrema violencia, la persecución contra la población civil, la aparente impunidad de los autores y la omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, gubernamentales y nacionales para prevenir estos hechos y, recuerda además que la tortura se encuentra tipificada como delito susceptible de sanción penal por el Estado colombiano.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a:
- tomar inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los habitantes de las zonas rurales de los municipios del Sur de Bolívar, en particular del Sr. Pedro Antonio Ursola Urrutia, y de los familiares de los Sres. Jiovanny Vega Atencio, Jairo Villalba, Nolberto Campusano Zuleta y del menor Osnaider Solano Zuleta;
- llevar a cabo una investigación completa, independiente e imparcial en torno a las graves violaciones de los derechos humanos arriba mencionadas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
- dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones :
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa Fé de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: Email:fsantos@presidencia.gov.co
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : +41.22.791.07.87; TEL.: + 41.22.798.45.55. E-mail mission.colombia@ties.itu.int
- Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co;infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fé de Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co;anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail :cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos.
E-mail :fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-54 TEL. : +57.1.336.03.11 FAX : +57.1.337.46.67 - Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa Fé de Bogotá. Fax: +57.1.570 20 00;contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fé de Bogotá. Fax: +57.1. 640 04 91 E-mail:secretaria_privada@hotmail.com
- Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 16 de noviembre de 2004 -
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.